No voy hablar del presidente Santos sino del informe que el equipo de Memoria Histórica acaba de entregar al país según el cual, en Colombia, desde 1958 hasta el 2012, o sea, desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo hasta el año pasado, ha habido 220 mil muertos (8 de cada 10 eran civiles). Supongo que aquí no alcanzaron a incluir a los cuatro campesinos asesinados por la fuerza pública durante el reciente paro del Catatumbo, tres de los cuatro recibieron tiros de fusil. Porque esa es la costumbre en Colombia, reprimir la protesta campesina a punta de bala. Y resulta que así no se soluciona nada, al contrario, se exacerba la crisis, se profundiza el problema, se abre más la herida y el escenario para el diálogo resulta inexpugnable.
Aunque el informe no tiene en cuenta los sucesos del 9 de abril del 48, ni la presidencia de Mariano Ospina Pérez que cerró el Congreso de la República de mayoría liberal instaurando así una dictadura civil (y que de alguna manera fue el responsable de las matanzas políticas de la segunda mitad del siglo XX), lo que consigna el documento es suficiente para que todos sintamos vergüenza de la manera como estamos acostumbrados a resolver las diferencias.
No están tampoco incluidos aquí los crímenes del sicariato, de la delincuencia común, las muertes por violencia intrafamiliar, ni las producidas por el UPAC. Porque hubo mucha gente que se suicidó cuando se dio cuenta que el UPAC les quitaba la casa y que además la deuda era impagable.
Este informe debería llevar una cintilla de advertencia que diga: “no apta para menores de edad”. O, como en los programas de televisión: “el siguiente informe contiene escenas de sexo y violencia, se recomienda la compañía de adultos responsables”. Pero resulta que en los últimos 55 años no hemos tenido adultos responsables y los menores de edad son reclutados para la guerra o asesinados. Según esta investigación 6421 niños han sido reclutados por grupos armados y 4 millones 744 mil familias han sido desplazadas.
Y si esto no estremece a nadie, aquí va otro dato: en 54 años de violencia se han presentado 1982 masacres, de las cuales 1166 fueron responsabilidad de los paramilitares, 343 de los grupos guerrilleros, 295 de grupos desconocidos, 158 de la fuerza pública y otras tantas cometidas por la mezcla entre paramilitares y fuerza pública. El número de gente desparecida desde entonces es igual al número de habitantes de países como Irlanda.
Una de las conclusiones del informe de Memoria Histórica es que los paramilitares asesinan más, mientras los grupos guerrilleros secuestran y causan más destrucción. No he leído el informe completo, escribo basándome en lo que ha publicado la prensa, pero me arriesgo a lanzar una hipótesis: todo esto tiene un origen común, y son las monstruosidades cometidas por los distintos gobiernos desde hace más de 50 años. Fueron esas monstruosidades y sus excesos las que obligaron a los campesinos a autodefenderse, creando así, a las guerrillas. Los excesos de esas guerrillas dieron origen a las autodefensas paramilitares, que, con la ayuda del Estado y la fuerza pública, hicieron invivible el país. Todos estos grupos fueron fortalecidos por el narcotráfico.
Lo que me preocupa del informe es que no haya ningún político por ahí culpable de algo. Recordar algunos nombres es lo que se llama memoria histórica.
