Diego Molano se había fijado como tarea prioritaria echar a andar la fumigación con glifosato contra las siembras de coca, especialmente en el sur oriente del país. Pareciera ser su arma prioritaria en la lucha contra narcotráfico y reducción de hectáreas de la planta.
Con este decreto se busca cumplir con las condiciones impuestas por la Corte Constitucional que exigen controlar los efectos sobre la salud de los pobladores y el medio ambiente de los territorios donde se fumigará.
La estrategia ha sido respaldada por el gobierno Duque, algo que lleva haciéndose en Colombia por décadas. No cuenta con el respaldo unánime del gobierno Biden, como sí ocurría con Donald Trump. El énfasis de la nueva administración frente a Colombia ha estado más enfocado hacia el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz con las Farc, firma de la cual Joe Biden como vicepresidente, fue testigo en Cartagena.
El decreto define cómo serían esas fumigaciones y recuerda las condiciones para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) les dé vía libre. Con él se cumplen dos de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a las aspersiones, que están suspendidas desde 2015 por decisión del CNE ante la clasificación del herbicida como “probablemente carcinogénico para humanos”.
#Pronunciamiento
Decreto por el cual se regula el control de los riesgos para la
salud y el ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.CC @infopresidencia @FuerzasMilCol @PoliciaColombia @MinjusticiaCo pic.twitter.com/vJNPtGt1Dx
— Mindefensa (@mindefensa) April 12, 2021
El Consejo Nacional de Estupefacientes presidido por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y en el cual tienen asientos los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación, tiene la última palabra. .
Aunque aún falta otro requisito impuesto por la Corte: un concepto de los riesgos ambientales, que debe dar la Anla aprobando la modificación del plan de manejo ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato, este es el Decreto que ya está sobre la mesa:
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