Los más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia han dejado terribles marcas en cientos de miles de familias.
“Más de 9 millones de personas han sufrido y padecido los estragos del conflicto, que han sido víctimas de graves crímenes. Gracias a las víctimas podemos en Colombia soñar con que este país deje de ser un país violento”, indicó Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz.
“Tenemos un registro único de víctimas al día, la atención a través de los puntos y centros regionales les ha permitido a las víctimas recibir orientación y en temas de reparación, que es algo significativo, hemos indemnizado 229 mil víctimas”, comentó Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas.
En ese sentido, en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Contraloría señala riesgos y cuellos de botella que ha encontrado en sus labores de vigilancia a los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas.
“Desde el año 2012 venimos haciendo ejercicios auditores en donde hemos encontrado posibles detrimentos patrimoniales por más de 35 mil millones de pesos”, reveló Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto.
El órgano de control ha reiterado que la ley de víctimas está desfinanciada. La Contraloría calcula que hasta el año 2030 el gobierno nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar).
Medidas como indemnización administrativa y colectiva, requieren un valor de $48,7 billones. Para cubrir esta medida en 10 años, la inversión anual debería estar alrededor de $4,8 billones. Por monto le sigue la medida de vivienda con $26 billones, alimentación con $24,8 billones (15,5%) y le sigue retornos y reubicaciones con $20,5 billones (13%).
