Los cultivos ilícitos en Colombia son un factor de extrema vulnerabilidad para las comunidades rurales porque limitan el ejercicio de sus derechos y el uso de sus territorios por la presencia activa de redes criminales que influyen sobres las zonas donde hay sembrados de hoja de coca, marihuana y amapola. Generalmente estos cultivos se instalan en porciones del territorio nacional donde hay poca institucionalidad, pero sí presencia activa de grupos de guerrillas y bandas criminales, que en buena medida manipulan y administran el negocio, involucrando a campesinos y colonos, grupos de población que a la postre se convierten en comunidades vulnerables por la escasa presencia institucional y por el efecto perverso que genera este tipo de cultivos.
Existen paradojas y contradicciones sobre la manera como los gobiernos los han venido enfrentando. Desde un lado de la orilla, los cultivadores manifiestan que es la única forma de subsistir en territorios donde no hay oportunidades, vías terciarias, servicios, ni proyectos productivos, es decir, la lista de demandas del país rural. Los cultivadores o recolectores de la hoja de coca acusan al gobierno de ser agresivo con la técnica de aspersión que emplea la policía antinarcóticos y por la falta de respuesta rápida cuando la fumigación con glifosato afecta sus cultivos lícitos; responden con enfrentamientos a la Fuerza Pública, se organizan en protestas violentas y movilizaciones campesinas, como las recientes en Tibú La Gabarra y Convención, en la región del Catatumbo.
Desde la orilla del Estado colombiano, los cultivos ilícitos son el principio y el fin del narcotráfico, pues una planta de hoja de coca, se transforma en polvo blanco, la sustancia psicoactiva preferida por consumidores internacionales, y desde estas hojas, se desprende la cadena del narcotráfico, que incluye como fases: producción y transformación, transporte, distribución, consumo, lavado de activos y la seguridad que prestan las mafias o redes del crimen organizado, que dentro del país tienen el servicio de las Farc y las bandas criminales. Lo anterior significa en términos pragmáticos que de no existir los cultivos ilícitos no habría narcotráfico derivado de la cocaína.
La problemática pareciera tomar un nuevo aire por las noticias sobre los resultados de la lucha contra los cultivos ilícitos en el país. El gobierno colombiano con el apoyo de las Naciones Unidas, que actúa como organismo neutral, revela anualmente las cifras oficiales del censo de los cultivos de coca, tarea a cargo del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC), de Naciones Unidas.
Los primeros informes que se recogen de este nuevo censo registran un importante éxito para el Estado colombiano, pese a las críticas que el mismo gobierno se ha hecho, al reconocer que su esfuerzo debe incluir nuevas formas de enfrentar el problema, que se han cometido errores, y que las autoridades encargadas de la guerra contra las drogas ilícitas se subieron en una bicicleta estática, concentrando millonarios recursos desde los años setenta contra la producción, e interdicción de cocaína. Por esto se estudian nuevas estrategias para romper otros eslabones de la cadena del narcotráfico, que obligan mayores esfuerzos hacia la educación y prevención del consumo de drogas ilícitas.
Un balance comparativo de hectáreas cultivadas en diciembre de 2011 y diciembre del 2012, arrojaría cifras que marcarían un hito histórico en esta prolongada lucha. Todo parece indicar que la buena noticia que el gobierno hará oficial en la primera semana de julio, señala que las 64.000 hectáreas que habían sembradas, se han reducido a cerca de 48.000 hectáreas, es decir, 16.000 hectáreas menos en el territorio nacional Eso significa en esencia una histórica rebaja del 25% de hoja de hoja de coca sembrada, que el país deja de ser el primer productor de esta planta y que la lógica matemática apunta a que pronto Colombia dejará de ser el primer productor mundial de clorhidrato de cocaína; por sustracción de materia, a menos hectáreas sembradas con hoja de coca, menos producción de cocaína pura.
De ser cierto este halagador panorama, representaría que finalmente las estrategias para enfrentar el problema han sido bien armonizadas, integrando capacidades no solo desde las 2 orillas, sino desde el esfuerzo conjunto de todos. Combinación de estrategias de aspersión, con erradicación manual y erradicación voluntaria desde las comunidades, integración de proyectos productivos como estrategias de desarrollo alternativo, una mejor focalización y erradicación en zonas con mayor densidad de cultivos de coca, mayores niveles de seguridad para las propias comunidades y erradicadores civiles, mejor seguridad para los mismos proyectos productivos que se instalan en los territorios, donde se requiere sostenibilidad e integralidad de los mecanismos de sustitución de cultivos ilícitos.
El problema es grande y no se puede cantar victoria con estos buenos resultados. La compleja cadena del narcotráfico desde su principio con los cultivos ilícitos, aún tiene mucha tela de donde cortar. Pero si todas las entidades a cargo de esta lucha sin cuartel siguen articuladas y apuntando en una sola dirección, en el mediano plazo se podrían consolidar territorios libres de cultivos de hoja de coca, para reconstruir comunidades con nuevos planes de vida, lejos del efecto perverso de este tipo de plantas.
