El 13 de junio, según medios de comunicación regionales, los casos de Coronavirus en el departamento de Arauca ascienden a 36. En menos de 4 días, el departamento pasó de 2 casos a 3 docenas. Esta altísima tasa de crecimiento de los infectados por coronavirus tiene un responsable: El Ejército nacional de Colombia.
De los 36 casos positivos en el departamento fronterizo, al menos 22 se presentan en las instalaciones de la Brigada 18; cuyo foco de contagio fueron militares traídos del centro del país por vía terrestre en transportes civiles.
El manejo que las fuerzas militares y policiales están dan a sus hombres, la militarización de los territorios y las acciones cívico-militares; están llevando a una mayor situación de peligro a las comunidades campesinas, urbanas, indígenas y negras en el país.
Se puede pensar que es un caso aislado, que por cuestiones del azar la peste cayó sobre las instalaciones de la brigada 18. Pero en realidad, el coronavirus encontró en las barracas e instalaciones militares hacinamiento, bajas condiciones de salubridad y maltrato. Cientos de colombianos, obligados a estar en estas instituciones, ya sea por falta de oportunidades laborales o reclutamiento por “servicio militar obligatorio”.
En los batallones de Ciénaga, Magdalena; Ipiales, Nariño; Cúcuta, Norte de Santander; Leticia, Amazonas y otras guarniciones militares y puestos de policía en el país, los casos crecen día a día. Solo en Leticia, municipio militarizado supuestamente para “contener” el Covid-19, los infectados de las fuerzas militares superan los 200 y el número aumenta.
El peor escenario se aproxima, porque los altos mandos militares, siguen empeñados en militarizar los territorios; ignorando las advertencias de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. En otras palabras: Siguen desplegando sus hombres en el terreno y con ellos, llevan la pandemia del coronavirus a las poblaciones campesinas, indígenas y negras.
En estas fases iniciales de la expansión del virus en las instalaciones castrenses aún es posible contenerlo. Es urgente, declarar acuartelamientos de segundo grado; limitar las salidas de pelotones y patrullas de las guarniciones; parar las erradicaciones forzadas y aislar preventivamente a los contagiados y a las unidades completas que tienen o tuvieron contacto con los mismos.
Para las comunidades tanto urbanas como rurales, se hace también importante estar atentos a la llegada de las tropas y fuerzas; evitarlos, no interactuar con ellos, exigir que no acampen en las casas campesinas o sus alrededores. Controlar la venta de productos agrícolas y exigir en todos los escenarios la aplicación de medidas de bioseguridad. Se han visto patrullas militares sin tapabocas o haciendo requisas sin tomar las correspondientes medidas.
Hace falta, también, empezar acciones legales contra el Estado. El incumplimiento de las medidas dictadas por las mismas instituciones y la negligencia que supone el llevar, por acción o grave descuido, una pandemia a las zonas peor preparadas en el país en materia de salud.