La minería ilegal en Colombia es un cáncer que mata todo lo que toca. Detrás de esta fiebre por el oro y los metales preciosos se está causando uno de los más grandes daños ambientales al país e inclusive al planeta: desde el espacio a más de 700 kilómetros de distancia ya se pueden ver grandes desiertos de tierra que ha matado este sector ilegal en nuestro país, hectáreas y hectáreas de tierra muerta desde la ciénaga de Ayapel, en Córdoba, hasta más allá del río Nechí, en el bajo Cauca antioqueño.
De acuerdo con el Grupo de Dialogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) la minería ilegal es la que “no dispone del correspondiente título minero vigente o de la autorización del titular de la propiedad en la que se realiza y que, además, no cumple con al menos uno de los requisitos exigidos por la ley: la licencia ambiental, las normas laborales, ambientales, de seguridad o de salubridad industrial; la capacidad técnica necesaria o el pago de regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas para el aprovechamiento de los recursos naturales”.
Uno de los más grandes impactos de esta actividad ilegal en el medio ambiente es el uso que se le da a las “maquinas amarillas”, o buldóceres, que los “mineros”, que se hacen llamar ancestrales (aunque esto no es más que un eufemismo para disimular la ilicitud), alquilan hasta por dos millones de pesos al día para barrer toda la capa vegetal y de vida buscando oro, sin ningún permiso del Estado y sin respetar las zonas ambientales que están protegidas por este.
No solo la tierra está siendo afectada por la minería ilegal, también el recurso más preciado de nuestro planeta se está envenenando. Los mineros decantan el oro con mercurio que luego es depositado en los ríos y que contamina el agua que está en contacto directo con seres vivos y que también beben las personas que viven en los municipios. Como consecuencia de esta práctica se están destrozando ecosistemas enteros e incluso poniendo en peligro la vida de especies como la tortuga Charapa que habita en el Chocó, Putumayo, Caquetá y Amazonas, departamentos muy afectados por esta problemática.
Además de causar más daños ambientales al clima, aire, suelo, agua y la gran deforestación por la tala de árboles, la minería ilegal no paga impuestos, lo que significa que no le responde al Estado ni a la sociedad y no devuelve nada de los recursos que se roba y nos pertenecen a todos como nación.
Según la (UNODC), en los últimos 5 años la explotación de oro en el país ha aumentado un 26%, del cual un 72% se hace de manera ilícita, y se da en zonas de pobreza, marginalidad, difícil acceso y con marcada presencia de grupos armados ilegales, mismas condiciones que se cumplen para los cultivos de uso ilícito.
Trabajando en contra de este problema el gobierno nacional por medio del Ministerio de Minas ha creado herramientas para el tránsito de alrededor 27.000 mineros a la legalidad y de los cuales 10.000 ya iniciaron ese camino, como una estrategia para no satanizar la minería sino entender que es un sector necesario en nuestro país y que si se hace bajo el marco de la legalidad se pueden prevenir y mitigar los impactos que necesariamente puede llegar causar esta actividad económica.
