El principal mecanismo de protesta sigue siendo salir a las calles a manifestarse. Es un derecho consagrado en la constitución (artículo 37) pero que, como pasa con cualquier derecho y como lo expresa también la constitución, tiene unos límites establecidos en la ley. Por ejemplo, la ley 1453 de 2011 en sus artículos 44 y 45 señala como delito tanto la obstrucción de vías (cuando atenta contra la vida, la salud, el derecho al trabajo o la seguridad alimentaria, entre otros), como la perturbación o daño del servicio público de transporte.
Lo anterior implica que muchos de los bloqueos y acciones mediante las cuales se protesta hoy, no corresponden a manifestaciones pacíficas sino a actuaciones ilegales. Esto a su vez implica que las autoridades civiles y de policía tengan la obligación, también por ley, de hacer respetar y restablecer el orden público. Muchos ciudadanos desconocen esto y acusan a las autoridades de atacar protestas pacíficas. Algunos otros conocen estas normas pero las consideran absurdas e injustas.
No son pocas las personas que conozco que estando en general en contra de actuar por fuera de la ley, encuentran injusto que se considere ilegal la obstrucción de vías no autorizadas y la perturbación del transporte público. Su argumento es prácticamente unánime: “si no se genera incomodidad, si se marcha solo por la vías autorizadas o por los andenes, los gobiernos no escuchan”. En esto creo que tienen razón, es fácil para un gobierno ignorar una protesta estrictamente pacífica en los términos establecidos por la ley.
Todo lo anterior nos lleva a diversas situaciones en las que la sociedad no puede más que perder. Incluso en los casos en que las personas de lado y lado tienen buenas intenciones, manifestantes y autoridades terminan enfrentándose creyendo estar haciendo cada uno lo correcto.
Si el gobierno para responder a las demandas espera a que las vías de hecho generen suficiente presión sobre toda la sociedad, el costo puede ser muy alto, como lo estamos experimentando actualmente en Colombia. Y como sabemos también, el costo principal de esas acciones no recae sobre los políticos y gobernantes porque, como también muchos argumentan, “no son el presidente y los congresistas los que montan en TransMilenio o los que se ven más afectados con el encarecimiento de los alimentos”. Adicionalmente, esto sienta el terrible precedente de que entre más afectaciones cause una manifestación, e incluso entre más violenta se torne, más exitosa resulta en términos de conseguir los propósitos de los manifestantes.
Pero aun si el gobierno cede a las demandas temprano, varios problemas serios quedan por resolver. Una gran parte del país puede cuestionar, con mucha razón, a cuántas personas representan las manifestaciones y hasta qué punto o en qué casos es válido que un grupo indeterminado de personas protestando en las calles consiga que el gobierno tome decisiones que afectan a todo el país, muchas veces sin que haya debate en el seno de las instituciones democráticas, ni mucho menos votaciones de los ciudadanos.
Algo incluso peor puede ocurrir si se legalizan los bloqueos. Sabemos que bastan unas pocas personas para bloquear una vía que sirve a cientos de miles. Fácilmente unos cuantos líderes políticos o sociales, de cualquier orilla ideológica, convocando a decenas de miles de personas pueden bloquear un país de 50 millones de habitantes, en el que casi 40 millones pueden votar. Decenas de miles podrían presionar decisiones sin importar lo que piensen decenas de millones.
Debemos modernizar y hacer más eficiente y provechoso el mecanismo de protesta social. Podemos beneficiarnos de los avances tecnológicos para ese propósito, pero eso sí, necesitamos el apoyo del Congreso para que exista una ley que haga que las decisiones populares que surjan de esa protesta tengan un carácter vinculante.
A manera de ejemplo, podríamos tener una plataforma, vigilada de forma independiente, o incluso descentralizada, en la que cualquier persona, líder o partido pueda hacer propuestas o demandas al gobierno. Cada ciudadano tendría, digamos mensualmente, la posibilidad de apoyar hasta, por ejemplo, cinco propuestas. La propuesta más apoyada del mes debe ser debatida públicamente por representantes de quienes estén a favor y en contra, incluyendo espacios, digamos de dos horas por semana, transmitidos por radio y televisión. Y habrá también una página que recoja audios, videos y textos con las posiciones sobre el tema. Una vez finalizado un periodo de debates (digamos un mes), todos los ciudadanos podrán votar a favor o en contra de la propuesta y si gana el sí, la propuesta adquirirá carácter vinculante. Alternativamente, si por ahora no es viable que una votación virtual sea vinculante, entonces cada cierto tiempo (digamos trimestralmente) se convocaría la votación presencial de una consulta popular que incluya las propuestas que han sido votadas mayoritaria y virtualmente de forma positiva.
Necesitamos una sociedad más deliberante, que piense más, que debata más, donde primen las razones antes que las emociones. Unos ciudadanos que se tomen más seriamente la necesidad de conocer los argumentos y la responsabilidad directa de construir su país.
Se dice que uno de los grandes éxitos de las manifestaciones actuales fue tumbar la reforma tributaria. Curiosamente, muchos economistas (no necesariamente amigos del actual gobierno) lamentaron ese hecho y señalaron que esa reforma avanzaba en la protección de las personas más vulnerables y que tenía mucho más de bueno que de malo. En la misma dirección se pronunció la alcaldesa de Bogotá (no precisamente la más amiga del gobierno nacional). No digo que el resultado hubiese sido diferente, pero sí afirmo que nos faltó mucho más debate. A la mayoría de los políticos, sin importar el partido, les conviene que nos dejemos llevar por emociones, porque así el camino para ellos es mucho más fácil.
Sea con esta propuesta, con una similar o con otra muy diferente, debemos modernizar los mecanismos de protesta social, porque se está consiguiendo muy poco a unos costos muy altos para la misma gente del común.
