Próximamente se hará efectiva la entrada en vigencia de la Ley 1951 de 2019 que creó este ministerio. Es positivo que se le haya conferido a la ciencia ese alto estatus dentro de la estructura del Estado pero su diseño fue una pérdida de oportunidad —todavía subsanable— para introducir reformas necesarias a la Ley 30 de educación superior y de definir más adecuadamente las relaciones entre los distintos niveles de educación y su lugar en las sociedades del conocimiento del siglo XXI. Es un error político porque las quejas y reclamos de las movilizaciones estudiantiles, profesorales y ciudadanas han señalado distintas falencias en la política de educación superior provenientes de la Ley 30 de 1992, que ningún gobierno ha sido capaz o ha querido reformar. Comparativamente con otros países con mejores desempeños que el nuestro en todos los niveles de educación y en la producción de conocimiento científico, esta era una oportunidad para conferirle mayor autonomía a la educación superior separándola de la educación básica y articulándola en una misma estructura institucional con la producción de ciencia y tecnología. No es un acierto separar la formación de científicos que se da en la educación superior, en especial en los doctorados, de la estructura de organización institucional para la ciencia. ¿Cómo se articula la gestión de estos grandes temas, en especial cuando el primero está disperso en decenas de instituciones de educación superior, la mayoría de ellas “autónomas” en materia administrativa y académica?
Mencionemos dos temas ilustrativos de incoherencias en el diseño institucional, uno de los cuales corresponde a un vacío en la Ley 30 y el otro a una brecha de reconocimiento perjudicial para el estímulo a la formación de investigadores con título de doctorado. La ley de CTeI menciona en una ocasión la expresión “comunidad científica”, aludiendo a la necesidad de integración de los científicos al diseño de la política de CTeI. Pero lo que no menciona es a qué se refiere esa designación? ¿A los colombianos y residentes en Colombia poseedores de un título de doctorado? ¿A los investigadores reconocidos y escalafonados hoy en Colciencias? ¿A los científicos que trabajan en temas comunes y que han establecido mecanismos de cooperación entre ellos como Institutos, Centros o Redes? Es obvio que las “comunidades científicas” deberían ser objeto no sólo de una definición, sino uno de los objetivos de una política coherente de CTeI ; y en primer lugar el de la adopción de condiciones de posibilidad para que se creen y prosperen. En el nivel de desarrollo científico en el que estamos hoy los intercambios activos entre investigadores propician un tipo de movilidad que les permite de manera flexible trasladarse entre instituciones para trabajar mancomunadamente en otro sitio de su lugar de origen. Pero este instrumento de cooperación académica y científica no está previsto en la Ley 30 y la mayoría de profesores e investigadores quedan confinados de por vida a la universidad donde ingresaron al “Sistema Universitario Estatal”.
La situación del reconocimiento de la política pública a los doctorados es particularmente deplorable pues conduce de hecho a un desestimulo del interés de los profesionales por estos títulos y por este nivel de formación. Para decirlo sin ambages, es una situación de injusticia salarial que no sólo debe corregirse en el plano normativo sino en la falsa opinión e idea que se tiene acerca de sus beneficios retributivos. El noticiero de televisión “Noticias Uno”, informaba recientemente en su sección de “lo que indican los indicadores”, que en Colombia un título de doctorado era reconocido en alrededor de 10 millones de pesos. En realidad, según el decreto 1279 que rige el régimen salarial de los profesores universitarios, o sea de la mayoría de los colombianos que poseen este tipo de títulos, es ligeramente superior a un salario mínimo mensual ($14.210 x 80 puntos salariales que se reconocen a un docente por título de doctorado). Ese millón ciento treinta y seis mil pesos es lo que reconoce el Estado colombiano haber dedicado entre cuatro y ocho años de esfuerzo investigativo para producir una investigación original, es decir una investigación que amplía la frontera del conocimiento y hace avanzar el acopio de conocimiento en una sociedad.
Mucho más se le reconoce a un recién egresado de pregrado, sin experiencia ni investigaciones publicables, mientras los doctorados sólo llegan allí después de diez o doce años de estudios superiores a nivel de publicación científica. Es una brecha social y profesional enorme, sobre la cual debió haberse pronunciado, entre otros temas, una comisión de estudio creada para este propósito, sobre la cual no sabemos de sus avances. Y una de las preguntas necesarias de formular a este respecto es: ¿a quién la va interesar invertir, tiempo, dinero y esfuerzo —a veces hasta el sacrificio de familias y matrimonios—, para obtener en caso de éxito una retribución tan descompensatoria. Piénsese solamente en la siguiente situación que se puede presentar en un salón de clase en una especialización en cualquier área del derecho. Uno de los estudiantes con título de pregrado que trabaja como personero o procurador auxiliar devenga $12’000.000 y su profesor de derecho procesal especial con título de doctorado $5’000.000. ¿En dónde están las cargas sociales de reconocimiento y retribución? ¿Es tolerable que estas situaciones subsistan y se mantengan ante el silencio de responsables políticos, directivos de instituciones educativas y sindicatos profesionales? ¿Esta es la manera de construir sociedad del conocimiento y comunidades científicas? No hay que olvidar que, en una sociedad de mercado, las retribuciones económicas son también uno de los ejes de la creación de valores sociales y lamentablemente la ciencia, las carreras y vocaciones científicas son una de las que llevan la peor parte en materia de retribución en la sociedad colombiana. Al parecer con la indiferencia o el silencio cómplice de los gobiernos desde 1992.
Es previsible que con la entrada en funcionamiento del nuevo Ministerio de CTeI, tal como se ha diseñado, la educación superior con sus universidades, especialmente las públicas, van a quedar aún más debilitadas frente al gobierno con el nuevo dispositivo institucional. A pesar de su aparente autonomía, en adelante estarán sujetas a dos instancias ministeriales de jerarquía gubernativa y administrativa, obligándolas a duplicar sus esfuerzos de gestión. La educación superior queda colocada como una especie de “jamón de sándwich” entre la educación básica, media y tecnológica y el nuevo Ministerio de CTeI.
