Los colombianos estamos condenados a ser víctimas permanentes de los atropellos que cometen quienes han sido elegidos en los cargos de dirección del aparato estatal a todos los niveles, en lo local, regional y nacional. Con contadas excepciones los alcaldes y gobernadores ejercen sus cargos con pulcritud y eficiencia y pensando en el bienestar de las comunidades.
El presidente tampoco se escapa a esta situación y quizá es quien más responsabilidad tiene, cuando condena las justas luchas de las organizaciones sociales o no cumple con las promesas hechas a comunidades, como las de Gramalote y Mocoa a quienes no se les ha cumplido. En el primer caso, después de siete años de ocurrida la tragedia, no se ha entregado las viviendas a los damnificados, apenas se ha hecho con 70 familias y al resto se les ha prometido y nada, con el agravante de que las construcciones entregadas y por entregar tienen serios problemas de fallas en la construcción, como lo denunciara el noticiero Red+.
En Mocoa el propio Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo se ha pronunciado en el sentido de manifestar que “no se han cumplido los cronogramas” para la reconstrucción de Mocoa (Putumayo) tras la emergencia que se presentó la avalancha de marzo pasado y que dejó más de 300 personas muertas y alrededor de 100 desaparecidas. “Hay que esperar a ver si las autoridades dan la talla. Tienen que demostrarles a todos los damnificados que aquí hay respuesta”.
A la respuesta paquidérmica dada por el gobierno nacional se suma la incapacidad administrativa y de gestión de las autoridades regionales en cabeza de la gobernadora Sorel Aroca Rodríguez a quien la Fiscalía imputó cargos por el delito de homicidio culposo, porque para el ente investigador la funcionaria conocía el riesgo de la amenaza, la vulnerabilidad y el peligro inminente de los habitantes de Mocoa que se encontraban cercanos a las cuencas hídricas.
“Las muertes le eran previsibles. Las autoridades departamentales y municipales conocían, con anterioridad al daño, que las características naturales de la quebrada ponían en riesgo inminente un alto porcentaje de la población de Mocoa”, sostuvo la Fiscalía. Por estos hechos, la Fiscalía también investiga a José Antonio Castro Meléndez, alcalde de Mocoa, y Elver Porfidio Cerón Chincuque, exalcalde del municipio, por los delitos de homicidio culposo, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Pero para colmo de los habitantes de esta abandonada pero rica región colombiana, la primera autoridad departamental, en medio de la crisis social y económica, destinó la no despreciable suma de 47 millones de pesos para “la ejecución de un trabajo artístico encaminado a fortalecer las tradiciones, el arte, las expresiones artesanales, y la ornamentación de las instalaciones de la gobernación del Putumayo” (Aceptación de oferta N° 921 de 15 de diciembre de 2017 – Mínima cuantía).
En tiempos normales, excelente que se preocupen las autoridades por apoyar este tipo de actividades, pero en Mocoa el palo no está para hacer cucharas.
