En días recientes, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón han lanzado afirmaciones alarmantes sobre la situación de EPS Sura, argumentando que la solicitud de retiro progresivo de esta entidad se debe a medidas tomadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, esta narrativa carece de fundamento y busca despistar a la opinión pública. A continuación, se presenta una serie de aclaraciones y datos concretos que desmontan estas falacias.
En primer lugar, es importante recordar que el sistema de salud colombiano aún opera bajo la Ley 100 de 1993, promovida por los mismos grupos de poder que hoy critican. A pesar de este marco normativo obsoleto, el Gobierno nacional ha realizado esfuerzos significativos para inyectar recursos en el sector salud.
En 2023, los recursos destinados a la salud aumentaron en un 25.4%, pasando de 40 billones a 50.5 billones de pesos, y se realizó un incremento histórico del 16.23% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), superando la inflación en servicios y tecnologías de salud, estimada en 12% por el DANE. Esto implica que Sura EPS recibió más dinero que en 2022.
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Para 2024, el presupuesto para la salud volvió a incrementarse, alcanzando los 61.48 billones de pesos, un aumento del 21.75%. La UPC también creció un 12.01%. Nunca antes un gobierno había destinado tantos recursos al sector salud, asegurando que EPS como Sura reciban más dinero que en años anteriores. Además, todos los recursos han sido entregados puntualmente a las EPS a través de la ADRES, cumpliendo con los plazos legales. Hasta el 30 de abril de este año, EPS Sura recibió más de 3.5 billones de pesos adelantados.
A pesar de estos aumentos en los recursos, EPS Sura ha reportado pérdidas en los últimos años, argumentando que los fondos de la UPC y los presupuestos máximos no son suficientes para cubrir los costos de atención a los usuarios. Sin embargo, 2023 y 2024 han sido los años con mayores recursos girados por la ADRES. Además, en febrero pasado, después de ser una de las mayores opositoras a la reforma, EPS Sura había manifestado interés en convertirse en la primera gestora de salud y vida, adaptándose al modelo propuesto por el Gobierno. Hoy, sorprendentemente, cambia de postura nuevamente. ¿Qué se esconde detrás de tanta indecisión?
Es curioso que en 2022, cuando EPS Sura recibía menos recursos, reportara ganancias de 137,265 millones de pesos con ingresos totales de 9.3 billones. Sus activos sumaron 2.1 billones, pasivos 1.8 billones y un patrimonio de 237,004 millones.
¿Cómo es posible que ganaran más con menos recursos? Además, el Grupo Sura, propietario de EPS Sura, sigue reportando resultados financieros positivos. En 2023, registraron ingresos consolidados por 35.5 billones de pesos, 6.3 billones más que el año anterior, y una utilidad neta de 2.3 billones, un crecimiento del 11.7%. Los dividendos también aumentaron un 61%, alcanzando 1.8 billones.
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Si bien el Grupo Sura posee otras empresas importantes, EPS Sura juega un papel crucial en sus ingresos. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿realmente se trata de pérdidas o es un intento de mejorar su posición de fuerza mediante una campaña de presión mediática, política y económica?
Finalmente, cabe señalar que la solicitud de retiro de EPS Sura aún no se ha concretado. La aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud es necesaria para que esto ocurra, y el proceso será progresivo, garantizando la atención a los usuarios.
No hay tal colapso inminente, como predicen Gutiérrez y Rendón. Es irresponsable generar pánico y propagar miedo infundado. Si realmente les importa la gente, deberían enfocarse en contribuir a la construcción de un nuevo modelo de salud que garantice este derecho para todos y todas.
P.D. 1: Recordemos que el mismo presidente lo anunciaba desde hace algún tiempo. El modelo de aseguramiento en salud es insostenible y viene en una crisis estructural desde hace años. Hoy lo que intentan hacer las EPS es salir del sistema buscando llevarse una victoria política tras a haberse lucrado del dinero público durante años.
P.D. 2: Algunos analistas financieros, como Vicente Calvo, estiman que al Estado colombiano se le han expropiado cerca de 50 billones de pesos en 15 años gracias a la Ley 100 de 1993, y sostienen además que este desfalco es uno de los mayores robos en la historia de cualquier Estado existente.
