La ley 310 de 1996 en su artículo 2 establece que para que un proyecto de infraestructura sea declarado de importancia estratégica a través del Conpes es indispensable contar con estudio de factibilidad. Por lo tanto, el Conpes 3900 expedido el 25 de septiembre de 2017 por el Gobierno Nacional es inválido.
El pasado 29 de septiembre de 2017, la Empresa Metro de Bogotá radicó ante el Concejo de Bogotá un documento titulado Informe del estado actual de los Estudios y Diseños de factibilidad del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá. Tras una cuidadosa revisión de los documentos presentados por la administración Peñalosa el concejal por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, aseguró que lo aportado no corresponde en rigor a los estudios requeridos para certificar un nivel de factibilidad, tal y como lo establece la ley de transporte masivo 310 de 1996.
El concejal progresista cuestionó que el documento entregado no contenga los estudios de factibilidad contratados por 23 mil millones de pesos por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) al consorcio MetroBog S.A., conformado por las firmas Systra e Ingetec. Según contrato MetroBog S.A. debe presentar los siguientes 23 entregables, que no fueron radicados en el Concejo de Bogotá:
1. Levantamiento topográfico
2. Estudio de tránsito
3. Estudio geotécnico y de pavimentos
4. Diseño geométrico sistema vial
5. Diseño geométrico sistema metro
6. Estructuras
7. Proyecto estaciones: arquitectura e instalaciones
8. Superestructura de vía férrea
9. Puesto central de control
10. Proyecto de sistema de alimentación eléctrica
11. Sistema de señalización y control de trenes
12. Sistema de puertas de anden
13. Sistema de comunicaciones
14. Talleres y patios
15. Gestión RAMS
16. Material rodante
17. Interferencia con redes de servicios (secas y húmedas)
18. Urbanismo y paisajismo
19. Estudio ambiental
20. Estudio social
21. Costos de inversión (CAPEX)
22. Programación de Obra y Flujo de inversiones
23. Estimación de costos de operación y mantenimiento (OPEX)
Así mismo, el concejal Hollman Morris solicitó que sea presentado el certificado e informe técnico de la interventoría contratada por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por más de 3 mil millones de pesos al consorcio Metro (Sener Integral), que debió ser aportado como parte de los estudios.
Además, aseguró que no es competencia de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) determinar la factibilidad del proyecto metro elevado, por lo que el documento presentado no sustituye la presentación de los resultados de los estudios contratados al Consorcio MetroBog S.A. (Systra Ingetec) y el certificado de interventoría a cargo del Consorcio Metro (Sener- Integral).
Así las cosas, increpó que ante la inexistencia de estudio de factibilidad, el Conpes 3900 expedido el 25 de septiembre de 2017 por el gobierno Nacional sería invalido pues la ley establece como requisito para declarar un proyecto de importancia estratégica que este acredite un nivel de factibilidad en sus estudios.
En consecuencia, el concejal solicitó por derecho de petición al Consorcio MetroBog S.A. y al Consorcio Metro dar a conocer los resultados de los estudios de factibilidad del metro elevado de Bogotá y la correspondiente interventoría.
Así mismo, el cabildante pidió al Contralor General de la República, Edgardo José Maya, al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, y a la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, hacer acompañamiento y seguimiento a los derechos de petición enviados a la firma Consorcio MetroBog S.A., responsable de los estudios de factibilidad del metro elevado y la firma Consorcio Metro, interventora de los mismos; y solicitar a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), como entidad intermediaria del distrito para contratar los estudios de factibilidad mencionados, entregar dichos estudios y la certificación de interventoría del Consorcio Metro en la que se confirme que se recibió a satisfacción los 23 entregables de los estudios de factibilidad del metro elevado de Bogotá.
Igualmente, invitó a la academia nacional e internacional, a las facultades de ingeniería a que estudien la rigurosidad de los documentos presentados como estudios que se encuentran publicados acá.
Por último, alertó a la ciudadanía y a la academia para que haga seguimiento a la obra de infraestructura más importante del país, cuyos estudios no cumplen con la rigurosidad exigida por la ley y por tanto podría convertirse en un nuevo caso de corrupción técnica con un altísimo costo para las finanzas de Bogotá.
