Ayer nos despertamos con la noticia de un nuevo ataque al padre Chucho con amplio despliegue mediático, y esta vez sus feligreses, a diferencia de lo ocurrido cuando se acercaba la celebración de Halloween del año 2015, no fueron tan pintorescos como aquella vez en la que el sacerdote difundió en los medios de comunicación la idea de que una supuesta secta conocida como los Testigos de Gokú lo había atacado, y aunque sus feligreses manifestaron que la vida del sacerdote corrió peligro, luego salió a flote la verdad. En realidad se trató de una protesta pacífica realizada por un grupo de ateos en una zona pública en la que reclamaban por el uso ilegal del parque del barrio Castilla, un hecho que años atrás ya había sido denunciado por los medios de comunicación cuando Blanca Inés Durán era directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). Los medios de comunicación olvidaron el tema, y el sacerdote retomó sus andanzas hasta que un pequeño grupo de manifestantes de la Asociación de Ateos de Bogotá y la Corporación Bogotá Atea armados con la documentación que demostraba la usurpación arbitraria del espacio público, enfrentaron a los feligreses de manera pacífica durante una de las ruidosas celebraciones; y según consta en los videos que sobrevivieron, fueron los manifestantes quienes fueron agredidos por la turba enfurecida de cristianos alentados por el sacerdote.
Luego del incidente de octubre del año 2015 y con un compromiso ya establecido por la parroquia para no seguir invadiendo el espacio público, se presentaron en diciembre del mismo año una serie de reuniones en las que las partes involucradas buscaron llegar a un acuerdo. En dichas reuniones de conciliación participaron delegados de la Alcaldía de Kennedy, la Subsecretaría de Asuntos Locales, feligreses católicos de la Parroquia de Castilla, la Junta de Acción Comunal de ese barrio, el DADEP, la Corporación Bogotá Atea y el IDRD. Los ateos no aceptaron las propuestas de conciliación debido a que implicaban el uso ilegal del espacio público y el 11 de diciembre la alcaldía mayor da la razón a los manifestantes negando el uso del parque para actividades litúrgicas ratificando que la administración de dicho parque estaba a cargo del IDRD que ya se había pronunciado en respuesta a un derecho de petición radicado por los ateos y cuya respuesta se usó para legitimar la acción de protesta.
La historia no paró ahí. Ante la evidencia de que el padre Chucho seguía usando ilegalmente el parque público aledaño a su parroquia, y ya habiendo agotado los mecanismos legales de los que disponíamos incluyendo en estos la protesta pacífica, Arturo Vargas, uno de nuestros compañeros de la Asociación de Ateos de Bogotá instaura una acción de tutela alegando el derecho de los niños al uso y goce del parque. El juez de primera instancia considera que aún hay mecanismos disponibles para enfrentar la situación, pero en el mes de mayo del año 2016 el juez de segunda instancia da la razón al accionante prohibiendo definitivamente el uso del parque de Castilla para actividades litúrgicas al considerar que dichas actividades no contaban con los permisos necesarios.
El padre Chucho que tres años atrás había jurado ante las cámaras de Noticias Uno que solo le pediría permiso a Dios no da su brazo a torcer y a pesar del fallo judicial en contra vuelve a usar el parque de Castilla manifestando como siempre que tenía todos los permisos en regla. Parte de la evidencia obtenida indica que durante los respectivos domingos de ramos de los años 2017 y 2018 con los que se abre la celebración católica de la semana santa, pudo más su ego que la obligación de cumplir la ley, lo cual hizo necesario que el accionante presentara un recurso judicial conocido como “incidente de desacato” justo después de la semana santa del año en curso, es decir, del año 2018. Durante el trámite del incidente de desacato, el 19 de abril del año 2018 el juzgado ordena emplazar a las partes accionadas para que justifiquen las actuaciones denunciadas en el documento que sustenta el incidente de desacato presentado por Arturo Vargas al mismo tiempo que ordena suspender cualquier evento en el parque como medida provisional, lo cual permite que los señores Cesar Augusto Almonacid Rubio, representante legal de la Diócesis de Fontibón, y Jesús Hernán Orjuela Pardo, quien preside la parroquia Jesús Amor Misericordioso del barrio Castilla, se pongan al tanto de que sus acciones han sido vigiladas y se exponen a un nuevo fallo judicial en su contra con los agravantes que esto conlleva.
Ante la cercanía del fallo judicial me toma con preocupación, pero con escepticismo el ataque al templo que preside el padre Chucho y la consecuente victimización mediática del sacerdote máxime cuando sus feligreses manifiestan ante el canal caracol que los responsables son ateos, y que son personas no creyentes que no están de acuerdo con las concentraciones realizadas por la iglesia. No es posible identificar si unas personas son ateas a través de las cámaras de vigilancia, lo cual permite afirmar que mencionar a los responsables como ateos, es una acción irresponsable que estigmatiza a un sector de la ciudadanía debido simplemente a su característica de no creyentes en Dios. Las organizaciones ateas de la ciudad de Bogotá han emitido un comunicado de prensa en el que reprochan el vandalismo y reiteran que la afirmación apresurada que supone que los vándalos son ateos, estigmatiza y pone en riesgo a las personas que durante años han denunciado la forma como la parroquia Jesús Amor Misericordioso y la Diócesis de Fontibón se han lucrado sin los respectivos permisos del parque aledaño a la parroquia Jesús Amor Misericordioso del barrio Castilla en la ciudad de Bogotá.
