Los “ocupas” no es solo un fenómeno español, ni se circunscribe a las viviendas de Bogotá y Chía, como lo denunció Séptimo Día. Es un fenómeno del campo colombiano que sigue sin solución.
Inés es una mujer de la tercera edad, próxima a cumplir 73 años. Gozó del reconocimiento de la sociedad neivana gracias a su trayectoria como parte del primer grupo de danzas del Departamento del Huila bajo la dirección de Inés García de Durán y luego como abogada. Se desempeñó como juez de la República, magistrada auxiliar del Tribunal Superior de Neiva; en años recientes, varios de sus casos como litigante tuvieron resonancia nacional: el elefante blanco del Estadio de Neiva Guillermo Plazas Alcid, el 4 por mil; no obstante, Inés, como persona honrada, vive con modestia.
Su finca de 147 hectáreas (según matrícula inmobiliaria en el IGAC y Certificado de Libertad y Tradición) heredada de su madre en el municipio de Tello, Huila, nunca fue explotada directamente por ella ni por su descendencia, por su falta de conocimientos y de vocación en materia agrícola y ganadera; así que siempre la arrendó a ganaderos de la región. Inés tiene contratos de 700 mil pesos anuales a cambio de que le levantaran cercos que evitaran posibles invasiones, hasta 5 meses atrás, que fue cuando decidió venderla.
En 2021, Inés sufrió trombosis ocular, glaucoma, que la dejaron casi ciega; y en 2022, sufrió un infarto por taponamiento de la arteria coronaria y fisura arterial a nivel del corazón. Todos sus hermanos de madre, padres, buena parte de su familia, ha muerto. Hoy depende del cuidado de su único hijo.
Así las cosas, su finca ha caído en manos de invasores que se burlaron de su vejez, de su situación económica calamitosa y carente de pensión, pese a su historia personal, solicitando sin efectos ayuda a las instituciones de Tello.
En un trabajo de investigación periodística, fuimos a Neiva y a Tello, Huila, revisamos los certificados de Libertad y Tradición de la finca, levantamos escrituras en diferentes notarías, pedimos una ficha técnica al IGAC y todo dice que Inés tiene el pleno derecho sobre su finca (puede evidenciarse la tradición de esta finca en la familia de Inés desde el siglo XIX), para que no se hable de que es un caso parcializado, ante las diferentes invasiones que aquejan a Tello (ver fuente):
EVIDENCIAS
Títulos de Adquisición: Escritura Pública No. escritura 3646 del 05-12-2019 Notaría Quinta de Neiva.
Matricula Inmobiliaria: No. 200- 57583.
Cedula Catastral: 417990000000000070037000000000.
Predio rural denominado: “ Resto de la finca Las Mesitas”, Vereda Tello, hoy Potrerillos.
Ver Evidencia 1.
Ver Evidencia 2.
Ver Evidencia 3.
Ver Evidencia 4.
Ver Evidencia 5.
Ver Evidencia 6.
Inés ha entrado en contacto como abogada con las autoridades competentes, pero todo parece indicar que en el campo colombiano, tal como lo explicaron Alfredo Molano, Arturo Álape, Daniel Pecaut, Camilo González Posso, Orlando Fals Borda y Fernán González, no hay Estado. Solo la ley de la barbarie, la ley del más fuerte. El campo colombiano es ajeno a la Modernidad porque sus instituciones no sirven para otra cosa que para cobrar sueldos, si las hay. El campo colombiano es el vientre de una madre de tiburones, sin empatía, con hambre y donde se afilan a cada mordisco sobre la carne de los débiles, los dientes de la psicopatía; es el foco de guerrillas que viven de la extorsión y de la expropiación, que hacen que decir que “Colombia es un país agrícola” sea un mito tristemente irrisorio. Colombia no es un país agrícola. Colombia como República ni siquiera existe en lo rural, a duras penas en la ciudad.
Entrevistamos a Inés y esto es lo que nos dijo:
—La inspectora Ivone Arias de Tello le ha dicho a mi hijo “yo no puedo actuar tan rápido”, pero lo cierto es que llevamos más de un año en esto. Hace tiempo le pedí que solicitara a las personas colindantes a mi finca e invasores los certificados de libertad y tradición cada vez que nos informaban que corrían cercos o que iniciaban un intento de construcción para evitar un problema y el problema hoy es mayor. Desde hace unos siete años me vine a enterar hoy, que hay invasores legalizando predios con la ayuda del notario de Baraya, quien les ha generado escrituras sin sentencias que ratifiquen la posesión. Estas personas a su vez cometen delito de estafa al vender predios sin escrituras. Según el notario de Baraya, no puede escriturar menos de tres hectáreas. ¡Imagínese! El notario tendrá que presentar los fallos por posesión de los jueces que le permitieron escriturar mis predios que nunca han estado abandonados, o se irá a la cárcel. Tello tiene 15 mil habitantes, pero la inspectora dice que no le alcanza el tiempo para atender un problema que es urgente. Apenas hoy se movió al ver que habría prensa nacional en esto. Mi propiedad es más grande que el pueblo entero y ha estado en jurisdicción de una inspectora inoperativa. El alcalde tampoco provee ayuda ni soluciones y está al tanto. Quiso comprar las tierras para urbanizar, pero a precio de huevo y solo las mejores hectáreas. En esta última semana ya tengo una casa nueva hecha por los invasores, esta es en bloquelón y otra adentro en tejas y tablas. La Policía del pueblo tiene miedo de entrar y de sacar los invasores sobre la carretera y a los venezolanos de adentro. La finca es muy extensa. Ahora, en estos casos, hay cuatro opciones: la primera es la vía conciliatoria con los invasores que se ha agotado; la segunda es la restitución del derecho a la propiedad por la vía policiva; la tercera, es la vía judicial que puede tomar años y hemos apelado a ella; y la cuarta, contratar un grupo privado de seguridad y meterlo dentro de mi finca para sacarlos a la fuerza, y teniendo el pleno derecho, he decidido no hacerlo; esa vía podría tener consecuencias fatales y no quiero cargar con eso el resto de mi vida… En Neiva el comandante de la Policía ya está haciendo estudio jurídico para entrar y lograr un operativo lo menos violento posible. Yo quiero que me traigan los recibos de compra que no tienen respaldo de certificados de libertad y tradición para poner a esos invasores que venden fraudulentamente mis tierras en la cárcel. Pero dependemos del aval de una inspectora que se ha mantenido ajena a los problemas. Esto creo que no se va dar y mi única opción pacífica será la vía judicial, que cuando se resuelva, ya habré perdido toda la finca.
—¿Por qué la vía policiva ha sido inoperativa?
—Suponemos que la inspectora tiene miedo y los policías del pueblo también. Le hemos dicho que esto es la República de Colombia, no la República Independiente de Tello, manejada a su antojo por invasores sin títulos con la facultad de despojar a una anciana de su único ingreso con la ayuda de un Estado que tiene burocracia, que cobra sueldos, pero que no hace cumplir las leyes.
—¿Cuándo fue la última invasión?
—Hace una semana. Llegaron a bañarse en las quebradas de mi finca un grupo de venezolanos, lavan la ropa y tienen un asentamiento bien adentro de la finca. Los vimos con mi hijo, mi nuera y un médico que fue a ofrecer compra por la finca, el Dr. Luis Arturo Rojas Charry. Varios de estos invasores se movilizaban en motos. Y también la vecina, aprovechando la coyuntura, ha metido a mi finca su ganado con escrituras hechas sin respaldo de un fallo judicial; el notario de Baraya debe ser por ello investigado; otro vecino sembró y cercaron sobre la vía principal, son parientes (...) y otro señor Eustiquio Plazas, así como el señor José Sánchez, han comprado a la familia asentada Campos y Rincón Campos, títulos cuya procedencia estimamos es espuria. Por la negligencia de las autoridades, los invasores ya construyeron una casa sobre la carretera principal, junto a la valla de SE VENDE y tengo cercas eléctricas nuevas que no son mías. Tienen niños, no puedo sacarlos a la fuerza. Espero que bienestar familiar acompañe a la Policía y les restituya los derechos para que sea una retoma lo más pacífica posible. La negligencia de la inspectora de Policía me ha costado millones. Millones de pesos perdidos en un año de no actuar. Un problema que a todos nos quita la tranquilidad. Seguimos a la espera de que nuestra paciente inspectora les exija los certificados de libertad y tradición, escrituras o sentencia judicial que ratifique la posesión, ya cuenta con algunos que proceden del notario de Baraya, que no recibió fallos de posesión para emitir los títulos, pues no hay ningún caso contra mi matrícula inmobiliaria en el juzgado de Tello.
—Claro, el deber de la inspectora es garantizar el cumplimiento de la ley en nombre de la República de Colombia y debe investigar siempre que se le solicite y que pueda hacerlo para evitar algo mayor.
—Así es. Si no hay seguridad, no hay Estado. Ella, el alcalde, el juez, la Policía, son en este caso el Estado. Yo pago impuestos para pagar sus sueldos; y no pago impuestos para que esa gente que no ha trabajado en su vida por tener sus cosas usufructúe la finca que me dejaron mis ancestros para que no pasara afugias ni necesidades y a la que le he pagado impuestos del sudor de mi frente toda la vida. Es inaudito.
—¿Y qué argumentan los invasores?
—Que tienen títulos o recibos de pago hechos en hojas de cuaderno. Pero como le dije, ayer estuve en el juzgado municipal de Tello y no hay ningún proceso judicial ni presente ni pasado contra mi matrícula inmobiliaria. Esas personas no tienen nada. La finca estuvo arrendada hasta hace poco. La inquilina Pilar Vargas es testigo al igual que un contrato de arrendamiento de que no he abandonado mis tierras y su compromiso ha sido pagar 700 mil pesos anuales y cercar.
—¿Qué espera del Gobierno?
—Que compre mi finca, ya que no me la puede defender y me permita subsistir con la venta. Quieren una reforma agraria que implica vender ante el hecho de que el Estado no puede garantizar la seguridad ni el desarrollo agrícola, porque la otra opción es seguridad privada, esto es, que los finqueros apelen a la ayuda de grupos armados al margen de la ley. Ahora entendemos por qué la reforma. Porque no se puede garantizar la seguridad de la propiedad en el campo y esto es histórico. Sin seguridad no hay inversión privada ni producción a gran escala. Los bancos solo le prestan a los que no necesitan, en muchos casos, para los que necesitan bajar la deuda de su declaración de renta ante la DIAN. La tierra debe ser para los bandidos, para los flojos y los maleducados, para los invasores que no saben hacer otra cosa que coger un fusil AK47 o vivir parasitariamente. La gente decente, que ha pagado impuestos a lo largo de la vida, importamos muy poco, somos tildados de clase opresora y señalan que todo lo del rico es robado. En mi caso, nunca he sido rica; las escrituras son elocuentes, hemos trabajado la tierra históricamente, sin abusos a las clases populares y no me hice a esa finca hace dos meses. Ha estado en mi familia por más de 100 años, pero ya fue suficiente. Ministra de Agricultura Cecilia López, Presidente Petro, cómprenme la finca y entréguensela a los invasores.
