“En la pandemia muchos presuntos mineros ilegales aprovecharon el confinamiento por el virus para subir a las minas del Alto del Buey en el Parque Farallones y empezar su operación. Desde esa época aumentó”, denuncia el director territorial para el Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), Robinson Galindo Tarazona. Desde entonces, el problema no ha logrado ser controlado, pese a que varios fallos judiciales, emitidos incluso antes de la pandemia —como el del 2011 del Consejo de Estado, tribunal supremo administrativo de Colombia— ya ordenaban proteger el parque, cerrar los socavones mineros y prohibir la venta de predios en la zona.
La acción preventiva más reciente, del 2 de marzo de 2023, vino de parte de la Procuraduría General de la Nación, entidad que ha solicitado a las autoridades de Cali ser informada sobre la situación actual de la minería ilegal en el parque y las labores de acompañamiento de la Alcaldía a entidades investigativas, así como datos de capturas de mineros. La Procuraduría advirtió de manera preliminar que la minería ilegal persiste en la zona y que se ha incrementado la presencia de mercurio y explosivos de uso minero en la zona, “poniendo en riesgo todo el ecosistema del parque y la calidad de las fuentes abastecedoras de agua de los habitantes de Santiago de Cali”.
¿Por qué creció esta actividad ilegal? Ocurrió lo que en muchas áreas protegidas de Latinoamérica: los delitos ambientales ganaron terreno aprovechándose de la poca presencia de las autoridades para fiscalizar. Lo que se ve ahora, explica Galindo, es una minería más sofisticada que emplea máquinas especializadas.
Otro problema reciente, según una fuente a quien protegimos su identidad por temas de seguridad, son las amenazas de las que son víctimas los trabajadores que protegen el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Las más recientes se reportaron el último mes y vinieron de parte de los presuntos mineros ilegales que operan en la zona. Se trata de intimidaciones y acciones de vandalismo, según la fuente. Esta persona también comenta que los operadores de las minas usan tretas legales, en algunos casos, para evadir a la justicia.
Y aunque la minería ilegal no es nueva y está presente en el parque desde hace más de 50 años, la situación que describe hoy Robinson Galindo es mucho más alarmante. El funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia asegura que alrededor de 300 mineros ilegales extraen oro de al menos seis socavones ubicados sobre los 2800 metros sobre el nivel del mar, en un sector conocido como las Minas del Socorro o Alto del Buey. Uno de estos socavones es Patequeso, que cuenta con su propio campamento y al menos cuarenta ‘cambuches’ o viviendas improvisadas.
¿Cómo funciona la minería ilegal en Farallones?
A diferencia de otras áreas protegidas colombianas amenazadas por la minería ilegal que instala dragas en los ríos o la de cielo abierto practicada con retroexcavadoras, la que afecta al parque Farallones es realizada en socavones. Sin embargo, esto no significa que sea menos sofisticada o dañina.
“Usan grandes taladros industriales, llevan plantas eléctricas junto con otras herramientas tecnificadas como molinos y tambores (cilindros que permiten moler la roca y el oro)”, explica Galindo. También siguen usando explosivos y palas. Además, en la zona minera se instalan campamentos, llevan cocineros y suben los insumos en mulas en una ruta que toma al menos cuatro horas desde el punto donde acaba la vía proveniente de Cali.
La actividad ha dejado su marca en la zona. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en 2021 se detectaron 293 hectáreas deforestadas a causa de la minería ilegal, 6 de estas dentro del parque y las demás en la zona de amortiguamiento. Según las cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a las que Mongabay Latam tuvo acceso por medio de una solicitud de información, este parque acumula 214 hectáreas deforestadas entre 2017 y 2021, el año más reciente con datos disponibles.
Galindo señala que, aunque la deforestación es menor comparada con la de otros parques de Colombia, el daño en el caso de Farallones es significativo. “La deforestación sí afecta al parque. Esta minería se hace en altitudes de 2800 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí, por las condiciones climáticas, un árbol para llegar a los tres o cuatro metros de altura se demora treinta o cuarenta años en crecer. No tienes grandes hectáreas deforestadas, pero el impacto es delicado”, explica.
Óscar Cuellar, biólogo que trabaja investigando anfibios en la zona desde 2017, señala que la excavación no solo trae problemas como la deforestación. “También se genera erosión del suelo, lo que ha ocasionado riesgo de derrumbes, ya los ha habido en esa zona”, describe.
El mayor riesgo de esta minería, según el funcionario de PNN, es que en unos años el mercurio usado en la actividad podría contaminar las aguas de los caleños y otros municipios cercanos a la capital del Valle del Cauca. Explica que en Farallones nacen seis de los siete ríos que atraviesan Cali y que, en la mayoría de los casos, son los que proveen de agua potable a la ciudad.
Cuellar ha encontrado desde 2017 que los desechos como el mercurio y el cianuro que se vierten en las quebradas terminan en los ríos de la zona. “En los sedimentos hallamos niveles muy altos de mercurio, sobrepasan los límites permitidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se suponía que la minería había parado en 2015 y las tomas son de 2017”, comenta.
Agrega que las ranas Pristimantis que investiga, que son su especialidad, también presentan niveles significativos de mercurio, lo que llama la atención considerando que no habitan directamente en los ríos. “Esto puede significar que lo están ingiriendo en su alimentación, por ejemplo, de los insectos que sí anidan en el agua. También hay un porcentaje menor de mercurio que se libera en vapor y queda suspendido en el aire”, señala.
Otro dato preocupante que menciona Cuellar es la posibilidad de que el problema se expanda. El científico explica que los depredadores de las ranas pueden ingerir el mercurio de sus presas, lo que se conoce como la biomagnificación a través de la cadena trófica o alimenticia.
Esto sería lamentable para la ciencia, dice Cuellar, considerando la diversidad que existe y la que aún no es conocida. Montañas como las de los Farallones, además, que forman parte de los Andes colombianos, presentan los niveles más altos de endemismos en anfibios para el país, lo que genera un gran potencial de encontrar nuevas especies para Colombia y nuevos registros de otras ya descritas. A lo que añade Galindo que Farallones también es rico por sus más de 480 especies de orquídeas, muchas de ellas sobreviviendo en las zonas de minería ilegal y esperando por ser descritas.
“La biodiversidad del parque es increíble, hay muchas especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos y plantas que habitan ahí. Especies que están bajo alguna categoría de amenaza o que solo existen en Colombia. Se encuentran ahí por las condiciones de los ecosistemas, cómo el páramo y el bosque andino, que proporcionan alimento, refugio y zonas de reproducción a la fauna”, explica Andrea Bernal, bióloga que ha realizado investigaciones en el parque. Agrega que también viven en el área grandes felinos y el oso de anteojos, los cuales ha estudiado con el uso de cámaras trampa.
Los retos para desterrar a la minería ilegal
Según una fuente de la zona que pidió protección de su identidad, el mayor obstáculo para combatir la minería en el parque es la corrupción. “Todo el mundo sabe la ruta en la que suben los insumos o los explosivos en mulas, pero nadie hace nada, es la ruta que va de Cali, pasa por Cristo Rey, Quebrada Honda, la vereda Peñas Blancas en el corregimiento de Pichinde y que se dirige a la mina del Socorro. En esta debe haber controles las 24 horas del día”, señala. Comenta que los mineros son de Cauca, departamento vecino al Valle, y que también participan pobladores locales.
Además, denuncia que en la Fiscalía de Cali los casos contra los mineros investigados parecen no avanzar. “Pese a las capturas de personas e incautación de material para la minería, los procesos judiciales en la Fiscalía y otros entes competentes no parecen generar los resultados deseados. Esto permite que los mineros sigan haciendo su actividad, por eso hoy se ven más mulas cargando sus insumos”, comenta. Mongabay Latam buscó la versión de la Fiscalía de Cali y a la de Medio Ambiente. Al cierre de esta publicación, no había llegado su respuesta.
Según la misma fuente anónima, los mineros están bien preparados para enfrentar líos judiciales. Narra que cuando se captura a alguien, un abogado aparece inmediatamente para defenderlo. También que los mineros nunca llevan sus documentos de identidad para evitar el proceso judicial o dicen que van a prestar servicios de cocina o de otro tipo, negando ser operadores de los socavones. Agrega también que los mineros cada día tienen estrategias más efectivas para evitar la judicialización.
Un componente adicional que dificulta las labores de control, según fuentes consultadas, son las medidas de vigilancia de los mineros. “Ellos tienen hasta circuitos cerrados de televisión para que los mineros sepan cuando llegan las autoridades”, señala una fuente anónima que frecuenta el área. Esto lo corrobora otra persona que trabaja en la zona, que pidió por seguridad la protección de su nombre, y que mencionó la existencia de un sistema de ‘campaneros’ —informantes— que avisan cualquier acción de control de manera previa.
A este escenario hay que añadir que, en mayo de 2023, los guardaparques que protegen el área protegida recibieron mensajes amenazantes. “A medida que han aumentado las actividades ilegales, también han incrementado las amenazas contra el personal del área protegida. Principalmente en el último mes”, señala una de las fuentes anónimas. En 2020, dos defensores del medio ambiente que velaban por la protección del parque Farallones fueron asesinados. Ambos se oponían a la minería ilegal.
La violencia contra el personal del parque nacional ha incluido acciones de vandalismo, seguimientos y amenazas explícitas a su integridad por parte de los presuntos mineros.
El parque Farallones también es afectado por cultivos ilegales de hoja de coca. Según una de las fuentes que pidió protección de su identidad, están presenten en el sector del Naya del parque, donde señala que hay grupos armados ilegales. En su más reciente informe sobre presencia de hoja de coca en Colombia, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC halló que Farallones es el séptimo parque nacional natural con más cultivos ilícitos: 670 hectáreas.
Mongabay Latam buscó al secretario de Seguridad de Cali, quien aseguró que daría una entrevista sobre el tema de Farallones de Cali, pero al cierre de la publicación no respondió los mensajes de este medio.
Publicado originalmente en: Mongabay
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