Si es verdad que las tropas estadounidenses vienen a Colombia a apoyarnos en la lucha contra el narcotráfico, podrían empezar sus investigaciones por el Palacio de Nariño y el Congreso de la República.
A comienzos de los años 90´, bajo el mandato presidencial de César Gaviria Trujillo, Colombia inició, al menos aparentemente, una lucha frontal contra el narcotráfico que desde las selvas de nuestro país, inundaba las calles de los Estados Unidos principal consumidor de estupefacientes en el mundo.
Por aquella época los más importantes “Cárteles de la droga” eran, por un lado; el cártel de Cali compuesto por José Santacruz Londoño, Helmer Herrera, Víctor Patiño Fómeque, Phanor Arizabaleta, Henry Loaiza y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, propietarios entre otros 1.214 bienes, de la cadena de farmacias Drogas La Rebaja y del equipo de fútbol América de Cali y, por el otro lado; el cártel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez, Carlos Lehder de Armenia, Gonzalo Rodríguez Gacha de Pacho, Cundinamarca y Evaristo Porras Ardila de Florencia, Caquetá. En repetidas ocasiones, la Revista Forbes destacó las inmensas fortunas de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez que en los años 90´ sobrepasaban los US$1000 millones, además de ser propietarios de los equipos de fútbol Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente.
“Los Mágicos”, denominados así por sus misteriosas riquezas aparecidas como por arte de magia, iniciaron su ascenso progresivo en la sociedad comprando propiedades a empresarios en quiebra e invirtiendo su dinero en la financiaron de campañas políticas a todos los niveles del aparato burocrático. De aquello recordamos el famoso “Proceso-8000” y las constantes increpaciones que desde ese momento y hasta la actualidad se hacen en el capitolio nacional.
Luego de la “Bonanza Marimbera”: cultivo y exportación de grandes cantidades de marihuana perseguidos por los gobiernos de los Estados Unidos hasta que lograron producirla en su territorio y que dejó, entre otros efectos, centenares de campesinos muertos en Colombia; vino el crecimiento exponencial del narcotráfico y el surgimiento de numerosas organizaciones terroristas y paramilitares, llamadas así porque su accionar es copia y paralelo al de las fuerzas militares oficiales con quienes comparten un enemigo en común; los grupos guerrilleros de extrema izquierda y aunque las diferencias con éstos fueron inicialmente ideológicas, degeneraron en una lucha sangrienta por el control del territorio y el narcotráfico.
Hoy en día, la cocaína es producida en instalaciones como las halladas en la finca del embajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, ubicada en la Sabana de Bogotá y se rumora que los cargamentos se envían al extranjero desde el mismo aeropuerto El Dorado, sin el menor sonrojo de las autoridades.
En este punto me permito hacer una aclaración que podría ayudarnos a comprender mejor la toma del Palacio de Justicia en 1985. Contra las teorías que hablan de la supuesta alianza entre el M-19 y Pablo Escobar para quemar los archivos de la extradición en el incendio del Palacio. Los hechos demuestran lo contrario, una enemistad a muerte desde que el grupo insurgente secuestró el 12 de noviembre de 1981 a Marta Nieves Ochoa, hermana del clan de los Ochoa, socios de Pablo Escobar, lo que dio lugar a la creación del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores – MAS, financiado por el cártel de Medellín que prácticamente acabó con la presencia del M-19 en Antioquia.
Recapitulando… muchos políticos que se aferraron a su financiación con “Dineros Calientes”, vieron también en los “Patrones” a sus más acérrimos adversarios cuando a éstos se les ocurrió que para poder tener un mayor control de sus operaciones ilícitas, debían aspirar a los cargos de elección popular. Ahí fue cuando empezó una explosiva persecución de los unos contra los otros, con investigaciones y acusaciones de “presuntos” nexos con el narcotráfico que se hacían mutuamente en las plenarias los hasta entonces, honorables representantes y senadores, y los atentados y los asesinatos que bañaron de sangre las principales ciudades de Colombia.
El gobierno nacional pidió entonces el apoyo de los organismos de inteligencia estadounidenses, la CIA, la DEA y el FBI actuaron en conjunto con las Fuerzas Armadas para dar de baja a algunos reconocidos cabecillas como Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 y, capturar a otros que fueron extraditados rápidamente a ese país del norte sin que confesaran ante las autoridades colombianas sus nexos políticos.
La esperanza de la ciudadanía estaba orientaba a que con la desaparición de Escobar, terminarían el narcotráfico, los atentados terroristas, los asesinatos y la paz retornaría al país del Sagrado Corazón ¡Qué ingenuos!, el patrón fue reemplazado rápidamente por otros iguales o peores de perversos.
El aumento de la producción de estupefacientes en Colombia y la salida de dólares de los Estados Unidos determinaron la firma del cuestionado “Plan Colombia”, entre los presidentes Andrés Pastrana Arango y su homólogo Bill Clinton en 1999. Posteriormente, entre 2001 y 2016 los Estados Unidos invirtieron alrededor de 10.000 millones de dólares en Colombia para combatir la producción de “drogas”, al mismo tiempo que su población financiaba a través del consumo a los grupos ilegales alzados en armas, manteniendo al país del sur en un estado de guerra permanente.
En el marco del cumplimiento de los acuerdos de cooperación del Plan Colombia, el número de militares estadounidenses con inmunidad diplomática en nuestro territorio aumentó entre 2003 y 2007 pasando de 600 a 800 efectivos.
En el año 2014, el investigador Renán Vega Cantor hizo parte de una comisión de expertos encargada por el presidente Juan Manuel Santos de la elaboración del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en el que Vega Cantor analizó el papel de los Estados Unidos en el conflicto armado de Colombia en los últimos cincuenta años, como parte de los acuerdos de paz de la Habana.
El aporte de Renán Vega Cantor en el Informe, se titula: Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. El cual pueden consultar aqui.
En el mencionado informe, el autor comienza por acusar a los Estados Unidos de difundir el terrorismo en Colombia a partir del miedo al comunismo como una estrategia de control social y político que ha venido en aumento desde la aparición en la escena pública de Jorge Eliecer Gaitán, y termina con la denuncia entre otros hechos que 53 menores habrían sido abusadas sexualmente por los soldados y contratistas norteamericanos entre los años 2003 y 2007, "quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico", afirmó Vega en entrevista para El Espectador.
También otros medios de comunicación han hecho públicas las historias de decenas de niños abandonados, hijos de militares estadounidenses que han quedado impunes, entre ellos: ¿Futuros hijos de las bases militares? - ELESPECTADOR.COM, Los hijos del “Plan Colombia” - CARACOL TV, Militares estadounidenses dejaron al menos cinco hijos en Melgar – NOTICIAS CANAL 1.
Finalmente, son muchos los temas que quedan en el tintero como la posible pérdida de soberanía de Colombia, la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos y las tensas relaciones internacionales con Venezuela, entre otros países de la región para los que la presencia de militares norteamericanos causa desconfianza.
