El holocausto es espantoso y la falta de solidaridad de la sociedad es aterradora. No sabe uno cómo protestar y solidarizarse con el sacrificio de tanto líder social y de defensores de los derechos humanos que vienen cayendo acribillados por los sicarios a sueldo de los grandes narcotraficantes y de los grandes empresarios de la minería ilegal, sin que las medidas de protección que anuncia el gobierno tengan alguna utilidad práctica para la gente del común.
Los datos son escalofriantes: en lo que va corrido del año han asesinado a 18 personas entre líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc, sin que el gobierno asuma sus responsabilidades efectivas para la conservación de la vida, hora y bienes de la ciudadanía, especialmente para todos aquellos que asumen el trabajo de la defensa de las comunidades y de los derechos humanos, así como de los excombatientes de las Farc.
Lo más dramático en este infierno sin final es la discusión sobre las cifras de los muertos que dan organismo como la ONU, la Fiscalía, Indepaz, en fin… aduciendo la rebaja frente a los resultados de gobiernos anteriores, como si este fuera el tema central de discusión.
Además de cínicos son indolentes. No están ubicados en la situación real que está viviendo el país, o, lo que es peor, y mucho más espeluznante, parece como si desde las esferas del poder y del gobierno se estuviera aupando toda una política soterrada y sistemática para acabar con los acuerdos de paz y sembrar el caos en la sociedad colombiana, que le permita a la clase dirigente justificar toda clase de atropellos y actitudes dictatoriales contra el movimiento popular y democrático, con la consigna de “a sangre y fuego” contra toda manifestación de apertura democrática con el manejo del miedo, la mentira y la calumnia como arma de manipulación política.
No otra explicación tienen las cifras horripilantes de los asesinatos de los últimos años en Colombia, convertidos en una escalofriante realidad. “El año pasado, los homicidios cometidos en Colombia fueron 12.277, según las estadísticas oficiales. Los asesinos "profesionales" fueron responsables en al menos 6.466 casos, más de la mitad del total. Son muertes funcionales a los intereses de sectores criminales, especialmente las mafias del narcotráfico, que recurren a bandas especializadas en vender ese macabro servicio”.
“Cali y Medellín, donde viejas estructuras delincuenciales que en su momento trabajaron para los antiguos carteles siguen operando, son los centros urbanos más golpeados por esta modalidad criminal. Y hay regiones como Nariño (357 víctimas), Córdoba (330) y Cauca (321), en las que el número de asesinatos cometidos por sicarios ha venido aumentando sostenidamente, de la mano del crecimiento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. En Bogotá, ciudad que ha marcado la pauta en políticas públicas para reducir el homicidio, los sicarios asesinaron a 284 personas en el 2019”
Cómo así que en estos 15 días que van corridos del 2020 han sido asesinados 18 líderes comunitarios, a pesar de todos los planes de seguridad y de inteligencia del gobierno, del Ejército y de la Policía Nacional, y contra todas las lamentaciones quejumbrosas de los organismos competentes del Estado.
Y lo más inconcebible es que el fenómeno se esté agudizando precisamente en la etapa de la implementación de los Acuerdos de Paz. Antes, cuando estábamos en pleno desarrollo del conflicto armado con las Farc, los homicidios eran explicables con el argumento de la confrontación armada, y todo el mundo, al menos una parte considerable de la opinión democrática pensaba que esta tendencia macabra iba a ir cediendo paso con el desarrollo e implementación de los Acuerdos de Paz, pero la triste realidad de los hechos está demostrando todo lo contrario con las ejecuciones de este Gobierno.
No es gratuito ni es una “columna de humo” para tapar el escándalo de las chuzadas de algunas unidades del Ejército el atentado contra la vida de Timochenko que se iba a concretar el 3 de enero por supuestos miembros de la mal llamada “disidencia” de las Farc, en lo que constituye un eslabón de la cadena de hechos sangrientos que apuntan a desestabilizar al gobierno nacional para justificar la violencia reaccionaria contra la protesta de masas del 21 de noviembre, que tienden a reanudarse el próximo 21 de enero del año en curso.
Se ha repetido hasta el cansancio que la respuesta del gobierno a este fenómeno de los Grupos Armados Organizados Residuales, nueva versión del paramilitarismo moderno, tiene que ver con toda una política multilateral que ataque las raíces del conflicto social, económico y político de la violencia institucional del estado contra las comunidades marginadas y excluidas de la nacionalidad colombiana.
No sobra recordar los puntos fundamentales del programa de gobierno del actual presidente Iván Duque, cuando agitaba la consigna de acabar con el “maldito acuerdo de paz con las Farc”, como una orientación pública del director de La hora de la verdad, que en la práctica está cumpliendo al pie de la letra con un discurso ambivalente y sinuoso a favor de los grandes propietarios y de las multinacionales de este país.
Los planes de desarrollo alternativo para la erradicación de los cultivos ilícitos por parte de las comunidades campesinas e indígenas del Cauca, Catatumbo, Nariño, Putumayo, Bajo Cauca, Chocó, Guaviare, Caquetá, están siendo suplantados por la fumigación de glifosato que vuelve como panacea insustituible de la política del gobierno auspiciada e impuesta por el imperialismo norteamericano, de tal manera que la sangre derramada por los líderes sociales, los defensores de los DD. HH. y los excombatientes de las Farc, no son casos aislados o manzanas podridas, sino que constituyen todo una sistematización de los patrones de los criminales, como sujetos de la implementación de la guerra contra las comunidades inermes de campesinos e indígenas que claman indignados y desprotegidos ante semejante genocidio.
Por eso no hay que ponerle tanta música a la partitura, ni crear falsas expectativas sobre las “buenas intenciones” del gobierno; mientras no haya un Estado y un gobierno con voluntad política y suficiente respaldo de masas, es imposible pensar en la solución real contra los asesinatos de los líderes sociales, los defensores de los DD. HH. y los excombatientes de las Farc.
Están buscando el ahogado río arriba, cuando la causa del problema se encuentra en el tipo de democracia restringida que nos están administrando, es el problema de las profundas desigualdades sociales y económicas que están desintegrando la sociedad a través del desempleo, la pobreza y la violencia, para lo cual no queda otra solución que la estructuración de un nuevo modelo de producción que tenga en cuenta las mayorías nacionales; lo demás son patadas de ahogado de un régimen que va de bruces hacia el precipicio.
Para terminar estos comentarios es bueno insistir no solo en la denuncia internacional, sino también en la lucha de masas, en la movilización ciudadana que ahora ha despertado con su profunda potencia democrática llamando a los sectores progresistas del Congreso de la República, al establecimiento mediático y a los líderes de la protesta nacional a que tengan en cuenta en su pliego de peticiones la defensa de la vida como consigna fundamental, haciéndose voceros de los líderes asesinados por la turba de la reacción, por la defensa de la democracia y por la construcción de un nuevo modelo económico de desarrollo a través de un nuevo estado y un nuevo gobierno democrático y popular.
