Las mingas y protestas han perdido auténtica identidad social e indígena, su espíritu ancestral, autóctono, simbólico y comunitario, se ha desdibujado, marchan cargadas de una agenda politizada, con mensajes intimidatorios, actitud violenta y desafiante que nos llena de desconfianza. Esta semana protestaron pacíficamente, con clara intención de favorecer intereses políticos, despreciaron y suplantaron por instrucción directa de la alcaldesa la función y deber de la Policía Nacional; una razón poderosa que desenmascara el trasfondo antidemocrático que los moviliza.
El 25 % del territorio le pertenece a los indígenas, esto significa 16 hectáreas por cada uno de ellos, anualmente el estado les transfiere más de 250.000 millones de pesos, no rinden cuentas, sus derechos se han fortalecido y escasos deberes están en la lista. Es claro también que han sufrido la barbarie de la violencia.
De los 1.900.000 indígenas censados, menos del 5 % integran comunidades caracterizadas por su activismo radical antisistema y la minga ha mutado en una de sus formas de expresión. Es imborrable el lastre de una minoría indígena aquí y otros países suramericanos que se han adherido a intereses de los grupos guerrilleros más sanguinarios de la historia, reconocidos y rechazados por su carácter terrorista y narcotraficante.
Descifrado en 2008 el ADN de las Farc gracias a los computadores de Raúl Reyes, se halló evidencia irrefutable de vínculos entre esta guerrilla y sectores indígenas, y el Cauca ha sido punta de lanza de esa relación. En un correo de 2004, Alfonso Cano confirmó al secretariado la interlocución directa que sostenía con una de las cabezas de la minga actual, hablaba de adiestramiento, financiamiento y acción conjunta con la guardia indígena. No es coincidencia ver en las movilizaciones de estos días banderas de las Farc y símbolos afines al ELN; ¿cómo no pretenden ser estigmatizados?
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Gracias a los computadores de Raúl Reyes se halló evidencia irrefutable de vínculos entre la Farc y sectores indígenas, y el Cauca ha sido punta de lanza de esa relación
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En 2003 Raúl Reyes informaba de acuerdos con alias Roque en Chile para enviar una comisión de esa guerrilla a la Araucanía a entrenar indígenas mapuches sobre la región de los ríos Salado y Toltén, los mismos que hoy a través de facciones radicales unidos a estudiantes y ambientalistas, protagonizan revueltas vandálicas en las principales ciudades de Chile. Hace un año colocaron en jaque la estabilidad del gobierno de Piñera y dejaron a Santiago sin metro; hoy incineran iglesias, destruyen el comercio y atacan vilmente a los Carabineros. Las Farc y el ELN también han entrenado grupos guerrilleros ecuatorianos como los Alfaros con tradicional arraigo en indígenas de ese país y no olvidemos que han derrocado tres presidentes en convulsionadas protestas.
Una minga indígena catapulta su identidad cuando ingresa a la capital de los colombianos con vallas que advierten ¨la muerte¨ de un expresidente de la República. Permitir y no rechazar estas consignas criminales, los hace cómplices, desfigura su identidad y resta peso a sus reclamos de ¨criminalización de la protesta¨; esto no obedece al compromiso de expresarse en comunidad para reivindicar sus derechos ancestrales. Sus líderes tienen la mayor responsabilidad, algunos de ellos son cómplices de la violencia y el narcotráfico en sus zonas, las más pobres y golpeadas. No es casual que las reservas indígenas tengan más de 14.000 hectáreas de cultivos ilícitos y el Cauca con 17.356 ha siga en la historia como el territorio donde han subsistido la totalidad de los grupos guerrilleros que han azotado la nación.
El escenario es crítico. Desde 2017 el ELN, el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, el Poder Unido Popular y el núcleo duro del Polo Democrático trabajan soterradamente para consolidar la Fuerza Urbana Nacional (FUN), una peligrosa e inminente amenaza a la democracia, buscando ampliar la denominada ¨correa de transmisión¨ social, agraria, indígena, sindical y estudiantil, para sitiar ciudades de cara a una ¨revolución molecular disipada¨, estrategia con origen comunista que pretende someter la voluntad de los ciudadanos a intereses dictatoriales de la izquierda excéntrica. En esta tarea lograron llegar a una segunda vuelta presidencial, elegir parlamentarios y ampliar bases de apoyo urbano. Ahora se une la ¨segunda Marquetalia¨ que controla desde Venezuela a más de 1500 disidentes de las Farc, casi igualando o superando al ELN; la buena noticia es que esta semana las autoridades asestaron un golpe contundente a esas estructuras en Cauca capturando a 12 de sus integrantes y destruyendo 63 laboratorios.
Ante graves alteraciones del orden social, la fuerza policial debe ser superior, no proporcional, gestores de convivencia y guardia indígena no pueden suplantar la autoridad constitucional de la Fuerza Pública y menos ante una protesta sediciosa y violenta.
Y si en Chile llueve, aquí no escampa, y el reto no es solo para el gobierno y las autoridades, también para la izquierda democrática que debe desmarcarse y rechazar esa Fuerza Urbana Nacional que avanza sigilosa y sistemáticamente para secuestrar la voluntad de los colombianos y sumergirnos en el fracaso dictatorial del proyecto bolivariano.
