Cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que dejarían de circular los ruidosos motociclos (bicicletas a las que se incorpora un motor de muy mala calidad), el efecto se dejó sentir de inmediato en las calles, pues por esos días dejaron de circular muchos de estos artefactos hechizos. Fue un alivio.
Pero como ocurre con frecuencia con esas medidas de efecto mediático a cuya implementación no se hace un riguroso seguimiento, a los pocos días la ciudad se volvió a ver infestada por ese ruidero andante, sobre todo de domiciliarios.
Por lo mismo, valga recordar a las autoridades, incluida la Policía de Tránsito, que, al margen de los formalismos técnicos, existe una norma lo suficientemente clara para sacar de circulación a estos esperpentos vehiculares.
Se trata del artículo 31 del Código de Policía vigente (Ley 1801 de 2016), que consagra el derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas como la esencia de la convivencia ciudadana: “Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas”.
Así que, con esta sencilla pero poderosa norma, las autoridades tienen la facultad más que suficiente para sacar de circulación los motociclos más ruidosos (los que emiten un ruido moderado podrían llegar a tolerarse). No hay pretexto.
Muchos alegaran que esos repartidores no hacen más que buscar un sustento. Sí, pero lo hacen con trampa y eso no puede permitirse.
Con trampa hacia otros repartidores que lo hacen con el sudor de su frente al pedalear una bicicleta. Con trampa hacia los conductores de motocicletas formales que sí cuentan con licencia y además pagan SOAT e impuestos. Es una forma de competencia desleal, pues los motociclos no son ni bicicletas ni motocicletas.
Y sobre todo, con trampa e irrespeto hacia el conjunto de la ciudadanía, que no tiene por qué aguantarse ese ruidero: como bien consagra la ley, tiene derecho a la tranquilidad.
En Colombia, en muchas otras esferas, por décadas ha hecho carrera el buscar lucrarse por encima la ley, como ocurre también con la minería ilegal, los cultivos ilícitos o la deforestación, para no mencionar el flagelo de la corrupción.
Y estos ruidosos motociclos no son más que la expresión urbana de esa ilegalidad tolerada ante una sociedad normalmente apática y permisiva, incluidas las autoridades.
Que esta burla al derecho a la tranquilidad de la mayoría de la ciudadanía por cuenta de unos pocos no siga haciendo carrera.
Autoridades. ¡Actúen ya!
