Durante la semana del 8 al 13 de septiembre conmemoramos la 33a edición de la Semana por la Paz; una iniciativa de movilización ciudadana liderada por diversas organizaciones de la sociedad civil, la iglesia y la academia que han venido apostándole a reconocer el valor de las acciones cotidianas de reconciliación y paz de miles de personas y decenas de organizaciones del país. Este año se está convocando al “reencuentro con la paz” y a la “movilización” para aumentar la conciencia social sobre el asesinato de líderes sociales, las masacres, la vulneración de derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz, entre otros temas. Por ello, es necesario “movilizarnos” y exigir un marco institucional para la paz que sea sólido, como condición indispensable para la consolidación de una democracia justa, incluyente y participativa.
La celebración de la semana por la paz llega en un momento de gran crisis humanitaria, de reconfiguración del conflicto armado, de inestabilidad en la implementación del acuerdo de paz y tensión política en el país, a la que se suma la profunda emergencia social, económica, institucional y sanitaria, producto de la pandemia por el COVID-19. De manera desafortunada este lunes terminó con el balance de 3 masacres en un día que cobraron la vida de 14 personas en Zaragoza, Antioquia y en Carmen de Bolívar y Simití, en Bolívar. Con estas, ya son 54 las masacres ocurridas a lo largo de este año, las cuales se han presentado mayoritariamente en los departamentos de Antioquia (12), Cauca (8), Nariño (8) y Santander (5), departamentos que también han sido fuertemente golpeados por el asesinato sistemático de líderes sociales y la prevalencia del conflicto armado.
Indigna la incapacidad o el desinterés del gobierno para proteger la vida. En lo que va del año han sido asesinados 205 líderes sociales y 42 excombatientes, de los cuales 130 líderes perdieron la vida durante el confinamiento por el COVID-19. Organismos humanitarios nacionales e internacionales han lanzado alertas constantes por estas situaciones que expresan una grave crisis humanitaria en el país. Mientras esto ocurre, nos enfrentamos con una política de gobierno, que, por un lado, minimiza el problema mediante el subregistro y banalización de estos hechos criminales y, por otro, ofrece una respuesta restringida a los efectos y no a las causas de estas situaciones y su relación con el conflicto armado.
Diversos sectores de la sociedad civil coinciden en señalar el importante retraso en la implementación del acuerdo de paz. En efecto, en diversos territorios se denuncia que falta un avance más decidido en la implementación de los Programas de Desarrollo y Paz y, además, políticas como la de sustitución de cultivos ilícitos se han estancado como producto de los cambios en las decisiones del gobierno en relación con lo acordado durante el proceso de paz. Un asunto importante está relacionado con la atención a la población víctima, la cual, a pesar de ser reconocida como central en la construcción de paz, hoy no ha visto reparado ni restituidos sus derechos. Precisamente, el 20 de agosto pasado, se publicó el séptimo informe de seguimiento a la ley 1448 por parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo que reveló, entre otros problemas, que de 9 millones de víctimas registradas en el país, solo el 12% han sido indemnizadas en 10 años de implementación, cálculos que conducen a proyectar que este proceso tardaría 70 años más.
Se requiere que la paz avance de una forma más clara e integral, con recursos y un marco institucional suficiente, que se preocupe no solo por atender los efectos del conflicto sino por transformarlos y reestablecer los derechos y relaciones humanas quebrantadas. En esta medida, una de las acciones urgentes por desarrollar tiene que ver con la materialización de la Política Pública de Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización (Decreto 885 de 2017) y su implementación territorial, que permita establecer mecanismos más claros de coordinación para el trámite de los conflictos, avanzar hacia la cultura de paz, así como reconocer, defender y garantizar los derechos consignados en la constitución política de Colombia.
El Consejo Nacional de Paz, por ejemplo, busca junto con la puesta en marcha de esta política “la necesaria atención a la implementación plena del sentido y mecanismos del acuerdo de paz alcanzado con las Farc y la necesaria apertura del dialogo y la negociación con el ELN”.
De otro lado, es importante avanzar con el tema de víctimas y su centralidad y dignificación en la construcción de paz. Al respecto, existe preocupación por la lentitud en la atención que se viene ofreciendo desde el año 2011, pero además, por la coordinación con el Sistema de Verdad y Justicia. Es necesario, movilizarnos para exigir a las instituciones nacionales y a los entes territoriales tanto el cumplimiento de los mandatos de la Ley 1448, como reformas sustanciales que permitan corregir el estado administrativo e inconstitucional que vulnera los derechos de esta población, lograr la articulación con la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar el acceso de las medidas de reparación para todas las víctimas.
Ante este panorama tan complejo la ciudadanía y diversas organizaciones persisten en su trabajo en favor de la paz: más de 200 eventos, citas, propuestas han sido agendadas en la Semana por la Paz. A pesar del miedo, y, en algunos casos, la desesperanza por este contexto de violencia y emergencia sanitaria, organizaciones de todo el país mantienen un trabajo constante con miras a la reconciliación y el acceso a derechos. De hecho, se advierte un esfuerzo importante por generar propuestas y acciones de movilización hacia una “paz plural, participativa, firme y duradera, con miras a la reconciliación nacional”. La paz sigue siendo una apuesta de país. Trabajemos juntos por que sea una realidad.
