Dentro de la coyuntura colombiana se hacen evidentes las constantes y sistemáticas represiones ejecutadas por el gobierno nacional con el fin de “tranquilizar y salvaguardar el orden público a nivel nacional”, actuaciones y ejercicios de poder arbitrarios que se ejecutan tanto a la población colombiana como a la población migrante.
La vicepresidenta Marta Lucia Ramírez denunció públicamente la existencia de una red internacional que alimentaba el malestar social promovido en el marco del paro permanente en el que se encuentra el país, dentro de estas misma declaraciones manifestó: “Tenemos certeza de que hay plataformas que desde Venezuela, que desde Rusia, han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales”.
Lo preocupante es que el gobierno nacional no solo manifiesta estas posiciones a la opinión pública, también promueve y ejecuta expulsiones masivas a ciudadanos que según el artículo 100 de nuestra constitución nacional deben disfrutar de los mismos derechos civiles que poseemos los colombianos. En este caso, un mínimo debido proceso y un control judicial del mismo.
Hoy, 18 de diciembre de 2019, día internacional del migrante, es irónico que el gobierno nacional expulse de manera arbitraria a un migrante venezolano a quien se le estigmatizó públicamente por un video personal enviado a su esposa en fechas que concuerdan con el paro nacional colombiano. A Miguel, como a 59 venezolanos más expulsados de territorio colombiano, se les violó, entre otras cosas, el derecho a un mínimo proceso judicial, asistencia legal y comunicación con sus familiares o personas a quienes se les pudiese mantener informadas sobre las sanciones que el gobierno colombiano ejecutaría sobre ellos.
Por su parte, Migración Colombia, en cabeza hasta hace dos días de Christian Krüger Sarmiento, manifiesta que estas expulsiones se realizan en el marco de garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, ni Migración Colombia, ni la Policía Nacional, ni la vicepresidenta han hecho públicas pruebas con las que se compruebe la vinculación entre los migrantes y la seguridad que dicen los funcionarios pretender proteger. Por eso hoy muchos ciudadanos nos seguimos preguntando: ¿cuáles son los crímenes por los cuales están siendo expulsados?
Según el estatuto internacional de refugiados, artículo 32, numeral 3, los Estados contratantes (en este caso Colombia) deberían conceder un tiempo indeterminado luego de comprobar la culpabilidad de los ciudadanos (en este caso ciudadanos venezolanos), para que estos no se vean en riesgo de volver al país del que tuvieron que salir. De igual manera en el artículo 33 del mismo estatuto se establece que el Estado contratante no podrá expulsar al migrante si este expone su vida o su libertad por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. Dudo que esta verificación judicial se hubiese realizado por parte del gobierno nacional y Migración Colombia, encargada de la expulsión arbitraria de los ciudadanos ya nombrados.
Hoy, el día internacional del migrante, no hay información que establezca cuál es paradero de Miguel Calderón, quien en Colombia deja a su esposa, su hija y un proyecto de vida que le negó por primera vez el gobierno venezolano y hoy le veda arbitraria e injustamente el gobierno nacional colombiano.
