En vista de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, realizada el viernes 12 de octubre de 2018 en Riohacha, en seguimiento a la sentencia T302 de 2017 —fallo que tuteló los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo wayúu, declarando el estado de cosas inconstitucionales en la Guajira—, es menester exponer ante la opinión pública de Colombia, de la región Caribe y de nuestra sociedad guajira el permanente incumplimiento del Gobierno colombiano a las medidas cautelares de la CIDH, proferidas en 2015 y ampliadas en 2017, que exigen la toma de acciones necesarias a la brevedad posible "para que la población wayúu pueda tener acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia”.
Como se ve, esta medida pretende garantizar la cobertura de las necesidades de los menores, extendida posteriormente a las madres gestantes y lactantes. No en vano la Defensoría del Pueblo en el año 2014 realizó un informe que denominó Crisis Humanitaria en La Guajira, en el que estableció que la desnutrición en la niñez, para ese entonces, había llegado a la vergonzosa cifra de 37.000 casos, reflejando que esta grave crisis humanitaria del colectivo wayúu ha causado miles de muertes, siendo este un Estado que se proclama de derecho. Es por eso que en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la determinación de la fuerza vinculante de sus medidas cautelares involucra razones de derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos (DD. HH.) y política internacional.
Ahora bien, a pesar del llamado que le hizo la Procuraduría General de la Nación al Gobierno nacional para proteger la vida de todos los integrantes de la comunidad indígena wayúu afectados por la desnutrición y la falta de agua potable, hace falta la ejecución de acciones permanentes y medibles que generen confianza en una región abandonada por el Estado y los diferentes gobiernos de turno. Además, muy a pesar de los distintos requerimientos realizados en busca de la protección de los derechos de la comunidad indígena, en lo corrido de este año se ha presentado una considerable cifra de niños wayúu muertos por causas asociadas a la desnutrición. Esta situación habla por sí sola y pone en evidencia las cortas acciones del Gobierno.
Aunque se ha venido denunciando hasta la saciedad el abandono social, la falta de agua potable, condiciones higiénicas sanitarias y saneamiento básico, además del hambre y inseguridad alimentaria, la vulneración permanente y sistemática de varios derechos constitucionales de esta colectividad por las prolongadas omisiones de autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones sigue ocurriendo. Colombia es el segundo país de la región con más casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero parece que el Gobierno casi nunca cumple esas decisiones, es por eso que la CIDH debe ser "garante de las libertades y de la democracia, además de ser un motor de desarrollo y un antídoto frente a la injusticia”.
Celebramos que se haya realizado esta audiencia pública de la Corte Constitucional de Colombia y la Procuraduría General de la Nación, advirtiendo que la única defensa a la que acude el Gobierno para decir que está cumpliendo con la medida de la CIDH y la sentencia T302 de 2017 es decir que ha venido perforando una serie de pozos profundos —que a la postre no son la solución estructural ni definitiva de la problemática del agua potable, ni de la superación de la inseguridad alimentaria, ni mucho menos de los problemas de salud en la Guajira, porque estas soluciones han venido realizándose de manera inconsulta y lo más grave aún, sin tener un conocimiento previo, técnico o científico de la calidad de las aguas que se encuentran en las profundidades de esos pozos perforados—. Parece que el Gobierno solo se dedica a desalinizar las aguas extraídas de esos pozos sin obtener un estudio serio de sus componentes, en lo que compete a los elementos pesados que debe contener y que han sido consumidos por décadas y décadas por nuestra población wayúu, ahondando mucho más la problemática de la desnutrición y la consecuente muerte de los infantes y adultos de nuestra etnia wayúu.
De manera muy respetuosa, en nombre de la sociedad guajira, solicito mediante este artículo a la Corte Constitucional de Colombia y a la Procuraduría General de la Nación que se le exija al Gobierno nacional de manera urgente y supervisada por organismos internacionales el estudio y análisis en forma aleatoria de las aguas extraídas de los diferentes pozos perforados y en proceso de perforación, para determinar contaminantes de elementos pesados como arsénico, plomo, hierro, boro, manganeso, entre otros, en sus aguas y que al ser consumidos —directamente o mediante los cultivos de pancoger irrigados por esas aguas por la población indígenas— son acumulados en el organismo humano. Si no se toman correctivos urgentes siguen y se seguirán muriendo nuestros niños wayúu en La Guajira, ¡este es un problema de salud pública!
