Cómo cambian los tiempos y cuando nos damos cuenta, nos causa nostalgia y añoranza el ayer, consolándose con un pasado mejor.
Los anuncios de minerías en hidrocarburos y metales, antes generaban euforia y esperanza, por un mejor vivir, ahora causa repudio. Las explotaciones se convertían en espejismo del desarrollo y progreso, soñando con desafortunada generadora de beneficios, en contradicciones, más de las veces con la realidad ignorada, inadmitida y rechazada. No se preveían los daños ambientales, por efectos de las contaminaciones, originadas por las exploraciones y explotaciones, en aire, tierra y agua. El furor por la minería era palpable, por la supuesta utilidad y beneficios económicos, de cuentas alegres, aludidas por ilusos facistores, egocentristas que esparcieron como globos en las alturas.
En los Santanderes y Llanos Orientales, se iniciaron las primeras explotaciones de hidrocarburos, a través de las concesiones adjudicadas a las privilegiadas familias Barcos y De Mares, quienes lograron denunciar la existencia de petróleo, en los primeros años de 1900, procurando el reconocimientos de derechos, en la constitución de los títulos mineros, negociables con terceros por disposición legal.
El carbón, segundo producto después del petróleo, que exporta la nación, tiene las mayores explotaciones en los departamentos vecinos de La Guajira y el César; produciendo unas 70 mil toneladas anuales, equivalentes al 85% de las exportaciones de relevancia nacional.
Desde hace por lo menos cien años, se viene ejerciendo la minería industrial en Colombia y vayan a ver, cuál ha sido el municipio minero, que haya progresado en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Casanare, Meta, Putumayo, Huila, César, La Guajira y Córdoba, entre otros. De aquí se puede deducir los efectos compensativos que han originado las explotaciones de minerales e hidrocarburos.
Las explotaciones mineras, a los únicos que favorece, son a los operadores propietario, que las exprimen sin ningún control, liquidando regalías, a su antojos con la ley del “embudo”, deduciendo altos costos de producción y transportes, compensando regalías por impuestos, cuando ambos, son compatibles y deberían liquidarse, de manera independiente, por cada uno de los servicios, que se graven por disposición legislativa de manera general.
Desde hace 40 años comenzaron a reconocer regalías a los municipios y departamentos productores, las cuales no fueron bien manejadas por alcaldes y gobernadores, que se la feriaban como propiedad privada, despilfarrándola a sus anchas, sin autoridades que las controlaran para el buen uso, castigo severo a los responsables.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con las mayorías de los parlamentarios del Congreso, les arrebataron las regalías a los municipios y departamentos, sin prever las consecuencias, de los compromisos sociales constituido, para el solvento de necesidades apremiantes. El gobierno se apropió de las regalías, dejando guindado proyectos y programas, amparados en ella, justificando corrupción, transformándolas en “mermeladas” para repartirlas a los senadores y representantes de la Cámara, fuertemente cuestionados, por hechos y actos de corrupción, reviviendo los nefastos auxilios parlamentarios, que contradicen las fundamentaciones del gobierno, para robarse las regalías que por legítimo derecho, les corresponden a las territorialidades locales y regionales.
La reacción popular de los municipios mineros no explotados es la de negar y oponerse mediante consultas democráticas a las explotaciones mineras, porque en vez de generar beneficio generan más bien daños ambientales, irreversibles. Extinguen las fuentes hídricas, destruyen el ecosistema, la biodiversidad y contaminan; los seres vivientes. Cinco municipios en línea en menos de tres (3) meses, le dicen NO, a las explotaciones mineras: Cajamarca, Cabrera, Cumaral, Pijao y Arbeláez, gozando del respaldo y apoyo, de otros municipios nacionales. Los distritos capitales de las cinco principales ciudades de Colombia son ahora grandes beneficiarios de las minerías, sin tener explotaciones, ni mucho menos contaminaciones, que les causen los daños, como ocurren en los territorios mineros, que se encuentran abandonados y sumidos en la pobreza y miseria absoluta.
Las consultas previas en las explotaciones han resultado negativas para las mineras como consecuencia de los daños que esta causa, más cuando no hay compensaciones de beneficio directo, aún cuando se alegue por parte del gobierno que el dueño del subsuelo es la nación.
