Día tras día se está haciendo más normal que las madres entierren a sus hijos, que seamos sucumbidos por la violencia y que en ningún medio de comunicación le den la importancia que merecen todos estos casos.
Sin embargo, después de la muerte del famoso cantante y youtuber Fabio Legarda, parece que las redes sociales infringieron una gran presión en los medios de comunicación para que el ministro de Defensa firmara la directriz sobre las excepciones respecto al porte de armas, con el fin de lograr una disminución en el otorgamiento de permisos de porte a los civiles.
Puede sonar un poco fuerte, pero sin el caso del cantante asesinado en Medellín no le habrían dado la misma importancia al resto de noticias por balas perdidas en el país. Se ha hablado tanto de Legarda que no suenan noticias como la de la bebé herida en Cali el mismo jueves del asesinato del cantante en la noche, o también de la joven de 15 años que murió ese mismo día en Floridablanca por una bala perdida.
Y así podría escribir otras dos noticias de balas perdidas desde el jueves hasta la fecha, pero como no son famosas, esas muertes no causan tendencia… Lastimosamente así somos, una sociedad indiferente a estos asuntos de violencia, hasta que llega a nuestra zona de confort.
¿Qué solución propone nuestro ministro de Defensa? Firmar la directriz para la reglamentación del permiso de armas que complementa el decreto 2362. Personalmente creo que esto no es ninguna solución, por el contrario, en vez de preceptuar el otorgamiento de las armas, deberían restringirlas totalmente, sin excepciones para uso civil.
Jaime Carrión, experto en política de la Universidad Nacional, dijo que “la experiencia colombiana en relación con civiles armados es nefasta y la historia lo ha demostrado. El decreto eleva la inseguridad ciudadana, pues aumenta la probabilidad de que un ciudadano encuentre un arma por fuera del monopolio estatal en la calle. La existencia de cualquier arma es un riesgo para la seguridad de todos”.
Creo que es muy curioso que el ministro Guillermo Botero diga que “los particulares no deben estar armados, pero reconocemos que puede haber un caso especial que será estudiado y que posiblemente puede haber un permiso”, cuando no considera a todos los líderes sociales amenazados como “casos especiales”, por lo que su seguridad depende de la Unidad Nacional de Protección y ya es nacionalmente conocido los más de 200 casos de líderes sociales ultimados el año pasado.
Además, no es raro que Christian Garcés y toda la bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes quieran flexibilizar la normativa del porte armado en pro de la legítima defensa de los colombianos.
¿La derecha queriendo más violencia? No creo…
