Desde la Constitución de 1991 los municipios y departamentos han esperado por una verdadera descentralización, pues desde el artículo 1 de la Carta Política se señala este postulado, sin embargo, a lo largo de los años las entidades territoriales solo han tenido mayores obligaciones, pero sin la entrega de suficientes recursos, por el contrario, día a día disminuyen.
No se debe perder de vista que el resultado contrario a la intención del Constituyente de 1991, ha sido una mayor centralización, y se han quitado recursos a los territorios bajo la premisa de evitar la corrupción en las regiones y que el Gobierno Central es mejor ejecutor de los recursos, pero dejan a un lado escándalos nacionales como el de Reficar, Odebrecht, el Fondo de Infraestructura Escolar, etc.
En Colombia existen 1103 municipios y 32 departamentos, los cuales viven principalmente de las transferencias que les gira el Gobierno Central para su subsistencia. Es así como en un 95% de los casos de los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6 y casi todos los departamentos viven principalmente del Sistema General de Participaciones (SGP).
En este orden de ideas, lo que preocupa es que en la última década los recursos del SGP, que son un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, conforme indica el artículo 357 de la Constitución Política, han ido disminuyendo de manera grave, pasando de 40.5% en el año 2003, a 33,2% en el año 2010 y a menos de 28% en las últimas vigencias fiscales. Ahora bien, ¿cuánto más disminuirán con el coronavirus?
Lo anterior significa que, con el paso de los años los municipios y departamentos deberán atender con un 25% a 30% menos de recursos, igual o más obligaciones lo cual hace muy difícil que puedan cumplir de manera efectiva con las responsabilidades que les han endilgado.
Es así como los recursos territoriales para educación, salud y saneamiento básico en las regiones han disminuido de manera significativa, situación que no ha querido ser corregida y se ha visto “hundirse” en el Congreso múltiples proyectos de ley y de Acto Legislativo que buscarían garantizarle un mínimo de recursos a las regiones.
Si la situación con el Covid 19 es grave para la Nación, para las regiones será devastador, los ingresos propios que reciben, serán casi nulos y los recursos que gira la Nación volverán a disminuir, pero el problema de salud se vive y se queda en los territorios de Colombia, no en las oficinas y salones de la Casa de Nariño.
En esta pandemia no se han entregado recursos a las regiones, por el contrario, se tomaron 3 billones de pesos del Fonpet, al cual le adeudan ahora más de 10 billones de pesos, bajo la promesa que se los regresarán en los próximos años, pero todos sabemos que no es cierto, porque más allá de la ausencia de voluntad política, hay una imposibilidad económica.
Por otro lado, no se debe perder de vista que estos recursos no solo, no se usaron para fortalecer los sistemas de salud en los territorios, sino que se emplearon para dar mayor liquidez al sistema financiero e invertirlo de manera directa en algunas empresas sin ningún límite de control o restricción.
El Gobierno expidió Decretos como el 461 y 512 que lo único que hacían era permitir reorientar los pocos recursos que tienen las entidades territoriales para enfrentar la crisis, pero no se les dio un centavo adicional.
Los Decretos 581 y 559 permitían usar los recursos del SGP para garantizar deudas de las empresas de servicios públicos domiciliarios, les creaban más obligaciones, pero no les daban más recursos.
Hoy en día las entidades territoriales enfrentan un problema fiscal gravísimo por esa falta de apoyo del gobierno, quien por excelencia quita recursos, pero asigna más y más obligaciones, y se recuerda a manera de premonición, los pocos recursos con los que cuentan los municipios.
Por eso las entidades territoriales han tenido que velar por sí mismas, porque el Estado ayuda a los grandes, pero no a quien lo necesita, por el contrario, pareciera endosar los fracasos de la Nación a las autoridades locales, pero están muy equivocados, acá el debate es ver que ha hecho el Gobierno Nacional por las entidades territoriales, y la respuesta es que no ha hecho nada.
Ahora, los municipios y departamentos no van a tener recursos con que pagar a nomina, servicios públicos o en general gastos de funcionamiento, no pueden endeudarse ni tienen mayores opciones de obtener mayores ingresos, literalmente dentro de muy poco muchos territorios del país podrán estar económicamente quebrados.
Lastimosamente estamos en manos del Gobierno Nacional, si este no asume obligaciones que tienen las entidades territoriales o las dota de mayores recursos, la catástrofe no tardará en llegar, y puede ver sin temor a equivocarse que los esfuerzos que se han hecho en este sentido son inútiles.
