Más allá del debate calenturiento que se dio en las redes sociales y en los medios de comunicación --en el que se pide la renuncia de Miguel Uribe del cargo de Secretario Distrital de Gobierno-- tras el concepto que dio la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno sobre la muerte y violación a Rosa Elvira Cely, se evidencia la necesidad que existe de ponerle control al trabajo de estas dependencias en las instituciones públicas.
Las oficinas jurídicas de las instituciones públicas, por tener la vocería en los procesos judiciales en los que estas se vean inmersas, no siempre consultan sus conceptos con las cabezas de las entidades, que entiendo fue eso lo que sucedió con la contestación de la demanda en contra del Distrito Capital, en donde se expone que el brutal asesinato de Rosa Elvira Cely, también había sido culpa de la propia víctima. Una afirmación que, según congresistas y juristas, es insólita y reafirma la estigmatización a la que son sometidas las mujeres en el país.
No entiendo cómo todo un equipo jurídico de una entidad como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, no mide el riesgo de dar este tipo de conceptos en un caso tan delicado como el de Rosa Elvira Cely. Tampoco entiendo como no se consulta con la cabeza de la entidad, quien no solo debía dar su visto bueno, sino además socializarlo con la Secretaría de Salud y con el despacho del Alcalde Mayor.
En casos como estos es donde quedan en evidencia la descoordinación que existe en las entidades públicas, donde cada funcionario es dueño y señor del área que maneja, hecho que no se puede seguir permitiendo en el Distrito Capital, si en verdad se busca un cambio en la manera en cómo se venían manejando las cosas en Bogotá.
No entiendo tampoco cuál era la intención que existía detrás de este concepto. No me cabe la menor duda que no correspondió a un hecho accidental, sino que estoy seguro de que existía la clara intención de hacerle daño no solo a la persona de Miguel Uribe Turbay, quien como cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, debía dar la cara cuando se armara el debate, sino también a la Alcaldía de Enrique Peñalosa.
Es imposible creer que todo un equipo de personas que trabajan en una oficina jurídica no haya medido los riesgos de lo que esto implicaba. Por lo anterior estoy totalmente seguro, de que esto fue intencional, por eso la renuncia no debió ser únicamente de Nayive Carrasco, directora de la oficina jurídica de esa dependencia que emitió el concepto, sino de todo el personal que presta sus servicios en este despacho.
Como era de esperarse, no faltaron las voces de la izquierda oportunista que pidieron la renuncia de Miguel Uribe al cargo de Secretario de Gobierno de Bogotá como Gustavo Petro por ejemplo, quien parece olvidarse que el hecho ocurrió en su administración y que en gran parte fue culpa de la inoperancia de sus funcionarios para atender este caso y evitar la tragedia y de la Fiscalía quien no hizo nada para hacer valer la orden de captura contra Javier Velasco, a pesar de que tenía una orden de arresto.
Lo ideal en el corto plazo es que la Alcaldía Mayor de Bogotá tome la iniciativa y pida perdón a la ciudad en un acto público por el lamentable hecho que tuvo que enfrentar por culpa de la insensatez de un equipo de funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
Todo mi respaldo y cariño para Miguel Uribe Turbay, Secretario de Gobierno de Bogotá, quien hizo muy bien reversando la decisión, pidiendo además la renuncia de Nayive Carrasco, directora de la oficina jurídica de esa dependencia.
* Tomado de El diario bogotano
