El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la demanda de las organizaciones feministas que aseguraban que el Gobierno incumplió la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas, que exige que al menos el 30% de los altos cargos de decisión del Estado sean ocupados por mujeres.
La demanda la presentaron en febrero de 2021 Dejusticia, un Centro de Estudios de Derecho con Diana Guzmán a la cabeza como una de las abogadas detrás de la demanda que tumbó el nombramiento; Justicia y Sociedad; Sisma Mujer, una organización feminista que trabaja con mujeres víctimas de violencias; Humanas, un centro de estudios y acción política para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y la Red Nacional de Mujeres.
No solo solicitaron al Consejo de Estado anular el nombramientos de Molano, sino también el de Daniel Palacios, Ministro del Interior; Felipe Buitrago, entonces Ministro de Cultura; y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
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