La profesora Gloria Inés Ramírez aterrizó en el Gobierno de Gustavo Petro tan pronto este puso un pie en la Casa de Nariño. Lo hizo como Ministra del Trabajo, tema sobre el que se hizo experta durante las décadas que le dedicó a la lucha por los derechos de los trabajadores desde organizaciones como la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). Justamente, su rol como líder sindical fue la principal motivación para ponerla a dirigir esta cartera.
Durante el año y nueve meses que lleva en el cargo, la caldense se ha dedicado a castigar a las empresas que tengan a sus trabajadores con malas condiciones laborales o a aquellas que cometan actos que pongan en peligro el derecho a sindicalizarse. Ejemplo claro de ello fue la sanción que se le interpuso a la Sociedad Minera de Santander (Minesa) por despedir a 13 trabajadores con fuero sindical sin previo aviso.
A pesar de que algunos sindicatos han comenzado a tomar distancia de las posturas de Petro, el rol de Ramírez ha sido clave para que se dé un fenómeno nunca antes visto y es lograr que los sindicalistas estén alineados con el Gobierno, llegando incluso a marchar a favor de él como se dio el 1 de mayo de 2023.
No obstante, ese apoyo que se ha logrado entre los trabajadores no se ha materializado dentro del propio Ministerio, donde los sindicatos ya prendieron las alarmas por un presunto incumplimiento de acuerdos a los que se había llegado desde 2023.
Mintrabajo estaría demorado en otorgarle beneficios a sus funcionarios
El año pasado, la entidad construyó con sus trabajadores el ‘Acuerdo Colectivo 2023-2025’, el cual consistía en que en un plazo no mayor a dos años estos iban a ser beneficiados con nivelación salarial, bonificaciones, teletrabajo, entrega de elementos de dotación, entre otras cosas. Todavía queda tiempo, pero los 14 sindicatos del Ministerio consideran que no se ha visto intención de cumplir los acuerdos y que solo se ha llevado a cabo un 5%. Versión que ha negado la propia Ramírez, quien asegura que van por encima del 50%.
Esto llevo a que se pusiera en marcha una votación en la que participaron 1.602 funcionarios del Ministerio del Trabajo, 1.224 de los cuales estuvieron de acuerdo con entrar a huelga y cesar sus actividades.
