El día 13 de septiembre de los corrientes, tomé un vuelo desde Bruselas rumbo a Colombia, con escala en Madrid. Vine a presentar una conferencia sobre trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias (tema de uno de mis artículos científicos y múltiples publicaciones de prensa) en la Casa de Nariño por invitación de Presidencia de la República; también vine a acudir a mi madre, quien es paciente cardiovascular tras varios derrames e infarto.
Llegué hacia las 9 y media o 10 de la noche al aeropuerto internacional El Dorado, y al pasar por Migración, funcionarios de dicha entidad me retuvieron de manera ilegal en un cuarto donde me prohibieron el uso de mi teléfono celular para comunicarle a mi esposa lo que me había ocurrido. Sin ningún motivo legal, no me permitían salir de dicha sala donde ante mi intento de salir, me amenazaron repetidas veces con darme choques eléctricos con un tiser. Pedí auxilio e informé a alguien que pasó la situación en la que me encontraba.
Pregunté a los funcionarios numerosas veces bajo qué norma, ley o resolución me estaban reteniendo en ese lugar contra mi voluntad durante horas, y no me respondieron nunca. Saqué mi teléfono a hurtadillas, y pude informar a mi esposa que estaba secuestrado en esa oficina de Migración por sus funcionarios, y que por favor llamara a la Policía.
Claramente, fui víctima de un abuso de autoridad.
2 horas más tarde, un policía conocido del aeropuerto, apareció en la escena. Venía acompañado y así me sacaron de aquel lugar.
Los funcionarios de Migración, que podrían evocar perfectamente “El Experimento de Stanford”, esperaron todo ese tiempo con humillaciones e insultos que yo cometiera el más mínimo error para judicializarme o retenerme durante más horas, pero no tuvieron más remedio que soltarme. No tengo antecedentes judiciales, ni denuncias en mi contra, ni nada de lo cual pudieran aferrarse para en su sentir, por ser quien era y hablar como hablo, ajusticiarme.
El artículo 168 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal Colombiano define así el secuestro simple: “El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años y multa de seiscientos (600) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
También reza el artículo 182 del Código Penal: “el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”. No se puede retener a nadie por la fuerza sin leerle sus derechos ni argumentar norma, ley o resolución de su detención, amenazándolo con un tiser.
Solicito a Presidencia de la República, hago un llamado a la solidaridad de todos los medios de comunicación y entes de control, para que se verifiquen las cámaras y los audios de aquella noche del 13 de septiembre de los corrientes en su totalidad, desde que ingresé hasta que salí de esa dependencia, y se establezca lo que ocurrió y si estos funcionarios son delincuentes, violadores de los derechos humanos, torturadores, secuestradores y constreñidores ilegales o no.
Veedores internacionales electorales: ¿Por qué la ultraderecha de Iván Duque los deportó de Colombia?
En los últimos seis meses, cinco veedores internacionales que venían en misión de observación electoral fueron retenidos al parecer por la misma gente que a mí. Tres de ellos fueron deportados y dos más lograron entrar únicamente por intervención de organismos electorales en Colombia, según investigación de la periodista Maria F. Fitzgerald para la revista Cambio
El artículo de Cambio que fue dado de baja y solo se puede leer en Caché, reza (y lo copio para que también en este medio lo puedan leer, ya que parece haber sido objeto de censura):
“Al menos cinco personas pertenecientes a misiones internacionales de veeduría y observación electoral han tenido problemas para entrar a Colombia. Tres fueron deportadas; las otras dos, tras haber pasado varias horas retenidas en el aeropuerto, solo pudieron ingresar por la intermediación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Observación Electoral (MOE).
“A Teri Mattson, invitada por un organismo perteneciente a las Naciones Unidas con el que ya ha realizado procesos de veeduría en cinco países latinoamericanos, la deportaron por tratar de ingresar a Colombia con pasaporte estadounidense cuando, en realidad, ella es argentina. “Cuando llegué, me dijeron que yo era ciudadana argentina y no entendían por qué estaba viajando con un pasaporte estadounidense. Cuando les expliqué que soy ciudadana estadounidense, no me pusieron atención y continuaron preguntándome por qué estaba allí con un pasaporte estadounidense. Así pasaron 24 horas hasta que finalmente me anunciaron que sería deportada".
“El segundo caso es el del argentino Alejandro Rusconi. Invitado directamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), su pasaje fue costeado por el Gobierno colombiano. Sin embargo, cuando fue a abordar el vuelo que lo traería al país desde Buenos Aires, los funcionarios de la aerolínea se lo impidieron porque, según ellos, Rusconi estaba en una lista de Migración Colombia de personas que tenían prohibida la entrada.
“El tercer caso es el del también argentino Fernando Colizzoni, quien a pesar de mostrar la invitación del CNE, y de valerse de la intermediación de la embajada argentina en Colombia, fue retenido por varias horas en el aeropuerto El Dorado, y luego deportado sin mayores explicaciones.
“El ciudadano belga Paule-Emile Dupret y la argentina María José Cano, ambos invitados directamente por el CNE y la Misión de Observación Electoral (MOE), respectivamente, pudieron ingresar solo tras la insistencia de representantes de estos organismos.
“En el caso de Dupret, el magistrado del CNE Luis Guillermo Pérez tuvo que desplazarse personalmente hasta El Dorado para interceder por él.
“Pérez señala que no entiende las motivaciones detrás de las expulsiones: “Nos parece especialmente delicado, ya que son ciudadanos invitados por nosotros. Esperamos que estas irregularidades cesen, pues no queremos pensar que se vaya a poner en riesgo la observación internacional necesaria para garantizar unas elecciones con plena transparencia”.
“A estos observadores internacionales les llama la atención esta coincidencia: al menos cuatro de ellos (Dupret, Colizzioni, Rusconi y Mattson) ya habían venido al país para adelantar procesos de observación a las violaciones de derechos humanos durante los días del paro nacional de 2021”.
Solicité los nombres de los funcionarios que me torturaron psicológicamente en Migración Colombia reteniéndome ilegalmente y constriñéndome de forma ilegal y violenta, pero me fueron negados por dicha institución en el momento relatado. Solicito respetuosamente al presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, tomar este caso personalmente y ordenar a los entes de control la investigación y judicialización correspondiente de estos funcionarios. No podemos tolerar violaciones a los derechos humanos por parte de nuestras instituciones para con periodistas y veedores nacionales e internacionales. En mi caso, cumplo con las dos condiciones, ya que también me identifico como veedor de la campaña del Pacto Histórico.
El código Penal también define estas conductas en su artículo 417:
“ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO. El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.”.
Espero a ningún colombiano le vuelva a ocurrir, pero si llegase a acontecer nuevamente, hago un llamado a la solidaridad de todos los colombianos que estén en la fila de Migración para que con sus teléfonos graben y sigan a estas personas hasta sus oficinas. Pueden detener a uno, puede que el fiscal Barbosa y todas las “ías” no hagan nada, como rezagos de un país fascista, abusivo, irrespetuoso de los derechos humanos, pero no pueden evitar que 700 personas denuncien un abuso desde el Aeropuerto. Por favor compartir masivamente para que a nadie más le vuelva a ocurrir algo así.
