Entre el 15 y el 16 de diciembre, la Fiscalía realizó la detención arbitraria de los líderes agrarios Teofilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, todos integrantes del Coordinador Nacional Agrario, agremiación de carácter nacional que lucha por la realización de una reforma agraria integral, la construcción de alternativas a la crisis ambiental de los territorios, el rescate de la cultura campesina y el tránsito conjunto hacia la paz por medio de las garantías democráticas a la oposición.
Cada uno de los dirigentes campesinos pertenecen a las vocerías nacionales de procesos como Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria, y participaron en las diversas movilizaciones para reivindicar derechos humanos, económicos, ambientales, culturales y políticos para los campesinos. En tal sentido, es reconocida la labor que los tres han generado en la construcción de paz territorial. Ejemplo de ello es el liderazgo de Teofilo Acuña, quien desde el año 2006 participó activamente de las caravanas por la vida en el río Magdalena, después de las masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y torturas que cometió el paramilitarismo bajo relaciones oscuras con actores de Estado colombiano y los agroindustriales en la ciudad de Barrancabermeja, los pueblos de Puerto Wilches, Canta Gallo, Santa Rosa y en general la Serranía de San Lucas.
Así mismo, los tres se destacaron por su participación en las mesas de negociación con el Estado en el año 2013, luego de las movilizaciones del paro nacional agrario, asumiendo con otras colectividades e identidades políticas la tarea de reivindicar soluciones de corto, mediano y largo plazo a la crisis del campo, y de los sectores más excluidos, como son los indígenas, afrodescendientes y campesinos. Aun así, lo más grave es que este tipo de montajes judiciales hacen parte de una política de Estado para criminalizar, desarticular e intimidar a las organizaciones sociales de oposición, como lo demuestran los montajes judiciales a estudiantes, sindicalistas, campesinos y demás líderes sociales.
En diversos informes se enuncia que en Colombia existen aproximadamente 10.000 presos políticos o de conciencia, 10 millones de víctimas del conflicto armado y para el presente año se han cometido 86 masacres, además del asesinato de 287 líderes sociales y 250 excombatientes de las Farc. Todo ello hace parte de la radiografía de violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ha impedido la consolidación de la paz, la apertura democrática y la consolidación del Estado de derecho.
Ahora bien, la estigmatización, los montajes judiciales y la persecución política contra los líderes sociales se ha demostrado en casos recientes como el de Julián Gil, líder juvenil del Congreso de los Pueblos, quien fue detenido en el marco un falso positivo judicial que lo vinculaba a hechos de rebelión. De igual manera, los jóvenes estudiantes universitarios del llamado “Atentado del Andino” y los montajes judiciales contra maestros como es el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán. Todos han sido puestos en libertad después de largos procesos de defensa frente a la justicia nacional, dado que se ha demostrado que los cargos allegados carecen de fundamento, se basan en la persecución política y buscan amedrentar a las organizaciones sociales.
Finalmente, es importante mencionar que desde el año 2018 existe un aumento de las violaciones a los derechos humanos, la no garantía del derecho a vivir en paz en los territorios y el flagrante ascenso de actores armados paramilitares que buscan consolidar un sistema político autoritario. Frente a ello es de vital importancia que las organizaciones sociales internacionales acompañen en la visibilización de estas problemáticas, sean solidarias en buscar las garantías a los derechos humanos y comprendan que aún en el país hay sectores de extrema derecha que desean minar la posibilidad de generar una transformación política para la nación.
