Contrario a lo que algunos creen, la primera acusación penal contra Trump que toma vuelo no es por haberle pagado a la actriz y directora de cine porno Stormy Daniels para que con su silencio ocultara un desliz. El caso del fiscal Bragg es porque Trump ordenó pagar para ocultar una conducta que afectaría el resultado electoral: al impedir que se publicara algo que le haría daño evitaba que la información llegara al elector, es decir afectaba el resultado electoral. Impedir que el ciudadano cuente con información cierta y pagar para ocultarla es interferir en el resultado de una elección federal. Esta es la tesis que el fiscal Bragg deberá demostrar en juicio. Lo que está en juicio no es la inmoralidad de Trump sino sus esfuerzos por destruir la democracia.
Tratar de alterar los resultados electorales es atentar contra la democracia. Trump lo intentó de nuevo en 2020 al lanzar las falsas acusaciones de fraude en las elecciones de ese año, cuando era evidente que perdía. Lo hizo sin que existiera sustento alguno para su mentira. Hay otros caso penal en gestación contra Trump, en Georgia por sus actuaciones y omisiones en la toma violenta del Congreso del 6 de enero en la que murieron servidores públicos que trataban -ellos sí- de defender la democracia. La justicia juzgará no a un personaje que compra el silencio de los medios sino a un presidente empeñado en alterar los resultados electorales por medio de mentiras, manipulaciones o por la fuerza.
La autonomía del poder judicial es fundamental para aplicar frenos y sanciones frente a excesos y delitos de políticos y gobernantes que consideran que todo vale para llegar al poder y para conservarlo. Pero sin duda los esfuerzo de la extrema derecha para alterar los resultados electorales incluye acciones en la formación de opinión pública y por sus fue su objetivo dominar medios de comunicación masiva- al igual que tomar el control del poder judicial.
La toma de los medios en Estados Unidos implicó dejar de lado la Doctrina de la FCC de la imparcialidad que rigió desde 1949. En 1987 Ronald Reagan la revocó para facilitar que la derecha desarrollara sus medios de comunicación sin aplicar normas del periodismo que garantizaban la calidad de la información que se le ofrece al ciudadano. Alegando que las exigencias eran una restricción a la libertad de expresión y de opinión, Reagan abrió las puertas para que se consolidaran como medios de comunicación empresas como Fox News, ideologizados y con interés de generar utilidades, que sin respetar normas ni principios se convirtió en el canal de mayor audiencia en Estados Unidos. No son los mejores, pero tiene la mayor audiencia y la credibilidad de su audiencia. Generan opinión y juegan un papel importante para consolidar fraudes electorales o para manipular al electorado.
La empresa Dominion (que produce máquinas electorales que usan en estados como Georgia) demandó a Fox News por USD $ 1.600 millones por divulgar y sostener las mentiras de Trump sobre el supuesto fraude electoral de 2020. Fox argumentó que las máquinas de Dominion permitían que se pasara de manera masiva votos de Trump a Biden, sin que existiera evidencia alguna. Incluso dijeron que detrás de Dominion estaba Maduro, el de Venezuela. Los dueños demandaron ante el daño reputacional de las acusaciones y el juicio tiene contra las cuerdas a las estrellas de Fox y a su dueño.
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Ellos creían que si decían la verdad – que no había fraude- sus seguidores republicanos dejarían de verlos y se caerían sus ratings pues su audiencia fanatizada solo quería oír que a su héroe lo querían destronar con trampas
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El equipo editorial, los altos ejecutivos y Murdoch como propietario quedaron en evidencia tras la revelación de testimonios de sus propios empleados, y de la cadena de correos y comunicaciones internas que confirmaron que eran conscientes que transmitían falsas informaciones, sin fundamentos, sin indicios siquiera. ¿Por qué lo hicieron? Las estrellas sostienen que ellos creían que si decían la verdad – que no había fraude- sus seguidores republicanos dejarían de verlos y se caerían sus ratings pues su audiencia fanatizada solo quería oír que a su héroe lo querían destronar con trampas. Así la mentira se sostuvo al aire y prosperó hasta el punto de que aun hoy más de la mitad de los republicanos creen que a Trump le robaron las elecciones. Esta metarealidad confirma el daño que le hace a la democracia la toma de los medios por la extrema derecha.
En el terreno judicial la acción consiste en nombrar jueces que respondan a la ideología de la extrema derecha y no a los normas y principios constitucionales. Trump logró avances al nombrar decenas de jueces de su corriente ideológica y a los dos magistrados con los que consiguió la mayoría ultraconservadora en la Corte Suprema. La revocatoria del derecho de las mujeres a decidir sobre lo que hacen con sus cuerpos es uno de los grandes retrocesos del trumpismo gracias a la nueva mayoría de la Corte que impone sus creencias religiosas sobre los principios de la Constitución. La rabia porque la mujer tenga los mismos derechos, o porque existan negros, homosexuales, judíos, o porque los supremacistas blancos no sean quienes lideren la nación está llegando a los tres poderes en Estados Unidos y amenaza dominar si los norteamericanos no reaccionan.
El escándalo del magistrado Clarence Thomas -que expuso Propública a partir de una larga y profunda investigación- ilustra otra variante sobre cómo funciona la cooptación judicial. El multimillonario ultraconservador Harlan Crow, coleccionista de las “obras” de Hitler y otros dictadores como Mussolini y Stalin le hace invitaciones anuales al magistrado por US$500 mil dólares. Lo lleva a pasear por el mundo en su avión privado, a cruceros en sus yates y a estadías en sus lujosos resorts. Expuesto ante las evidencias el magistrado Thomas dice que sus colegas le dijeron que no era necesario registrar esos regalos. Por supuesto es una burla a las normas éticas que deben cumplir los magistrados, y es la forma de mantener asegurado el respaldo del juez a las doctrinas ultraconservadoras que ya con las mayorías pueden consolidar los cambios contra la democracia.
