Uno de los grandes avances de la Constitución de 1991 fue la creación de la CNSC y la selección meritocrática de sus integrantes. Aunque dicha entidad fue creada para administrar y vigilar la carrera administrativa en el Estado, ha cumplido a medias la tarea, superando toda clase de escollos en sus primeros veinte años. Sin embargo, a partir de sus errores ha mejorado su gestión y su imagen, generando mayor confianza.
Hoy en día para una vacante de carrera en el Estado se presentan miles y miles de aspirantes, lo que muestra una verdadera democratización del empleo público de carrera, además de la existencia de oportunidades laborales para las clases medias y populares que se han capacitado con grandes esfuerzos y que no tienen que recurrir a la intermediación política para tener un chance.
No obstante, queda mucho camino por recorrer para que la meritocracia constitucional del empleo público sea una realidad en todo el Estado. De hecho, recientemente se publicaron los resultados de la convocatoria para una nueva vacante de la comisión y estos tienen algunas curiosidades.
Por ejemplo, que un comisionado que ya lo ha sido dos veces (y que actualmente asesora a la Fiscalía para los concursos de carrera con polémicas decisiones) casi repite; o que la exdirectora de la Función Pública obtuvo los últimos puestos, resultado que deja mucho que pensar de una persona que ha ocupado el más alto cargo del Estado en esta materia durante muchos años.
En todo caso, la nueva comisionada es una mujer. Además, hay muchas otras mujeres que ocuparon los primeros puestos, lo que deja ver que la mujer hoy en día es mayoría en el Estado, prueba de sus esfuerzos y luchas políticas.
Así deberían de seleccionarse los magistrados de todas las cortes de justicia, de esta forma sería posible despolitizarla y hacerla real y efectiva. De igual manera, debería hacerse con los altos directivos de las entidades públicas, especialmente cuando no se les da la oportunidad a los funcionarios de carrera administrativa. Y de ahí para adelante con las otras categorías de vinculación laboral con el Estado.
Había una esperanza para que esta premisa constitucional de la meritocracia fuera una realidad con el gobierno del presidente Petro y la alcaldesa López, pero la realidad demuestra que han sido inferiores a esta exigencia histórica. Incluso, ellos dos lo único que han hecho es un discurso de populismo meritocrático alrededor de esta problemática tan sustancial a una democracia. Sus acciones no han marcado la diferencia con la corrupta y clientelista derecha. Al contrario, gobiernan con esos sectores.
La alcaldesa López con su mentirocrática plataforma Talento, no palanca y ahora el presidente Petro con su pretensión mentirosa de acabar con los contratos de prestación de servicios para reemplazarlos por plantas temporales evidencian cómo el clientelismo es un cáncer imposible de extirpar. Esto para infortunio de la democracia y de la constitución.
