El acuerdo de paz pactado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP ha sido reconocido a nivel internacional como el proceso de consolidación democrática más completo y de mejor organización integral, debido a que el modelo de negociación fue fundamentado en la reestructuración institucional de los derechos humanos, márgenes establecidos de justicia transicional, que parten de principios de reconocimiento de víctimas, verdad, responsabilidad, fin del conflicto y reformas sociales.
Dichos principios se han establecido en enfoques diferenciales de género y territorio, permitiendo no solo la comprensión global y específica de las características económicas, políticas, culturales e ideológicas de poblaciones, identidades y territorios afectados por el conflicto armado, sino la aplicación efectiva de proyectos sociales en las comunidades, puesto que al centralizar el enfoque diferencial, las políticas se ajustan a las demandas territoriales, constituyendo una sociedad efectuada en la democracia y en el respeto a los derechos humanos.
Como resultado del informe entregado por la ONU, donde analiza con detalle cómo ha sido implementación de lo consensuado y cuáles garantías de cumplimiento ha ejercido el gobierno nacional para darle vía a los 6 puntos, de los cuales el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, será nuestro objeto de análisis, punto del acuerdo que es fundamental, ya que de ahí parten las herramientas para la disolución definitiva del conflicto y de la violencia social, puesto que la discusión central son las víctimas, las cuales son la consecuencia de la dinámica guerrerista y la causa del cese armado.
Dicho punto se encarga de hacer práctico los enfoques diferenciales de género y territorio, es decir, resarcir los daños morales, éticos, culturales, materiales y jurídicos a todas aquellas personas, grupos étnicos, políticos y sociales que fueron afectado por el accionar del conflicto y que presentan impactos particulares. Por lo anterior, nos enfocaremos en la composición, principios y avances que ha tenido la implementación del sistema integral en Colombia y en el Departamento del Putumayo, territorio el cual concentra uno de los mayores índices de víctimas directas e indirectas del conflicto armado en el país.
¿Cuáles han sido los avances del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en el Departamento del Putumayo y en el país?
El Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ha sido el punto del acuerdo de paz que más participación ciudadana ha tenido, puesto que, según las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014, en la construcción de este punto, hicieron presencia 3.160 víctimas del conflicto, de los cuales, 60 participaron como ponentes directos en la Habana, 3.000 como grupo organizado en las naciones unidas y 100 como representantes de las propuestas en la universidad nacional.
Como delegados del Departamento de Putumayo, asistieron 24 personas, entre ellas 8 mujeres, cuestión que es crítica y poco proporcional, si se tiene en cuenta que dicho territorio ha sido de los más afectados por la influencia del conflicto en la región. Aunque la concepción de participación diferencial queda en tela de juicio, la fundamentación de este punto va direccionada al cumplimiento de cinco principios: justicia social, derechos humanos de las víctimas, verdad, respeto y tolerancia, los cuales se desarrollan en 10 componentes de aplicabilidad que son los que definen el avance de dicho punto a nivel local en el Departamento del Putumayo y en Colombia.
1. Reconocimiento de las Victimas: Actualmente en el país este componente del punto 5 es en el que más se ha avanzado, puesto que, según cifras de la red nacional de información de víctimas, el Estado colombiano ha reconocido 8.376.463 víctimas en todo el país de los cuales 152.000 son pertenecientes al departamento del Putumayo.
2. Reconocimiento de Responsabilidad: Para el reconocimiento de responsabilidad, el acuerdo de paz fue claro en crear instituciones judiciales y extrajudiciales como la JEP, la comisión de la verdad, unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas, el tribunal para la paz y las salas de amnistía e indultos. Por el momento este componente no avanza de manera satisfactoria, debido a que el actual gobierno se ha pronunciado muchas veces en reformar dichas instituciones, en especial la JEP, la cual no ha tenido el apoyo suficiente, ni la disponibilidad económica para empezar a desarrollar sus actividades. Actualmente la única institución que funciona y no de manera eficaz, es la comisión de verdad, organización que ha instaurado un número de personal académico e investigativo y se ha desconcentrado en el país, favoreciendo en gran medida al Departamento del Putumayo con la apertura de 9 casas en 13 municipios que le componen.
3. Satisfacción de los derechos humanos: Este componente ha sido una de las deudas más grandes del sistema integral y del actual gobierno colombiano, debido a que durante 2016, 2017, 2018 y 2019, se han presentado 778 asesinato de líderes sociales en 89 municipios de 23 departamentos, es decir asesinatos en el 90.62% del país, de los cuales 12 casos son reportados anualmente en el Departamento del Putumayo, esto según las cifras del (instituto de estudios para el desarrollo y la paz, 2018).
4. Participación de las víctimas: Desde el año 2016 se estaban llevando a cabo reuniones y juntas de participación ciudadana en municipios y regiones afectadas por el conflicto, pero a partir del año 2018 estos programas académicos y de construcción democrática han venido desapareciendo, puesto que la falta de presencia del gobierno en la zona, ha incrementado la inseguridad y el rearme de nuevos grupos. En el caso de Putumayo, estos centros se desarrollaban en 9 municipios de los cuales para el día de hoy han desaparecido.
5. Esclarecimiento de la Verdad: Este proceso va cada vez más lento tanto en el Departamento de Putumayo como en el país, las faltas de garantía económica y de seguridad por parte del actual gobierno ha dificultado el proceso, por lo que no han empezado a funcionar en su totalidad instituciones como la JEP.
6. Garantía de protección y seguridad: Con los datos anteriores en los que el IDEPAZ, afirma que van 778 homicidios a líderes sociales, podemos deducir que en este componente no se ha avanzado en nada y en que en vez de eso se ha retrocedido fuertemente.
7. Garantía de no repetición: Este es el componente más crítico del sistema integral, puesto que las políticas guerreristas implementadas por el actual gobierno han generado el rearme de algunos integrantes y negociadores de las FARC. Actualmente en el Departamento del Putumayo, la influencia del nuevo conflicto ha impactado fuertemente, puesto que se vive una guerra de intereses por el cultivo de coca entre las disidencias de las FARC y clanes organizados del narcotráfico.
8. Principio de reconciliación: Este es otro de los componentes en proceso debido a que muchos de los procedimientos locales que se estaban llevando a cabo en el país y en el departamento del Putumayo han abandonado dichas acciones de reconciliación y construcción de paz, por amenazas de grupos ilícitos que controlan la zona.
9. Reparación a las víctimas: Este Componente está en proceso de recaudación y aprobación por parte de la fiscalía general de la nación. Sin embargo, sea avanzado de manera significativa, en el caso del departamento del Putumayo según registros de la agencia nacional de tierras el Departamento junto con Cauca y Nariño concentra uno de los mayores números de expedientes y solicitudes abiertas por casos de posesión ilegal de predios, 18.000 han sido las notificaciones fiscales, de las cuales 5.600 han sido entregadas nuevamente a sus dueños. las causas del problema agrario tienen diversos orígenes, que en su gran mayoría pertenecen a las dinámicas de desplazamiento forzado y destierro.
10Enfoque de derechos: Este componente garantiza la creación de museos o centros históricos que contaran la historiografía del conflicto armado en el país, ya sea con métodos diferenciales de género o territorio. Actualmente el centro de memoria histórica ha sido centro de críticas, puesto que el nombramiento del nuevo director de la corporación por parte del actual gobierno ha sido sinónimo de censura a las diferentes percepciones del conflicto armado, eliminando hechos históricos regionales.
