Entre el espeso follaje del proyecto de reforma tributaria, que está a punto de ser aprobada por el Congreso, se encuentra una figura cuyo nombre podría pasar desapercibido porque suena raro y algo complicado: “Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática”. Sin embargo, su silueta comienza verse esbelta cuando la gente se entera de que allí irán a parar los $425.000 millones que el Estado recibe anualmente de manos de empresas y productores encargados de pagar el impuesto al carbono.
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En la política verde y conservacionista del gobierno Petro un fondo así sería clave para la obtención de recursos necesarios para enfrentar los efectos de la contaminación y el cambio climático y para que Colombia pueda cumplir sus compromisos que está pendiente de cumplir desde hace casi 30 años cuando suscribió tratados que lo obligan a mostrar sus aportes a la conservación del planeta.
Allí llegarían también recursos de cooperación internacional y las vigencias futuras con las que los gobiernos suelen apalancar los proyectos prioritarios para los que no les alcanza la plata.
Pero las dudas no han tardado en aparecer. La Procuraduría General de la Nación lanzó ya su primera alerta porque encontró que la criatura, tal como la dibuja el proyecto, sería difícil de administrar y de vigilar porque no se regiría por del derecho público sino por reglas tan flexibles y liberales como aquellas que les gusta a los privados.
“Los principios de transparencia y selección objetiva quedarían así en peligro”, advierte Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. Ese peligro está en que el fondo podría adjudicar sus proyectos sin pasar por los filtros que rigen para la contratación pública.
Ese panorama de riesgos se despejaría y el fondo, cualquiera que fuera su nombre, perdería su condición de “mico” si sus creadores decidieran permitir que se rija por las normas hechas para resguardar recursos públicos y si sus dineros se manejaran a través de fiducias públicas.
En desarrollo de su función preventiva, a la Procuraduría también le inquieta que la ley de reforma agraria vaya a permitir que el fondo sea reglamentado por una simple resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y no, como corresponde a decisiones de esa categoría, a través de un decreto presidencial que garantice su manejo serio y estable.
Los recursos del impuesto al carbono, creado en 2016, servirán también para trabajar en la conservación de la Amazonía, uno de los programas bandera anunciados por el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión.
Petro espera que la comunidad internacional aporte para conservar el llamado pulmón del mundo, pero los analistas consideran que para manejar los aportes internacionales necesita ofrecer como contrapartida la garantía de un buen manejo. Entre las herramientas para conseguirlo estaría el fondo, con la condición de que sea administrado responsablemente y no como plata de bolsillo o para pagar festines.
