Desde su inicio, las empresas multinacionales carboneras han sido colosos industriales que han desgarrado el tejido ecológico y social de la región durante décadas.
Desafortunada concesión de tierras que abarcó unas 66.526 hectáreas ubicadas estratégicamente en la zona de mayor riqueza hidrológica de La Guajira, incluidos 26 kilómetros del río Ranchería y numerosos arroyos afluentes; contaminados y desviados para dar paso a la explotación minera, dejando un rastro de destrucción irreversible. Lo que resultó en la fragmentación y degradación de ecosistemas vitales.
El impacto de esta voracidad corporativa se ha hecho sentir con mayor fuerza en las comunidades afrodescendientes de Roche, Patilla, Chancleta y Tabaco, cuyas raíces se remontan al siglo XVI. Estos pueblos ancestrales, arraigados en la tierra y el agua, han sido despojados de sus territorios atávicos.
El desplazamiento forzado de estas comunidades es una afrenta a la dignidad humana y un recordatorio amargo de la persistente injusticia social que caracteriza a la industria minera en La Guajira. En contraste, el fallo de la Corte Constitucional de la reconstrucción del pueblo de Tabaco permanece engavetado por intereses mezquinos.
En un acto de cinismo desvergonzado, Cerrejón intenta lavar su imagen con proyectos de "responsabilidad social corporativa", presentado el denominado corredor “biológico” Wüinn Mana, como un logro ambiental significativo de talla mundial, del que los guajiros deberíamos estar agradecidos.
Sin embargo, este pasadizo es apenas una pálida sombra y mínima compensación de la vasta extensión de tierras arrasadas. Su rehabilitación es apenas el cumplimiento precario de una obligación legal por los estragos causados y no debe ser utilizada para blanquear la reputación de quien ha propiciado el mayor desastre ambiental en La Guajira a través de la historia.
En la búsqueda insaciable de maximización de beneficios, las empresas multinacionales a menudo ignoran o minimizan las consecuencias ambientales y sociales de sus operaciones. La zona concesionada megaminera queda entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
Precisamente fue esta operación la que aisló esos dos sistemas montañosos y ecosistemas estratégicos, lo que tuvo un impacto devastador en la biodiversidad local, llevando a la desaparición de muchas especies y comprometió el equilibrio ecológico de la región. El nombre de “biológico” al corredor Wüinn Mana es quizás una forma de ocultar la destrucción y muerte que ha habido y que ahora aparece como si la empresa mereciese un premio por eso; o sea cinismo puro.
Claman por reconocimiento social afirmando que ese “corredor se ha convertido en una conexión vital entre los dos ecosistemas estratégicos”, lo que era toda la zona antes de la minería. También afirman que se fomenta el retorno de especies de gran importancia ecológica, sin aclarar que son muchísimas menos que las que existían antes del descapote del bosque, de las voladuras diarias de la roca y de las vibraciones de las mega maquinarias.
Supuestamente, de esa forma Cerrejón demuestra un firme compromiso con el medio ambiente, aparentando gestos magnánimos voluntarios. Todo este elogio a Cerrejón está en el famoso estudio «Transformaciones Positivas y Sostenibilidad en Territorios Mineros» (2023), desarrollado por la Universidad EAN y la Asociación Colombiana de Minería, donde intervino, claro está, un equipo de Cerrejón conformado por Luis Francisco Madriñán, Lorena Álvarez y Diana Cuevas.
En cuanto a rehabilitación de tierras, una obligación contractual de Cerrejón, es poco lo que se puede demostrar. Basándonos en el estudio señalado del periodo comprendido entre 2014 y 2022, se deja constancia que es apenas una pequeña área rehabilitada en comparación con la intervenida.
De toda el área concesionada (66.526 hectáreas) solo se ha explotado el 16%, es decir, 10.569 hectáreas. Resulta lógico que sólo se hará minería en donde se maximicen las ganancias. La ubicación de la planta trituradora de carbón así lo demuestra; muy cerca están los mantos más gruesos, con menor relación de descapote, ¡Vaya coincidencia ¡los de mayor poder calorífico, meno azufre y ceniza residual. Es decir, el carbón más caro en el mercado internacional. Entre ellos los de debajo del cauce del desviado arroyo Bruno.
Es improbable que se intervengan más áreas que las ya intervenidas. La pulpa está definida y planificada desde hace rato. Por esta razón, ante cualquier mínima cantidad de área rehabilitada la zona de extracción minera decrece en porcentaje del total del área concesionada.
Entre 2014 y 2022 se pasó de 10.569 (16%) a 8.058 hectáreas (12%); en otras palabras, se rehabilitación 2.511 hectáreas en 8 años, para un total 4.438 hectáreas de rehabilitación. La pregunta es si en 40 años de operación solo se ha rehabilitado esa cantidad y si faltan 10 años para que termine el contrato ¿Cuánto tiempo necesita la empresa para rehabilitar más del doble de lo hecho en ese sentido?
En una presentación resumen del estudio de la EAN, en la diapositiva 10 (de 27) se trata de mostrar la evolución territorial en imágenes de la cuenca media del río Ranchería en 4 fotografías tomadas en cuatro años diferentes.
Las dos primeras de 1989 y 1991 muestran la planta trituradora de carbón con la banda transportadora al lado izquierdo; una vista de Este a Oeste mostrando el proceso de recuperación ambiental en la zona de intervención minera.
En las fotos de 2016 y 2023 la imagen es la misma planta trituradora de carbón con la banda transportadora del lado derecho; es decir, la vista es de Oeste a Este y muestra un gran verdor de un área producto de la rehabilitación supuestamente de la misma zona. ¡Qué engaño, qué vergüenza!
Una de las conclusiones del estudio señalado: “Las transformaciones de los paisajes derivadas de la extracción legal de minerales han contribuido sustancialmente con el ordenamiento territorial a través de su estructuración ecológica, a menudo en zonas donde antes de la actividad minera los paisajes estaban dominados por actividades agropecuarias o ilegales con distintos impactos ambientales”.
No sé si haga alusión al cultivo de marihuana que cubrió gran parte de La Guajira antes de la minería del carbón. Pues, es bueno señalar que esos cultivos se concentraron en la zona rural de Riohacha y el hoy municipio de Dibulla y si alguna parte de la zona concesionada a la minería fue cultivada, esa actividad no generó impactos ecológicos.
Es probable que esa conclusión caiga en el imaginario de algunos defensores de oficio de Cerrejón que suelen afirmar, tejiendo una narrativa de benevolencia corporativa basada en mentiras, al referirse al talento humano guajiro que ha sido entrenado por la empresa; con frecuencia sacan a relucir con un tufillo racista y despectivo el “incremento del patrimonio moral sin cargar bultos de marimba, ni pimpinas de gasolina de contrabando, ni mendigar puestos públicos a cambio de votos”, ¡haciendo alusión a la historia delincuencial y política de los guajiros!
Es imperativo denunciar este oportunismo corporativo y exigir justicia para las comunidades afectadas y el medio ambiente devastado. La explotación desenfrenada de recursos naturales en beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos es inaceptable. Llegó la hora de que las empresas mineras asuman su responsabilidad completa, reparando los daños causados y respetando los derechos humanos y ambientales de las comunidades locales, sin maquillar cifras y acciones. Solo entonces podremos vislumbrar un futuro más justo y sostenible para La Guajira y sus habitantes.
