En los últimos días las páginas de los diarios, los titulares de los noticieros y las redes sociales se han inundado de reseñas frente a los hechos que se han venido presentando en la llamada “Calle del Bronx”, ubicada en pleno centro de la capital y que han generado una reacción de rechazo por parte de la ciudadanía, así como la manifestación de diversos expertos vinculados a administraciones anteriores y a la actual, que si bien es cierto plantean un “amplio” conocimiento del tema no brindan soluciones efectivas frente a la problemática expuesta. Estas reflexiones han generado cuestionamientos y algunas manifestaciones equivocas frente a la realidad que se desarrolla día a día en este sector.
Para entender la dinámica de esta zona, es necesario remitirse a finales de la década de los noventa, donde el mayor sitio de distribución y consumo de narcóticos se hallaba en la denominada “Calle del Cartucho”, junto con las demás acciones delictivas que se vinculaban a las poblaciones presentes y al control territorial. El proceso urbanístico desarrollado, sin una política de seguridad integral enmarcada en una visión amplia de ciudad, generó la atomización de este sector en nuevas zonas tales como “Danubio”, “El Cartuchito” y “Juan Amarillo” y fortaleció algunas ya existentes como “Cinco Huecos”, “San Bernardo” y la “Calle del Bronx”.
Esta última se constituyó en el sector más reconocido y ligado a las mafias que controlan el tráfico de estupefacientes y demás actividades delictivas vinculadas a este fenómeno; la ausencia de intervención efectiva confundió en su momento la asistencia social a sectores vulnerables con la permisividad frente a conductas ilegales que se desarrollaban al interior de esta supuesta “tierra de nadie” que contaba con estructuras de poder que trascendían sus fronteras materiales y permeaban paulatinamente no solo los territorios aledaños y las dinámicas de toda la ciudad.
Estas estructuras criminales realizaron dos grandes procesos; inicialmente la diversificación de actividades y acto seguido la especialización en el desarrollo de las mismas. La primera se manifestó desde la vinculación de reducidores para la compra de los elementos robados como factor económico para el control del mercado de alucinógenos, el alquiler de armas para la ejecución de las diversas modalidades de delito, la creación de oficinas de cobro y cuerpos de seguridad ilegales, hasta llegar al posicionamiento de una productividad ilegal dentro de la zona de actividades manifestadas en negocios como la prostitución, incluida la de menores de edad, la falsificación de documentos, la fabricación y expendio de licor adulterado, el bodegaje de insumos y la trata de personas, entre otros.
Con la diversificación ya establecida, se hacía necesaria la especialización del “personal” para el desarrollo de las actividades, inicialmente en los expendios de alucinógenos, donde se empezó a constituir la estructura criminal con rangos específicos, el “capo” o “patrón”, los “lugartenientes” o “caciques”, los “taquilleros”, los “gerentes”, los “campaneros”, los “picadores” y los “soldados” o “saya yines”; estos últimos equivocadamente vinculados por la prensa y las autoridades como una estructura propia cuando son un engranaje más de estas organizaciones con la responsabilidad especifica en su gran mayoría del tema de “seguridad y protección”. Podría pensarse al visitar estos sitios en la imagen típica del habitante de la calle, como la relación directa del imaginario del “perfil profesional” de quienes desarrollan este tipo de acciones; pero cuán lejos se está de la verdad cuando muchas de estas funciones son desarrolladas por profesionales que ostentan ante los diferentes círculos sociales una fachada de probidad vinculada a nuestra sociedad en todas las estructuras.
En el día de hoy alguien cuestionaba a cerca de como ante el uso de menores para las actividades de distribución y otras afines la autoridad no realizaba un ejercicio pleno de intervención que permitiera terminar con estos sitios y quienes las controlan. La respuesta es sencilla; como la prensa y la ciudadanía lo ha denunciado en diversas ocasiones, existe dos formas tradicionales de vinculación a estas estructuras por parte de la fuerza pública y otros funcionarios, no solo de rangos medios sino de las más altas esferas del poder; de una parte, podemos encontrar la tan enquistada sombra de la corrupción que permite que exista un servicio policial y presencia institucional permanente que permite la continuidad del delito y convive con estas estructuras diariamente y por otro lado se encuentran grupos cuyo financiamiento a campañas y la vinculación al lavado de activos a través de empresas con fachadas legales permite la continuidad de estos fenómenos a través de defensas políticas que nos permiten coincidir con otras organizaciones e investigadores en la existencia de una “narco política” con los acuerdos de “gobernabilidad” pasando desde el financiamiento de actividades electorales hasta la aprobación de planes de ordenamiento y de seguridad que protejan estas “mafias” y defiendan sus intereses.
La más reciente manifestación de su poder ha escandalizado a la opinión pública en tiempo reciente; el reclutamiento y abusos de los que han sido victima niños y niñas por parte de estas organizaciones, pero para nada es nuevo este tipo de hechos. Continuamente grupos de pandillas, parches y combos han venido utilizando seres humanos como forma de pago ante las deudas adquiridas alrededor del tráfico de estupefacientes, la vinculación de estas poblaciones es atractiva para el desarrollo del delito ante la inimputabilidad de las mismas y el constante proceso de culpabilidad mediática por parte de las instituciones y referentes que deberían tomar medidas frente al tema, pero que se mantienen ausentes de procesos de intervención efectivos enmarcados en la “seguridad integral”.
El fenómeno no solo se encuentra latente en “El Bronx” o en otras zonas de pleno reconocimiento, realmente se ha venido afianzando en toda la ciudad donde según el último estudio desarrollado por el Observatorio Distrital de Convivencia, Paz y Seguridad – ODCOPAS -, muestra que existen alrededor de un promedio de 56 expendios de distribución por localidad y en algunas pueden ser más de 200 sin contar los puntos flotantes que no mantienen una permanencia y control territorial efectivo, con un crecimiento constante y en algunos territorios con la constitución de poderes plenos que les permiten mantener “fronteras invisibles” y permear el tejido social a través de las extorsiones, el pago de seguridad privada ilegal y los prestamos gota a gota, por ejemplo.
Hasta tanto no se dejen de maquillar las cifras, la incidencia, el impacto y se devele la verdadera identidad de quienes lideran estas organizaciones criminales que manejan a su antojo desde la distancia estos sectores, seguiremos en telenovelas y en especiales periodísticos que cada vez se parecen más a las primeras, la celebración de las captura de mandos bajos presentándolos como “bandas” mientras que los directos responsables se mantienen en la impunidad con la imagen de “honestidad y transparencia”, celebrando en los clubes de alcurnia la continuidad de un proceso de desintegración y afectación social que puede dejar ganancias superiores a los quinientos millones semanales por punto de distribución.
La responsabilidad de las familias, las instituciones, el comercio, la industria, los políticos y en general de toda la ciudadanía debe ser asumida de manera articulada para lograr una combinación de procesos de prevención e intervención, desde lo psicosocial, lo urbanístico, la seguridad ciudadana, las redes económicas y demás mecanismos que nos permitan dar fin a estos territorios vedados no solo en el centro de la capital sino en todos los sectores de la ciudad y el país, que se ven afectados por su accionar y que vienen incrementando de manera directa las estadísticas y los índices de inseguridad. Solo el tomar en serio esta problemática con el conocimiento pleno en una armonía entre lo académico y la realidad nos permitirá construir una ciudad y un país, cero tolerantes con el delito, 100% justicia social.
