No se vive bien en las urbes colombianas, cada vez estamos más hacinados y con problemas vitales más concentrados. En las últimas décadas la solución ha sido recurrir a instancias técnicas de armonización de políticas comunes; una línea de gestión pública han sido los Distritos, para integrar las vocaciones internas de las ciudades-municipio y a otros intentos han sido las áreas y regiones metropolitanas, para integrar municipalidades conurbadas. Sin embargo, las respuestas concretas al crecimiento de la mancha urbana están lejos de ser asertivas y concretas, por lo menos en el mediano plazo. Las alternativas escasamente se han centrado en proyectar algunas iniciativas de movilidad, de hábitat y vivienda que buscan, sin lograrlo, proveer de la mejor manera la demanda creciente de servicios a las poblaciones y atenuar la vulneración de los bordes. Mientras la sociedad urbana se expande en nuestras geografías, el municipalismo en el ordenamiento territorial y administrativo colombiano, instaurado desde la colonia, sigue siendo la norma y la práctica, asunto que genera un gran problema de ineficacia institucional, ocupación desplanificada del territorio, especulación del suelo urbano y caos en la movilidad; tendencias estas generadoras del mal vivir citadino.
Varias de las ciudades articuladas al país centralizado en torno a los valles interandinos y a su conexión con las bahías litorales son ya de hecho fenómenos en curso de aglomeración urbana desbordada, así es con Bogotá y la Sabana, Medellín y el Valle de Aburrá, Cali con el Sur del Valle y el Norte del Cauca, Barranquilla con el municipio de Soledad, y van detrás el triángulo urbano del Eje Cafetero con Armenia, Pereira y Manizales, y Bucaramanga con Florida Blanca, para solo nombrar los tejidos urbanos más relevantes. ¿De dónde saldrá el agua y los servicios públicos básicos en general para sostener estas metrópolis de facto en el corto plazo? ¿Cuáles son los límites de crecimiento y los modelos de urbanismo para que la vida sea mínimamente llevable en el mediano plazo en estas urbes tan contaminadas como estresadas? ¿Cómo ejercer la autoridad en medio de las fragmentaciones municipales? ¿Cómo hacer para que las decisiones tengan en cuenta la protección de los ecosistemas tan afectados por el poblamiento y la actividad humana? ¿Cuáles serán las medidas de transición energética y competitividad sostenible que garanticen producción limpia y equidad en estos territorios?
El fenómeno metropolitano de facto no es tan fácil de explicar cómo decir que las capitales han integrado municipios intermedios
El fenómeno metropolitano de facto no es tan fácil de explicar cómo decir que las capitales han integrado municipios intermedios, en muchos casos las ciudades pequeñas han tenido incluso mayor crecimiento poblacional y dinamismo socio económico que las capitales; es un hecho que las metrópoli actuales no han sido producto de la planificación del Estado y que más bien han sido generadas por el desorden del mercado, especialmente de la construcción de viviendas y en muchas áreas por la presión social de poblaciones desarraigadas en subsistencia. La metrópoli de hecho genera una gran cantidad de demandas y conflictos urbanos que en poco tiempo producen crisis citadina: trancones y problemas de movilidad estructurales, ampliación de zonas de vulnerabilidad social, geografías de violencia ampliadas, pérdida de vocaciones económicas y ambientales, afectación de la estructura ecológica principal de las subregiones, entre muchos otros aspectos, para los cuales los gobiernos locales y departamentales no tienen respuesta, porque nuestra arquitectura institucional no ha logrado concretar respuestas serias, más allá de ciertos tecnicismos y corporativismos que rascan donde no pica.
Tenemos cuarenta años de experiencia en áreas metropolitanas y una década de la ley de Distritos, pero la situación urbana sigue siendo crítica en varias regiones que han sido abordadas con esos lineamientos. Por ejemplo, en el Sur del Valle y el Norte del Cauca con Santiago de Cali como referente, fue emergiendo en las últimas décadas una aglomeración urbana de facto que integra municipios como Jamundí, Yumbo, Candelaria, Palmira, Dagua, Puerto Tejada y Villarrica, con Cali. A fuerza de la aprobación descriteriada de planes parciales, del crecimiento de unidades productivas sin control, de la ocupación irregular de zonas protegidas y áreas públicas y ejidales, tenemos hoy un nivel de poblamientos, movilidades, demandas de servicios y oportunidades que ningún municipio por sí solo puede resolver; dicho de otra forma, los problemas de unos centros urbanos no se pueden resolver sin el concurso de los vecinos.
Hoy sobre este territorio se mueven propuestas puntuales para afrontar los hechos metropolitanos, como el tren de cercanías que integraría en principio a Yumbo, Cali y Jamundí; por ahí se va a comenzar, sin embargo, las gestiones de estos enclaves poblacionales no tienen futuro si no se avanza por lo menos en tres grandes retos de bio región que garanticen en el mediano y largo plazo la sostenibilidad: urge proteger las fuentes de agua, proveer la protección forestal para la estabilidad integral de los suelos y la redefinición de un urbanismo más integral que haga viable la vida en común; quizás esas sean las prioridades.
Es claro que Colombia requiere de una reforma territorial para afrontar entre otros asuntos estos procesos metropolitanos emergentes; sin duda, tenemos una asignatura pendiente al respecto. Mientras caminamos hacia allá, es clave, a propósito de las actualizaciones de los Planes de Ordenamiento Territorial POT, apropiarnos de un nuevo tejido de planeación estratégica y proyección democrática de nuestros territorios, que permita reconciliar el espacio urbano con sus entornos bioregionales, en favor de la preservación y expansión de la vida.
