Luego de un álgido debate en la Cámara de Representantes, donde los partidos tomaron una posición acorde a sus electores —que desean un país sin guerra y con una estabilidad social en aras de garantizar esos fines estatales contenidos en el artículo 2 constitucional—, se aprecia que la encargada del ramo justicia del ejecutivo se encuentra en una posición totalmente diferente a lo que le compete.
Esta mañana en Blu Radio, haciendo alusión al evento político trascendental que dio la primera victoria a las víctimas y al modelo de justicia restaurativa implementado a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, la señora ministra, en una posición bastante improvisada, manifestó que no es vocera de las objeciones al proyecto de ley procedimental de la corporación enunciada, lo que muestra claramente que gracias a su inexperiencia en cargos ejecutivos no es clara en tomar posiciones jurídicas ni políticas para defender al gobierno del que hace parte y, sobre todo, en el cual se han hecho posturas radicales en contra de la rama judicial.
Esa misma inexperiencia ha traído consigo episodios quiméricos que plantean escenarios quijotescos y nefastos para la seguridad jurídica, dado que si no se da el trámite pertinente para la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP, esta corte podría establecer vía reglamento interno la forma de proceder, a falta de una norma de esta naturaleza aprobada en el Congreso, claramente apoyada en los actos legislativos 01 de 2016 y 02 de 2017 y las leyes vigentes sobre la materia.
Señora ministra, recuerde que de conformidad a sus funciones, contenidas en la ley y el decreto único reglamentario del sector justicia y el derecho, en especial lo que reza en el artículo 1.1.1.1.: "El Ministerio de Justicia y del Derecho como cabeza del sector justicia y del derecho formula, adopta, dirige, coordina y ejecuta la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos". Pues bien, le compete ser la coordinadora ante el Congreso de la República para defender lo propuesto por el señor presidente en este ramo, sin embargo, ante su falta de posturas claras, ha olvidado lo de su resorte y a su vez se ha convertido en un sofisma constante en el cual evade responsabilidades y saca excusas muy particulares como por ejemplo la de 4-72.
Atendiendo todos estos episodios, le puedo decir, con todo el respeto, señora ministra, que sus funciones legales se las mandaron por 4-72 y nunca le llegaron, por lo que siendo coherente y afrontando una posición gallarda, debería renunciar para no dejar tan mal parado al señor presidente.
