Las empresas extractivas de carbón a cielo abierto en el centro del César: Prodeco, Drummond, CNR tenían plazo hasta el 2012 de reasentar a las comunidades del Hatillo y Boquerón las cuales siguen expuestas a los efectos contaminantes de la explotación carbonífera y un letargo en el proceso de concertación, mientras una de las empresas busca que los reasentamientos sean previstos como ilegales.
En el año 2010 el Ministerio de Medio Ambiente (MAVDT) mediante las resoluciones 0970 y 1525 tras sobrepasar los límites permitidos de contaminación en el aire por partículas de carbón, ordena a las empresas mineras Drummond, CNR controlada por Goldman Sachs y Prodeco filial colombiana de la multinacional suiza Glencore, garantizar el proceso de reasentamiento involuntario de tres poblaciones del César: Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, para el caso de estas dos últimas se debían realizar en el término de dos años desde la expedición de la resolución, siguiendo los lineamientos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial.
LA DIFERENCIA ENTRE REUBICAR A REASENTAR
Según las directrices de la CFI es distinto considerar reubicar una población que implicaría solamente trasladar la comunidad de un lugar a otro a reasentar que es un concepto más amplio, allí se contempla a través de amplias fases de ejecución generar el restablecimiento de los medios de vida y de derechos de la población afectada, garantizar procesos participativos de concertación con la comunidad acerca de las características propias del reasentamiento que desean, compensaciones e indemnizaciones, desarrollo de proyectos socioeconómicos para la sostenibilidad, entre otros.
EL HATILLO UN REASENTAMIENTO QUE TARDA
Para el caso del Hatillo, ubicado en el Municipio del Paso, rodeada de las minas Calenturitas, de Prodeco; Descanso y Pribbenow, de Drummond, El Hatillo y La Francia, de CNR, afectan 180 familias, aproximadamente 600 habitantes y el 50% de su población son niños. Sus habitantes están expuestos cotidianamente a una montaña artificial, lograda por la acumulación de desechos fósiles que produce la extracción de carbón a cielo abierto.
Pobladores del Hatillo señalan que aparte de las enfermedades respiratorias, enfrentan la contaminación de afluentes de ríos y están obligados a consumir agua de aljibe, a pesar de no ser apta para el consumo, también se han alterado los sistemas ecológicos de la zona “los mangos ya no son dulces, de los pocos que logran darse, usted los abre y tienen un color opaco y ácido. No hay donde cultivar porque las empresas compraron las fincas”
La resolución 0970 obliga a las empresas a constituir una fiducia de patrimonio autónomo para financiar el reasentamiento, con la partida del 51% de Drummond, el 40% de Prodeco y el 9% de CNR. La fiducia contrata un operador y la firma interventora (CETEC) que se relaciona con representantes de la comunidad, quienes constituyen un Comité de Concertación, a su vez son asesorados y acompañados por la ONG Pensamiento Acción Social (PAS).
En la fase inicial el operador fue FONADE, en el año 2012 es REPLAN INC, entidad canadiense que funcionó hasta mayo de 2015 y recientemente Socya, empresa privada antioqueña. Este cambio reciente de operador obedece como lo describe La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que “las empresas mineras identificaron en conjunto diversas falencias y dificultades tanto administrativas como metodológicas, razón por la cual decidieron implementar un proceso que han llamado "reingeniería".
INCUMPLIMIENTO DE LAS MINERAS
Con el auto N° 0468 de febrero de 2015 el ANLA señala el incumplimiento de las mineras con el proceso de reasentamiento en el Hatillo y menciona que “las empresas mineras y el operador del reasentamiento no han adoptado medidas oportunas para evitar dilatar por más tiempo la ejecución de compromisos y cronogramas de trabajo que han sido previamente acordados con la comunidad”
El ANLA reconoce el proceso organizativo de la comunidad y advierte que “no hay claridad sobre el proceso de reingeniería” en los Comités de concertación de octubre y noviembre del año pasado.
Sandra Alzate, actual gerente del reasentamiento explica que la figura de gerencia “es muy reciente y se crea con la necesidad que las empresas tengan una voz unificada, para evitar que cuando se tengan discusiones con la comunidad hubieran tres posiciones diferentes según la empresa y desde la mención en febrero del ANLA al momento actual el proceso ha tenido avances que no se habían logrado en cuatro años y restructuraciones importantes. Ya hay una propuesta de trabajo revisada y aprobada por la comunidad, además el PNUD entrará hacer la asesoría e implementación de proyectos productivos”.
Durante el seguimiento y control a las obligaciones de la resolución, funcionarios del ANLA manifestaron “en los comités de concertación, la preocupación en cuanto a las funciones mismas de la interventoría en el reasentamiento, pues con participaciones como las que se evidenciaron podría generar confusión en las funciones de interventor con las de asesor de la comunidad para distintos asuntos” CETEC acompañará el proceso hasta el 30 de agosto según lo constato Sandra Alzate.
La resolución 1525 ordena mejorar la calidad de vida de las comunidades que van a ser objeto del reasentamiento mientras esté sucede, por lo cual desde el 2011 los representantes de la comunidad exigen la implementación de un Plan de Transición, que sólo entró a funcionar en el 2013 cuando la comunidad se declaró en crisis humanitaria por la falta de alimentos. El plan contempla un banco de alimentos con mercados por familia, subsidios de 300 mil pesos, un puesto de salud con médico y enfermera los cuales estuvieron contratados hasta diciembre del año pasado y nuevamente hasta junio del 2015 se firmó un nuevo convenio.
LA VOZ DE PRODECO
El pasado 29 de marzo Iván Glasenberg, presidente mundial de Glencore visitó el centro de operaciones de la empresa en el César por la incidencia y presión de la sociedad civil y ongs de Colombia y Suiza, “reconoció de frente a la comunidad del Hatillo, en el Paso, Cesar, la necesidad de realizar el reasentamiento tan bien y tan rápido como sea posible. Así mismo expresó su compromiso personal con la comunidad, en proceso de reasentamiento de entablar conversaciones con los presidentes de las otras compañías responsables para que también comprendan esta necesidad y hagan lo debido por agilizar el proceso” señaló PAS quien acompañó la visita.
Al igual Mark McManus, presidente Ejecutivo de Prodeco durante la reunión con la comunidad manifestó que “es claro que la responsabilidad en la demora del reasentamiento se debe a las empresas, pero nos ha costado ponernos de acuerdo”. Esta afirmación contradice los panfletos que en noviembre del año pasado llegaron con amenazas a los miembros del Comité de Concertación acusándolos de dilatar el reasentamiento y otorgando un plazo hasta junio de 2015 para que la comunidad se traslade de lo contrario “serían declarados objetivo militar”. Estas intimidaciones se encuentran en proceso de investigación.
Diana Fonseca, una de las representantes de la comunidad en el mes de abril presentó en Suiza en una reunión de accionistas de la empresa alemana RWE AG quienes le compran carbón a Drummond y Glencore la situación del Hatillo “Yo expuse que llevábamos varios años negociando el marco jurídico que nos ampara y varias veces las empresas no lo reconocían. Después varios accionistas intervinieron para expresar su preocupación sobre el impacto que indirectamente estaban causando con la compra de carbón colombiano”
Dos días después de la intervención de Diana en el César fue aprobado el marco jurídico por las empresas, “se llevaba dos años discutiendo el marco jurídico, una negociación muy dilatada donde las empresas mineras no querían incluir la legislación de tierras en Colombia como una garantía para los derechos de la comunidad como campesinos” afirma PAS.
En el mismo mes el Grupo de Trabajo Suiza - Colombia ASK y PAS presentaron en Berna, Suiza, su Informe Sombra sobre la sostenibilidad de las operaciones de Glencore en Colombia con la presencia de Michael Fahrbach CEO de Sostenibilidad de Glencore a nivel mundial. El informe advierte que “Prodeco emprendió hace dos años, ante la jurisdicción administrativa colombiana, la vía judicial contra las resoluciones de reasentamiento buscando que sean declaradas como ordenes ilegales (…) de ganar esta demanda, tendría que ser el Estado colombiano quien debería sacar adelante los reasentamientos”
