Un país que se puede dar el lujo de no tener operadores de justicia ni empleados judiciales durante más de un mes, fácilmente puede ser una nación desventurada e incierta. O al contrario, puede ser uno de los tres pueblos más felices del planeta porque sabe que con cada paro judicial deja de existir ese particular y a veces lesivo submundo burocrático.
Es que lejos de estar junto con el gobierno y con los usuarios trazando soluciones para lograr el desembotellamiento de los procesos, el mejoramiento del servicio y el trato a los usuarios, el sindicato tiene paralizado todo el país judicial, porque entre otras prerrogativas personales exige, por ejemplo, que la bonificación sea incluida como factor salarial y que, luego de más de un mes de afectar a los colombianos, no se les descuente a los huelguistas los salarios correspondientes al tiempo que permanecieron chateando y leyendo los periódicos en las antesalas de los juzgados esperando el mediodía para salir a almorzar.
Parece que, según el sindicato, una vez solucionados sus imposiciones todo quedará como si nada y podrán seguir operando con la lentitud proverbial que han perfeccionado en el paro... Al menos hasta el próximo octubre, donde seguramente pedirán otro beneficio y ante la negativa del gobierno cerrarán los juzgados como si se tratara de una venta de líchigo.
No hay que hacer mayores reflexiones para concluir que la histórica congestión judicial se debe, en medida, a los tiempos que la ley otorga a las partes dentro de un proceso para que hagan valer sus derechos y también a la poca celeridad y poco interés que acusan algunos empleados de la rama judicial por resolver los delicados asuntos puestos a su consideración en donde prima la forma de un memorial que el fondo del mismo.
Pero gracias a Dios Colombia es un país de leyes y nos rige una vastísima gama de normas que son observadas estrictamente por buena parte de la burocracia judicial. Me refiero a las leyes de Murphy, desde luego: Regla de Helga: “Diga no, luego negocie”. Ley de Sevareid: “La causa principal de los problemas son las soluciones”. Primera Ley de McGee: “Es sorprendente cuánto tiempo se necesita para terminar algo en lo que el funcionario no está trabajando”. Ley de Murphy sobre el Gobierno: “Si algo puede fracasar, lo hará por triplicado”. Principio de Fox: “Una burocracia puede esperar más que cualquier cosa”. Teoría de Owen: “Toda organización tiene asignado un número de plazas para que la ocupen personas no idóneas”. Ley de Lippman: “El funcionario se especializa en su área más débil”. Ley de Hartz: “Toda discusión que se prolongue lo suficiente, terminará en semántica”. Regla de la Ley: “Si los hechos están en su contra, invoque la Ley. Si la Ley está en su contra, insista en los hechos. Si los hechos y la Ley están contra de usted, diga que es una persecución”. Ley de Scott: “Nunca camine por el corredor en un edificio de oficinas, sin una hoja de papel en la mano”. Axioma de Cole: “La suma de la inteligencia burocrática es constante; aunque su población aumente”. Ley de Cooper: “la proliferación de nuevas leyes crea la proliferación de nuevos pretextos”. Ley de Gattuso: “Nada es nunca tan malo que no pueda ponerse peor”. Ley de Nahr: “La burocracia consiste en impedir que las cosas sigan su curso y que la gente se salga con la suya”. Ley de Weidner: “Las ventanillas son el esfínter de la burocracia”.
Según el Consejo Superior de la Judicatura, el país tiene la nada despreciable suma de 2.442.84 procesos. De esos, unos 1.261.952 corresponde a asuntos civiles y detrás de ellos hay una familia mordiéndose las uñas porque no sabe si el banco le va a quitar la casa o no, o si le reconocen los perjuicios por la ruina que la condujo una contraparte avivata.
Detrás de cada expediente hay un drama personal, hay un afectado que no entiende que mientras él está trabajando a sol y agua, esperando que le paguen la letra o el cheque, quienes tienen la sagrada función de administrar justicia tengan paralizado todo el aparato judicial del Estado, porque además de la estabilidad laboral y de todas las prerrogativas de que gozan, elevan además, peticiones que solo redundan en su propio provecho y no en la eficiencia y eficacia de la labor para la cual fueron nombrados.
Desde el instante que se interpone una demanda, hasta el feliz momento en que se produce una sentencia comienza una lenta procesión de interrupciones oficiales, a pesar de que las leyes civiles contemplan plazos perentorios para que un juzgado resuelva sus asuntos (cuarenta días para dictar sentencia desde que el expediente entra al despacho para tal fin), pero esto jamás se cumple porque siempre sale a relucir la socorrida excusa del atasco judicial.
Los paros vienen y van, pero el sindicato, los huelguistas, nunca propone metas para conseguir la tan anhelada descongestión, menos aún asume compromisos con los usuarios sobre este respecto.
En mi caso particular dos abogadas han muerto, casi de viejas, esperando una sentencia en un intrincado juicio de sucesión. Bien dicen por ahí que la vida útil de un abogado es el equivalente a un proceso ordinario.
Cuando la jurista nos dijo que el problema era que mi abuelo había muerto “intestado” pensé cómo debió sufrir el viejo, soportando esa enfermedad que hasta sonaba fea. Luego nos explicó que había muerto sin testamento. De ahí en adelante comenzó un proceso que ha estado aliñado de testigos, peritos, incidentes, memoriales, notificaciones, paros, semanas santas, vacancia individual, vacancia judicial, encargos, caída del sistema y un extravío del legajo. Todo ello auspiciado por la pachorra de los funcionarios. En fin, a todo ese mamotreto de papeles anudados con una cabuya se le da el solemne nombre de expediente... Y todo por una parcela rica en cactus que cada año produce abundante grima.
El balance en Bogotá es que se encuentran paralizados 44 juzgados civiles de circuito, 17 civiles de mínima cuantía, 57 de menor cuantía, 37 de descongestión de mínima cuantía y 6 de descongestión del circuito estos funcionan en destartalados edificios dispersos por toda la ciudad como el Nemqueteba que acusa notorias deficiencias técnicas para la atención masiva de los aguantadores usuarios.
Asonal judicial defiende con eficiencia los intereses de su burocracia en expansión, alegando que la mencionada congestión judicial es un problema de difícil solución, sin detenerse a pensar que a veces el mal trabajador culpa a la herramienta y que lo fácil o lo difícil depende también de quien lo haga.
La última vez que acompañé a mi abogada para averiguar por la respuesta de una solicitud que había radicado hacía mes y medio, observamos que dos funcionarios estaban absortos en una disquisición acerca del periodo de vacaciones. El tercero estaba tomando tinto mientras tramitaba telefónicamente un préstamo con el banco y el que atendía la baranda compraba un paquete de habas boyacences. En ese momento, 3:30 de la tarde, hizo su entrada un personaje regordete preguntando qué había pasado. “Nada, doctor”. Era el juez, sin duda. Llevaba un palillo en los labios y lucía un saco verde iridiscente con el cual, supongo, debió graduarse por allá a comienzos de los años 80 cuando estaba en furor la música disco. Este juzgado había permanecido cerrado durante 15 días porque estaban cambiando de secretario; esa era la lacónica justificación que engalanaba la puerta, junto con una frase que nos advertía que la eternidad es una característica de los dioses del Olimpo y de los juzgados civiles: “no corren los términos”.
La abogada carraspeó, saludó y preguntó por su memorial y sin responder el saludo, uno de ellos le señaló, displicentemente, una pilastra de papeles sueltos: “Todo eso está por entrar al despacho, doctora” fue la respuesta, rematada con el comodín verbal que usan los burócratas para abusar del tiempo de los demás: “Toca esperar. Hay que tener un poquito paciencia, doctora”. Ellos siguieron en lo suyo. La abogada se llenó de ira pero respondió tímidamente: “ah, bueno, si doctor, entonces paso en 15 días”. “Pero hábiles, doctora”, concluyó sin pudor el empleado. La jurista me explicó su apocada actitud convenciéndome que a los policías y a los burócratas no se les contradice.
Salimos del edificio y el pálpito de que no íbamos para ninguna parte con esos papeles me hizo preguntar. “¿Y si perdemos el caso?”. La abogada me miró y con un rictus perverso vaticinó: “Eso lo ganamos en la Corte. Allá SI es un poco más demoradito, pero lo ganamos”.
Queda en el ambiente la ilusión que en octubre del año que viene los funcionarios judiciales en un acto de grandeza propio de los dioses del Olimpo, protesten evacuando todos los procesos que tienen represados.
