Los habitantes del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, sienten temor hasta para hablar con la prensa bajo reserva de la fuente, pero lo hacen porque ya se encuentran literalmente cansados de soportar los impuestos de guerra tan altos que imponen los Caparros y el Clan del Golfo, así como de los continuos homicidios por la disputa territorial para hacerse con el negocio.
Los comerciantes se están yendo y los que se quedaron a afrontar la situación se están quebrando, porque el financiero de los Caparros alias “Felipe”, está cobrando desde tres millones de pesos hasta vacunas de 20, 50, 100, 400 y 600 millones de pesos a los locales comerciales.
“Una súplica a los grupos armados los Caparros y al Clan del Golfo, por favor hagan la paz. Los taraceños nos estamos muriendo de hambre de tanta guerra, no tenemos surtido en nuestros negocios, la gente se está desplazando del municipio. Ya son dos años de sufrimiento seguido, dejen descansar al pueblo”, el panfleto que ha circulado por redes sociales en esta subregión del Bajo Cauca.
El conflicto se debe a que este sigue siendo un corredor estratégico para transportar la droga, por eso los Caparros quieren coger la ruta del corregimiento de Barroblanco, el Doce y Puerto Valdivia, lugares donde está operando el Clan del Golfo.
“Es tanto así, que las personas de Tarazá no pueden ir al corregimiento Puerto Antioquia ni al Doce a visitar a sus familias, porque cuando llegan al pueblo los asesinan, como le pasó a un taxista el 24 de febrero del 2020 luego de hacerle la visita a su madre” como lo aseguró una fuente.
Ante tanto conflicto, incluso donde los homicidios ocurren en la misma cuadra del comando de Policía, las personas han alertado a las autoridades, pero aseguran no tener ninguna respuesta efectiva por parte de la institucionalidad. Punto álgido donde además opera el ELN y las disidencias de las FARC.
