Neira -Caldas-, mi tierra natal, de los artistas Manzur, la casa del corcho; está de luto. 11 mineros, desde hace 8 días, permanecen atrapados en un zócalo en la rivera del Río Cauca, vereda El Bosque, entre ellos los hermanos Edwin, Diego y Milton Tabarquino, además de un joven de nacionalidad venezolana. La Alcaldía, la Policía Nacional, la Unidad Nacional para la prevención del Riesgo, con la ayuda de Bomberos, Defensa Civil y autoridades departamentales, trabajan sin descanso para rescatarlos. Neira está conmocionada ante la desesperanza de hallarlos con vida.
En las últimas dos décadas 149 paisanos caldenses han perdido sus vidas detrás de la veta, gateando por el cubo tierra adentro 15 o 20 mts para ganarse el jornal, es la misma población que ha dejado de buscar el mineral a cielo abierto por el control de las autoridades. Hace algunas semanas, la policía había intervenido esta vereda, que junto a otras del municipio pueden superar centenares de escabaciones que conforman enormes laberintos. Hace 6 años fueron 15 los mineros fallecidos y 65 en el 2001. La trágica historia se repite día a día.
La minería ilegal es el pasaporte al infierno, y los más vunerables son la vida humana y la vida de la naturaleza. Los barequeros, prefieren correr el riesgo de enterrarse vivos en el túnel que morir de hambre; situación que alimenta el crimen organizado, pues los galafarderos, que acumulan el oro, a voluntad o por presión, se han integrado a este sistema de economía criminal que se disputan ¨la constru¨, los caparros, el clan del golfo, las disidencias y el ELN, los que cobran además un gramaje del 8 % y el 12 %, convirtiéndose así en su segunda fuente ilícita de financiamiento después del narcotráfico.
La minería ilegal es el pasaporte al infierno
La Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, ha sido la pionera en crear un cuerpo élite dedicado a combatir este flagelo, ha rediseñado su estrategia y se prepara para torcerle el pescuezo a las mafias de la minería ilegal. Con el apoyo de las Fuerzas Militares ha intervenido en el último año 5.569 minas, capturando 2.098 personas en 1.030 operaciones. Una labor titánica que no da abasto y que demanda una atención más efectiva e integral del estado en su conjunto.
El gobierno acaba de anunciar el incremento en un 30 % en la producción de oro en 2020 de 37 toneladas en 2019 pasamos a 47; y se estima que en un año de 30 a 50 toneladas son traficadas en el mercado negro hacia el exterior. Son 318 municipios afectados por la extracción ilícita de minerales, 175 de oro, 28 de carbón y 115 de materiales de construcción. Según la ONU en 2019 fueron 98.000 hectáreas explotadas a cielo abierto, 6.000 más que en 2018, igual al número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas en un año, un poco por encima del total de selva deforestada en Colombia (93 mil Has), o dos veces y medio el tamaño de la zona despejada del Caguán.
El daño ambiental es incalculable, las cifras indican que 80 ríos de 400 municipios del país están contaminados por el uso de mercurio, sumado a la deforestación y el grave perjuicio a la fauna y a la flora. El 51% de esta minería se realiza en zonas excluibles, es decir reservas forestales y parques naturales, lo que hace urgente la adopción de una estrategia integral y contundente del estado que aumente las penas, estreche el control sobre el mercurio, aplique extinción de dominio sobre tierras y acabe con la importación ilegal de maquinaria amarilla. También es cuestionable el populismo politiquero de algunos alcaldes y concejales, como ocurre en Frontino (A) con casi 600 mineros informales; que aún no entienden que debe prevalecer el derecho a la vida y la protección ambiental a los votos que aseguran, auspiciando la minería ilegal.
Más grave aún, es la creciente politización de movimientos ambientalistas que hacen férrea oposición a la explotación responsable de inversionistas, con basta experiencia en otros lugares del mundo y que, con sendas excepciones, han sido ejemplo en el ejercicio de una minería con apego a las buenas prácticas, legal, que cuida del medio ambiente y comprometida con la prosperidad de las comunidades. A esto se suman los 4 billones de pesos anuales que pagan en más de 20 impuestos y que los hace los más grandes contribuyentes del país.
Santurbán es caso emblemático. Se anula una ambiciosa posibilidad de inversión influenciada por una campaña sistemática construida sobre la desinformación. Este proyecto no afecta la reserva natural que abarca 150.000 ha y que comienza en los 2.800 m.s.n.m. La cota del proyecto está 160 mts abajo, es decir en los 2.640 m.s.n.m. y solo incluye el 0,2 % del área en general, sin impactar la zona de páramo, ni la cuenca que surte de agua a Bucaramanga. La población en su mayoría está de acuerdo con el megaproyecto y son conscientes del beneficio económico, social y educacional que significaría para la región. Se crearán más de 5.000 empleos directos e indirectos, y se prevé una inversión de un millón de dólares diarios, 4,7 billones de pesos en empleos locales, 2.000 millones de dólares en impuestos y regalías, y una contribución de 900 millones de dólares al PIB anual. Este tipo de minería responsable, se compromete además a fortalecer, ampliar y recuperar un territorio superior a las 350 ha involucradas en el proyecto.
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La minería ilegal es mortal y la explotación responsable es vital
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Colombia desperdicia grandes oportunidades de avanzar en megaproyectos de inversión minera; habida cuenta que Latinoamérica representa el mayor potencial de riqueza minera del mundo con el 26 %, seguida de Canadá con el 16 % y África con el 15 %. Las grandes naciones han crecido exponencialmente en su PIB gracias a la visión y explotación responsable de sus recursos minerales; sin embargo, nos dejamos amilanar por presiones seudoambientalistas, politizadas, con marcados intereses económicos, electorales y de ideologías radicales; que tambien usufructan en su vida cotidiana los beneficios, ventajas y comodidades de la tecnología, las comunicaciones y la economía, derivado del uso de los recursos minerales.
La minería ilegal es mortal y la explotación responsable es vital. Colombia requiere con urgencia aprovechar su riqueza minera, aumentando la confianza inversionista y brindando suficientes garantías financieras y de seguridad a las multinacionales. Somos la Leyenda Dorada, y la aventura detrás de la veta, no puede seguir siendo el caballito de batalla de las mafias y del populismo, que poco o nada le importa aprovecharse del desespero de los más pobres, que paradójicamente prefieren arriesgar sus vidas, para ¨sobrevivir¨, así lo han intentado más de 1.000 mineros fallecidos en la última década. Nos duele su entierro en vida. Mis paisanos, los neiranos, lo padecen.
