El Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana existe en la práctica desde 1958 cuando el presidente general Gustavo Rojas Pinilla decidió trasladar la Policía Nacional del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Guerra. No es una novedad, entonces, la creación del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, pues si bien el actual no tiene esta denominación, siempre ha habido uno a cargo de la seguridad pública y de los asuntos de policía. Se anunció la creación de la Dirección de Derechos Humanos en la Policía Nacional, que ha funcionado intermitentemente adentro y afuera de la Inspección General, tradicionalmente ha estado a cargo de versados oficiales en la materia. Otra propuesta es la creación de la Universidad de Policía, que ya funciona con las acreditaciones requeridas por el Ministerio de Educación; y finalmente está el nuevo modelo de servicio de policía, ahora llamado el cuadrante del vecindario, que de acuerdo con su formulación es la conjugación de los ya vigentes, el plan cuadrantes en marcha desde 2010 y la policía comunitaria creada desde 1993. Así las cosas, no estamos al frente de una reforma policial, sino de un proceso de ajuste y modernización.
El cambio de uniforme, ha generado mayor expectativa y contradicciones. En adelante será azul, para los policías y las patrullas destinadas al servicio de vigilancia. La Dirección General ha realizado un estudio riguroso que le permite presentar este nuevo modelo como el más adecuado y versátil, y no hay duda de la responsabilidad con la que se abordan estas decisiones. Sin embargo, es amplia la incertidumbre de quienes no comparten este paso. Se cuestiona la decisión de conservar dos colores de uniformes en la Policía Nacional, el verde oliva para operaciones especializadas y el servicio rural, y el azul para la seguridad ciudadana urbana. Se corre el riesgo de crear divisiones entre los policiales que serán identificados por su atuendo azul o verde. Se fracciona la identidad corporativa adentro y afuera, que podría además, profundizar la baja estima que subyace en la especialidad de vigilancia. Algunos consideran que serán asimilados a guardias del Inpec o de la vigilancia privada, y otros se preguntan si será igual o más complejo subvencionarlo, pues la dotación anual nunca es suficiente, y si hubiera sido mejor abonar dicho presupuesto al incremento salarial tan necesario y anhelado por los policías.
Pero la razón más poderosa gira alrededor de los asuntos críticos que deberían hacer parte de una reforma sustancial en la Policía Nacional. Que no estén anclados a cambios de forma, denominaciones o estructuras, sino a una revisión crítica del modelo de servicio de policía, el esquema de incentivos y la educación policial; así lo demuestra el volumen vertiginoso de diagnósticos publicados sobre reformas a las policías. En un mundo cada vez más secular y diverso, escaso en valores; y en un país como el nuestro cuya policía lo ha dado todo para ser la mejor, la marca ¨Policía¨ solamente se incorporará en el corazón, la razón y la vocación de los jóvenes, cuando se ofrezcan soluciones reales de estabilidad económica, para alcanzar los retos profesionales, edificar familias, y con blindaje sólido ante el peligro físico, jurídico y moral que se enfrenta diariamente. La llave maestra de una renovación estratégica policial, estructural, pragmática e inmediata, está en afinar el modelo apropiado de servicio, el incremento sustancial del salario y en la educación de los policías. La vocación, y es meláncolico afirmarlo, hoy en día es un desencadenante.
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La marca ¨Policía¨ solamente se incorporará en el corazón, la razón y la vocación de los jóvenes, cuando se ofrezcan soluciones reales de estabilidad económica
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La Dirección Nacional de Escuelas ha hecho esfuerzos importantes para desarrollar el mejor proyecto de formación policial. En sus campus se gradúan no solo uniformados, han sido muchas las promociones de particulares exalumnos en Seguridad Pública, Investigación Criminal, Criminología y Criminalística, con títulos de pregrado, especialización y maestría. No obstante, la calidad académica siempre es un desafío superior, requiere elevarse, demandando una revisión a fondo de la planta de docentes y la exigencia en su selección, mejorando la remuneración y ubicándola en los estándares de las mejores universidades del país. La programación académica debe respetarse con rigurosidad, evitando su afectación por coyunturas de orden público, protocolo y refuerzos de seguridad, porque el contenido programático, si bien ha sido juiciosamente evaluado y ajustado, exige afianzar temas cruiciales en la formación del policía, como : los valores, el liderazgo ético y efectivo, la casuística, el entrenamiento práctico en el uso de la fuerza, la táctica básica policial, el manejo de la ponderación en la adversidad, los escenarios de crisis y la mediación policial, además de la necesidad urgente de incorporar en la doctrina un programa de mentoría práctico, creativo e inteligentemente diseñado y perdurable en el tiempo.
Para que el nuevo segundo nombre del Ministerio de Defensa, cumpla con su espíritu, es necesario asignarle a la Seguridad Ciudadana el nivel que exige el país, comenzando por superar de tajo los roles y las misiones, definir con precisión las amenazas a la seguridad multidimensional y asignar responsabilidades y misiones específicas a cada fuerza, determinando al fin de cuentas, cuál es el ente rector de la Seguridad Ciudadana en el país: ¿la Alta Consejería para Seguridad Nacional?, ¿el Ministerio del Interior?, ¿el Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana? y si es este último, como parece ser, los protagonismos y la lucha de poder por la gestión territorial de la seguridad y los resultados, deben desaparecer, buscando además equilibrio en la adecuada, transparente y proporcional distribución de los recursos entre la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Por ejemplo, ante la escasez, qué debe prevalecer, la adquisición de corbetas, aviones de guerra o tecnología, patrullas y más policías para la seguridad ciudadana. También es hora de resolver la dicotomía en materia de articulación interinstitucional, el relacionamiento y responsabilidad de gobernadores y alcaldes, y la puesta en marcha sin dilaciones de los Consejos Superiores de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el de Política Criminal, los que en la práctica no funcionan.
El Banco Interamericano de Desarrollo-BID, dispone de un departamento especializado en Seguridad Ciudadana, realiza publicaciones periódicas sobre la materia con estricto rigor investigativo. El 5 de Junio difundió un informe profundo sobre las políticas públicas de seguridad que demandan los ciudadanos en latinoamérica para combatir la delincuencia; sus conclusiones son muy aproximadas a las necesidades del caso colombiano: mayores recursos para las instituciones policiales, mejoramiento salarial a los policías que redundará en la calidad del servicio, incremento del pie fuerza policial y la adopción de medidas urgentes para reducir la criminalidad, se sorprenderán pero muchos están de acuerdo con reducir programas de lucha contra la pobreza a cambio de tener mayor seguridad y tranquilidad. Y aunque gran parte de estos hallazgos eran previsibles, aplican para las policías de la región, en época de serias convulsiones, donde, como afirma el estudio, la paciencia de los latinoamericanos frente al delito se está agotando, en gran medida, y como ocurre en Colombia, por los efectos de la pandemia, el vandalismo en las protestas y la alta percepción de inseguridad, que alcanzó en nuestro país un indicador histórico del 92 %. Nunca antes visto.
