Sin duda alguna, los discursos y señalamientos que algunos sectores políticos hacen al presidente y a la coalición de gobierno, con un fin electorero como objetivo real, están llenos de alarmismos y distorsión de una realidad que no sufre mayores alteraciones por el anuncio hecho desde Venezuela por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y otros cabecillas de las Farc-Ont, de retomar las armas “ante el incumplimiento de los acuerdos de La Habana”.
No se puede minimizar el hecho de las llamadas “disidencias”, que operan desde mucho antes de la firma de esos acuerdos en el gobierno de Juan Manuel Santos y sin duda son un factor de grave alteración del orden público y de seguridad ciudadana, pero tampoco tienen el alcance catastrófico que los enemigos del gobierno quieren presentar; la capacidad de liderazgo de estos cabecillas no es tan sólida como para temer una desbandada de los desmovilizados hacia las estructuras criminales de las Farc-Ont, ni para determinar una unidad orgánica con otras bandas criminales que operan en el país y que tienen asiento transnacional en Venezuela o Ecuador.
No es atinado hablar de una “nueva guerrilla” o del “retorno de la guerra”, cuando pese a la firma de esos acuerdos los factores de violencia y delincuencia en el país no cedieron de forma tan evidente, ya que no todas las estructuras armadas de las Farc-Ont se hicieron parte del proceso de desarme y reintegración; una parte importante de los mandos medios más experimentados al frente de terroristas más comprometidos en el narcotráfico que en la lucha ideológica de las guerrillas, mantuvieron el control territorial de las Farc y aunque aparentemente dispersos y sin comunicación con el antiguo Secretariado, no variaron la dinámica delincuencial de sus operaciones.
La disparidad de las cifras de desmovilizados que presentan los organismos oficiales, la misión de la ONU y las mismas Farc, no permiten establecer a ciencia cierta cuántos hombres se acogieron al proceso y cuántos quedaron en armas; el secretismo de esas desmovilizaciones y de la entrega de armas contribuye sin duda a esa incertidumbre; si nos atenemos a cifras dadas por organismos no oficiales como Ideaspaz.org[1], a la firma de los acuerdos de La Habana, o Pacto del Colón, 1.200 hombres distribuidos en 18 estructuras que operaban en 13 departamentos del país, conformaron las llamadas entonces “disidencias o grupos residuales”.
Si tenemos en cuenta que entre 2002 y 2011 se desmovilizaron individualmente 13.600 miembros de las Farc, datos consolidados en el Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Oficina del Alto Comisionado de Paz y misión ONU, cifra a la que deben sumarse las bajas causadas en combate y los asesinatos ocurridos durante los debates internos de la narcoguerrilla, la cifra de 11.816 integrantes de frentes activos, presos y milicianos urbanos, resulta inverosímil, pues en su época de mayor esplendor a finales del siglo pasado, las Farc apenas alcanzaron a sumar 20.000 hombres sus filas, cuando la meta fijada por la VIII Conferencia era tener 60.000 hombres en el Ejército Bolivariano operando en Latinoamérica.
Una cifra más real de la fuerza de las Farc hacia 2012, nos indica que no contaba con más de 5.800 hombres en armas y de ahí las instrucciones desesperadas del Plan Renacer de Alfonso Cano que orientaron el reclutamiento masivo de niños y adolescentes para suplir el elevado número de bajas, capturas y desmovilizados que se presentó con ocasión de la Política de Defensa y Seguridad Democrática entre 2003 y 2010.
Debe recordarse que las Farc en 1985, establecieron tres fases para su guerra contra el pueblo colombiano: La primera, que debía darse en los siguientes cinco años, buscaba desdoblar sus frentes guerrilleros por todo el país hasta alcanzar 48 con un número de 600 hombres cada uno. Lo que se proyectó era alcanzar 30.000 en armas hacia 1990. La segunda fase se diseñó para copar la cordillera Oriental con 15.000 guerrilleros y otros 5.000 militantes. Sobre esa base, a mediados de los años 90, se estipuló una ofensiva para atacar a las Fuerzas Armadas, copar territorialmente municipios estratégicos, ampliar su zona de retaguardia e influenciar organizaciones político sociales. Para las Farc era claro que cuando llegaran a los 60.000 hombres podían llegar a la Plaza de Bolívar en Bogotá, instalar un gobierno provisional y tomarse el poder. Fue esa su fantasía.
De los planes estratégicos de las Farc-Ont, el que mejor resultado les dio fue la infiltración de los poderes públicos y organismos del Estado a través del Partido Comunista Clandestino Colombiano o PC3, del cual hicieron parte antiguos militantes del tradicional Partido Comunista Colombiano, el cual había perdido autoridad política por acomodamiento y aburguesamiento de sus cuadros de dirección, así como gentes con algún poder social, político y económico, funcionarios del Estado de todos los niveles, cuyos nombres permanecen clandestinos por decisión de jueces que prohibieron adelantar cualquier proceso similar al adelantado con ocasión de la llamada parapolítica, pero que la sociedad colombiana conoce muy bien por sus actuaciones.
El número de armas “dejadas” en manos de la misión de la ONU tampoco es fiable, en aras de no “humillar” a las Farc-Ont con actos de entrega de armas, como lo hicieron las demás guerrillas desde los años 90, nunca se conoció cuántas y qué tipo de armas dejaron; posteriormente se justificó “por razones de seguridad” la no entrega de los alijos de armas, municiones y explosivos que esa narcoguerrilla mantenía encaletadas, teniéndose apenas una mediana idea de su cantidad y calidad por los hallazgos de las Fuerzas Militares y Fiscalía; como tampoco nunca se aclaró cuántos efectivos y qué tipo de armas quedaron en manos de las estructuras que se asentaron en Venezuela y Ecuador.
Si se tiene en cuenta que para 2012 la mayoría de las redes de apoyo y de milicias urbanas habían sido desmanteladas, sumando entonces los terroristas que se encontraban en las cárceles, la cifra de 7.000 hombres en armas a la firma de los acuerdos se aproxima más a la realidad, descontando los 3.000 hombres que permanecen en las llamadas ETRC, tendríamos que en estos 3 años han defeccionado del proceso cerca de 2.200 hombres, con lo que la fuerza real de las disidencias se aproxima a los 4.000 individuos, la misma cifra que tenían en los años 80 cuando se dio un proceso similar en los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco. No es el 10% de que habla Juan Manuel Santos y sus conmilitones, en la guerra de propaganda que adelantan para culpar a Iván Duque del fracaso de una paz imperfecta, pero tampoco de una nueva guerrilla que amenace de manera crítica la seguridad nacional; el gobierno Duque la ha definido bien: es una banda criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal y todos los delitos atroces ligados a ellos.
Pero tampoco se puede menospreciar la amenaza a la seguridad nacional y al orden público que representan las Farc-Ont y una eventual unidad con el Eln y las bandas criminales para consolidar el narcotráfico; no se puede caer en el error cometido desde el gobierno de Guillermo León Valencia hasta 2002, de considerar estos fenómenos delictivos como de tratamiento puramente policivo o político; ni el Eln, ni los grupos residuales de Farc-Ont o Epl, tienen voluntad para acordar el fin de la amenaza narcoterrorista y así queda evidenciado; no son “chicos nerviosos por el incumplimiento de los acuerdos”, como desvergonzadamente predican senadores de Colombia Humana y el Partido Verde, son avezados criminales dispuestos a imponer mediante el terror su sueño de una narcorepública disfrazando de socialismo su accionar delincuencial.
El gobierno de Iván Duque debe restaurar la tríada Fuerzas Armadas-Gobierno-Pueblo y poner en marcha una estrategia militar contundente y a la ofensiva como las desarrollada con la Política de Defensa y Seguridad Democrática entre 2003 y 2012, hasta someter o neutralizar todos estos grupos criminales; hoy hay que tener en cuenta un factor de suma importancia, la tiranía venezolana en su desespero por mantener el poder está utilizando a las Farc y Eln como sus puntas de lanza en la agresión a Colombia y puede buscar como excusa la tensa situación de El Catatumbo, agravada por la oleada de migrantes, para crear un conflicto armado contando con el apoyo logístico de Rusia, que ya ha establecido unidades militares en la frontera.
Otro aspecto que no puede minimizarse es el del papel que juega el adoctrinamiento de niños y adolescentes en el sistema de educación pública primaria y secundaria y que se evidencia en la participación insultante en redes sociales apoyando, sin conocer objetivamente la historia de la amenaza narcoterrorista, las tesis anarquistas de la izquierda colombiana que no ha renunciado o ha adoptado la combinación de las formas de lucha como instrumento político. El papel de organizaciones como Fecode debe ser objeto de preocupación no solo para el Mineducación, sino para los organismos de seguridad porque seguramente de ese grupo poblacional podrán surgir los refuerzos ingenuos para la continuación de la agresión de las Farc y otros grupos criminales.
No es estigmatizar un gremio, muchos de los maestros colombianos son ciudadanos de bien, pero esa minoría que alienta el odio de clases y utiliza la cátedra como escuela de subversión, está afectando gravemente a todo el magisterio y a la sociedad. Ellos son los primeros llamados a denunciar y erradicar este fenómeno delictivo de su seno para no sufrir el señalamiento generalizado que se presenta.
En resumen, no hay una nueva guerrilla, ni una nueva guerra, ni hay un triunfo de guerreristas distintos a los que han optado por seguir la ruta criminal narcoterrorista como modo de vida; desgraciadamente para Colombia, simplemente se están materializando las advertencias que se hicieron sobre un proceso que buscaba una paz imperfecta y no una paz real para el país, que solamente sirvió como excusa para alimentar la corrupción política con el reparto a manos llenas de contratos y compromisos por una pedagogía y una implementación de una paz basada en mentiras y engaños sobre su naturaleza.
[1] Fundación Ideas para la Paz. Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las Farc. Serie Informes No. 30. Abril 2018.
