La lucha contra la corrupción no es una batalla que deba hacerse en el campo de la política, por el contrario, debe pelearse en el campo de la tecnología. Combatir la corrupción por medio de la política es una falacia que viene tomando curso casi con el nacimiento de la democracia. De hecho, es tan falsa la premisa que las personas olvidan precisamente que son los políticos los principales causantes de ese flagelo.
La gran mayoría de los políticos tienden a llegar al poder con métodos corruptos, compra de votos, financiación indebida, entre otras muchas formas y prácticas. De ahí que se diga que el que paga para llegar, llega para robar. Y si bien algunos acusan al sistema electoral, otros a la praxis de la política local, unos a la educación, la realidad es más primitiva: la corrupción es inherente al ser humano y a cualquier forma de gobierno.
Sin embargo, la tecnología carece de estos orígenes ruines y está blindada casi en su totalidad de cualquier vulneración que corrompa sus fines.
Colombia es un país que viene sufriendo de este flagelo desde antes de ser república, pero en la cual hemos enfocado y dedicado grandes esfuerzos tan solo en los últimos años, me temo más por moda y politiquería, que por buscar soluciones viables para acabarla. Hace un par de años nos escandalizábamos con la cifra que arrojaba la Contraloría General de la República, en cabeza entonces de Edgardo Maya, cuando afirmaba que en promedio en el país se perdían por corrupción hasta 50 billones de pesos anuales.
Por ejemplo, tan solo en Reficar, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad por 17 billones de pesos, “el más grande en la historia de Colombia” (Contraloría General de la República, 2018). Esto deja claro que los métodos hasta hoy utilizados para combatir la corrupción han fallado rotundamente. La pregunta sería por qué.
La respuesta que se plantea es sencilla, por el enfoque. En la actualidad se centra esta lucha en el espectro político, dejando por fuera la tecnología, y ahí es donde está el principal problema. Un ejemplo de esta afirmación es que la corrupción disminuyó rotundamente con la utilización de la internet.
Solo basta con imaginar que para poder hacer un examen exhaustivo de la destinación de los recursos que se le asignaban a un ente territorial se debía realizar una auditoría de campo y verificar la documentación personalmente en cada una de las instituciones que se requería, lo que tardaría años en hacerse. No obstante, hoy, con la internet, se puede hacer remotamente y en tiempo real.
Igualmente, la utilización de la internet, más precisamente del portal SECOP I, para la publicación de las ofertas contractuales que hacen los entes territoriales, abrió la puerta de la competencia para las demás empresas y disminuyó notoriamente lo que acontecía antes de esta medida, donde estas ofertas estaban limitadas a un número pequeño de empresas y/o personas naturales que en su mayoría estaban amangualados con los ordenadores del gasto.
Esto no quiere decir que la corrupción se haya acabado en esos aspectos, pero sí evidencia que la sola implementación de estos métodos tecnológicos afectó notoriamente el número de actos de corrupción. Si con la tecnología existente se pierden hasta cincuenta billones de pesos anuales, no hay forma de estimar la cifra estratosférica que se perdía antes de ella.
En 2018, se destinaron más de 310.000 millones de pesos en la realización de una consulta popular, denominada Consulta Anticorrupción, la cual buscaba que el pueblo colombiano obligara al Congreso de la República a que legislara sobre varias medidas, como la reducción del salario de los congresistas, pérdida de beneficios jurídicos para los corruptos, entre otras (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020). Pues bien, esta terminó fracasando, ya que desde su origen resultaba ineficaz en una lucha real contra la corrupción, pues ninguna de sus premisas imponía mecanismos eficaces para combatirla.
Con eso claro, el gasto que originó esa consulta hubiese servido para la apertura de un concurso a nivel nacional o internacional para estimular a los emprendedores a crear un dispositivo, software o cualquier otro instrumento tecnológico que sirviera para garantizar que en los contratos de obra, donde se ve con mayor habitualidad hechos de corrupción, cumplan con las características técnicas de obra, de materiales, de ingeniería, etc. con la que se contrató. Eso sin duda alguna frenaría el desangre de los recursos públicos que se viene dando con estos contratos, donde la administración, el contratista y el interventor se confabulan para invertir menos y cobrar de más.
La internet, los softwares de contabilidad, las facturas electrónicas, entre otros instrumentos tecnológicos, han hecho más por la lucha contra la corrupción que cualquier político. Para enfrentar esa plaga que denominamos corrupción, que cercena vidas, precariza las comunidades, ahonda las sociedades en la pobreza y deja sin oportunidades reales a gran parte de la población, se necesitan más científicos y menos políticos.
