Una de las características de la inteligencia superior de la especie humana, más que la de cualquier otra especie conocida, es su capacidad para transformar la naturaleza en su propio beneficio. Por eso mientras exista humanidad habrá minería. Entonces el debate sobre la política pública minera no debe ir en contravía de este hecho irrebatible, sino sobre la forma de hacerla. Establecer los sitios, la técnica, la cantidad, así como también la participación en el negocio del dueño del recurso -la nación- y cómo se invertirán las ganancias en la sociedad.
Esta discusión animó a la Red de Justicia Tributaria a realizar una investigación sobre los privilegios económicos que el Estado le entrega a esta actividad y a medir matemáticamente el supuesto de qué habría pasado si esos recursos se le hubieran entregado a otro sector económico, en este caso a la industria manufacturera. Los resultados refuerzan las hipótesis y el debate político sobre la inconveniencia de seguir apoyando fiscalmente a este sector y mejor invertir esos recursos en actividades de mayor generación de valor agregado.
Parte de los mitos que han sostenido los privilegios están contemplados en la política de Confianza Inversionista, creada por Uribe, mantenida por Santos y prometida por Duque. Ese cuento de que la inversión extranjera solo llega a Colombia si el país se convierte en una especie de guarida fiscal de baja tributación, porque si no los recursos se van a otro lugar. El estudio muestra que la inversión minera no tiene una correlación fuerte con los beneficios fiscales, sino con los precios internacionales, así que este sector no requiere estímulos adicionales para atraer capitales. En cambio, el comportamiento de la industria manufacturera sí tiene una correlación alta con los apoyos estatales.
Durante años diversos sectores de la población han advertido sobre los perjuicios causados a la estabilidad macroeconómica y al bienestar general de mantener 253 tipos diferentes de beneficios tributarios, algunos incluso desde 1959. Entre 2000 y 2016, las pérdidas en recaudo para la nación, de los beneficios otorgados al sector de minas e hidrocarburos sumaron $ 18,9 billones, unas tres reformas tributarias.
La minería no genera encadenamientos productivos ni hacia atrás ni hacia adelante. Colombia no fabrica las herramientas y materiales necesarios para la extracción minera, sino que debe importarlos. Cuando se extraen los recursos naturales, un alto porcentaje se exporta sin ninguna transformación. El único encadenamiento positivo es el de la refinación y la petroquímica. A pesar de ello, en el primero los últimos gobiernos estuvieron involucrados en el desfalco de Reficar y Santos incumplió la promesa de modernizar la refinería de Barrancabermeja, obligando al país a importar combustible y a exportar petróleo crudo. En el segundo, el gobierno actual ha hecho esfuerzos por privatizar a la única empresa importante del sector, Propilco. Durante 2017, el sector minas e hidrocarburos generó el 0,83% del empleo nacional, a pesar de ser el 6% del PIB.
Si los $ 18,9 billones se hubieran trasladado a la industria manufacturera,
esta hubiera crecido 2,52 puntos porcentuales
adicionales al crecimiento promedio entre 2000 y 2016, que fue de 2,9%.
Así las cosas, si estos recursos se hubieran aprovechado eficientemente, en una actividad productiva, los resultados en crecimiento económico serían muy diferentes. El estudio de Justicia Tributaria muestra que si esos $ 18,9 billones se hubieran trasladado a la industria manufacturera, esta hubiera crecido 2,52 puntos porcentuales adicionales al crecimiento promedio entre 2000 y 2016, que fue de 2,9%. Es decir, la industria hubiera crecido anualmente 5,42% y eso hubiera significado que el país tendría un PIB $ 175 Billones más alto que el actual, sin dudas, un escenario más alentador que el de la desaceleración presente.
Es inevitable promover una nueva reforma tributaria, la número catorce en los últimos treinta años, pero que no tenga un espíritu recaudatorio sino estructural, cumpliendo el principio de progresividad, fortaleciendo a la Dian persiguiendo la evasión y la fuga de capitales y -sobre todo- adelantando una evaluación rigurosa sobre los beneficios tributarios inútiles y contraproducentes, como los que se otorgan a la minería.
Twitter: @mariovalencia01
