La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó la decisión de liquidar Electricaribe, empresa privada que presta el servicio de energía en siete departamentos de la Costa Atlántica y es propiedad de la multinacional española Gas Natural Fenosa. Aunque no se reconozca por los defensores y promotores del dogma del mercado, esta situación hace parte del fracaso de la política de privatización de los servicios públicos que se profundizó desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 y su reglamentación, a través de la Ley 142 de 1994.
Haber dejado la prestación de los servicios públicos en manos de las multinacionales españolas con el pretexto de la eficiencia privada y la promoción de la inversión extranjera, ha generado la pérdida del patrimonio público, el desmejoramiento de calidad en la prestación de los servicios, la precarización laboral y una situación de vulnerabilidad del Estado Colombiano.
Hace un mes, un Juez de la República en un fallo de una Acción Popular interpuesta por la ciudadanía con el respaldo de 240 mil firmas, ordenó a la multinacional española Canal Isabel II entregar al Distrito de Santa Marta: las redes de acueducto y alcantarillado, bases de datos, la infraestructura y los bienes inmuebles. Hace dos días, después de cuatro meses de intervención, la Superservicios tomó la decisión de liquidar Electricaribe de la multinacional española Gas Natural Fenosa, estableciendo que “la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”.
Durante años, estas dos multinacionales españolas han vulnerado los derechos de la población de la Costa Atlántica con la mala prestación de los servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado. Esto se explica porque durante su operación cobraron altas tarifas pero no realizaron las inversiones requeridas para garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos tercerizando además su mano de obra. De esta manera lograron su principal propósito, incrementar exponencialmente sus tasas de ganancia para trasladarlas a su casa matriz en España.
Una situación similar se está presentando en el servicio del acueducto en Barranquilla. En este caso, la multinacional española Canal Isabel II a través del grupo INASSA se hizo a la propiedad de la empresa Tripe A, en detrimento del patrimonio público. Por último, un caso de capital privado nacional, es lo que acaba de suceder en Buenaventura, donde se tuvo que cancelar el contrato de concesión a HIDROPACIFICO, porque esta empresa privada cobro altas tarifas, no realizó las inversiones en infraestructura requeridas y sumergió al principal Puerto del pacifico colombiano en una grave crisis por la prestación del líquido vital.
En casi tres décadas de la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos, es momento de señalar que el balance ha sido negativo. En importantes ciudades del país como en Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura se manifiestan graves problemas en la prestación de los servicios públicos, con un denominador, su operación estaba a cargo de empresas privadas de capital Español o nacional. Como si fuera poco, en este momento el Estado colombiano se encuentra en una situación de vulnerabilidad, puesto que estas multinacionales demandarán ante un tribunal internacional por cuenta del acuerdo suscrito con el Reino de España para la protección de las inversiones de ese país.
Ante esta evidencia no se entiende que existan mandatarios que pretendan seguir transitando la misma senda, en la capital, se está vendiendo la empresa pública de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) mientras que simultáneamente se está ejecutando la enajenación del 20% de las acciones del Distrito en la empresa pública de energía (EEB). El Alcalde de Bucaramanga anunció la venta del 3,49% de acciones del acueducto metropolitano (AMB) y en las Empresas Municipales de Cali se contrató una cuestionada banca de inversión para la valoración del componente estratégico de telecomunicaciones y sugerir la mejor transacción con un tercero, incluyendo escenarios de privatización.
Ya es momento de detener y revertir definitivamente esta política de privatización de los servicios públicos que ha generado detrimento patrimonial y que ha vulnerado los derechos de la población y de los trabajadores. Es importante para salir de este rotundo fracaso, tener en cuenta la alternativa de la remunicipalización de los servicios públicos que cada vez tiene más ejemplos en ciudades en el mundo. Se debe superar el dogma del mercado que prometió ríos de leche y miel, bajas en las tarifas, eficiencia y calidad, cuando lo que sucedió fue todo lo contrario.
