Gracias a los escándalos de corrupción en Indeportes Cauca que están siendo investigados por las autoridades competentes y al encarcelamiento de algunos de sus protagonistas, los caucanos decentes se sienten satisfechos con la gestión de la Fiscalía General de la Nación, y esperan que la acción de la Justicia, esta vez sea eficiente, oportuna y eficaz, por lo menos en el orden regional, porque no hay otra forma de acabar con el virus que a todos nos mata lentamente, y que la institución no sea contaminada por los intereses personales que comenzaron a mostrar algunos dirigentes políticos caucanos, medios de comunicación y otros implicados en los hechos, que pretenden estimular el caos, el desorden, los malos entendidos, y justificar la misma corrupción, porque de estas situaciones ellos saben sacar mucho provecho.
Hago referencia, sobre todo, a un supuesto periodista que ha venido utilizando toda clase de astucias perversas para enredar a la Fiscalía, pues presuntamente también está untado de toda esa corrupción descubierta en Indeportes y quien ha sido considerado el cerebro de lo ocurrido; a algunos medios de comunicación que le han servido para sus propósitos y a algunos políticos de la región que hace muchos años abandonaron su patria chica, huyéndole a los problemas sociales, a la violencia, a la miseria, a la incomunicación entre los municipios, a la falta de liderazgo, a la destrucción ambiental causada por diferentes factores, especialmente la minería legal e ilegal, a la corrupción, que ahora no ven tan perjudicial desde la comodidad de la capital de la República por el beneficio que de ella pueden sacar con miras a las próximas elecciones para Congreso; por eso, se preparan para regresar, de manera oportunista, a recoger votos en el que consideran un potrero al que solo entran a acopiar frutos y salen, casi despavoridos, cuando la situación les exige arar, sembrar y abonar el terreno para la cosecha. Pronto los veremos en nuestros abrumados pueblos actuando en actos hipócritas, con rasgamiento de vestiduras por su sospechosa pena, dolor o vergüenza, ostentando especuladoras salidas a la pobreza y a las demás necesidades insatisfechas de las comunidades.
Es que el proceso investigativo abierto por las autoridades judiciales quieren frenarlo políticamente; necesitan que no se investigue hasta el fondo por varias razones con las que quieren nuevamente desnaturalizar el “imaginario colectivo” a través de medios de comunicación para con la manipulación de la opinión pública desinformada, tratar de torcerlo, hasta que triunfen los corruptos y se enlode el prestigio de quienes nada tienen que ver con la contratación ilícita.
Las razones anunciadas son las siguientes:
La contienda electoral del 2015 en la cual resultó elegido el actual gobernador Oscar Rodrigo Campo Hurtado, nada tuvo que ver con la corrupción detectada en Indeportes, como es obvio; pero la estrategia consiste en vincular de cualquier manera al actual mandatario para que utilice todo su poder en el desvío del proceso, y de pronto, quien quita, que hasta pudiera influir en su archivo. Y nada tiene que ver la campaña citada porque los torcidos se iniciaron desde la posesión de la gerente encartada y presa actualmente, en marzo de 2012, cuando nadie sabía quiénes iban a ser los candidatos a la Gobernación. Más de tres años antes comenzaron los rumores y los olores putrefactos de unos convenios sobre los cuales se deben abrir nuevas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y vincular a los nuevos protagonistas que andan sueltos. Deben dar resultados sancionatorios los convenios por casi 1.000 millones de pesos con las Ligas de Actividades Subacuáticas y Notivisión, donde se montó una inusitada triangulación para despistar a las autoridades de control y de investigación; con el Club Campestre de Popayán, en lo relativo con el entrenamiento de golf del hijo de la gerente Ana Bolena García y Carlos Pito; los contratos con Notivisión, empresa periodística de la familia que gerenciaba Indeportes Cauca, donde actúa como gerente Fernando Rojas, a su vez directivo de la Liga de Actividades Subacuáticas y esposo de la periodista que estuvo al servicio de Indeportes, Diana Marcela Castillo.
Estaremos pendientes de los resultados de las investigaciones que deben adelantarse por los contratos de prestación de servicios con Pablo Andrés Ordóñez Balcázar, tesorero de Indeportes y vicepresidente de la Liga de Actividades Subacuáticas, casado con Lucy Cristina Rebellón, también contratista de Indeportes. Igual, la contratación con Carolina Garzón, quien pasó de ser la niñera de la familia Pito García, a ser secretaria de Indeportes, siendo la hija de la empleada doméstica de quien gerenciaba Indeportes. Eugenio Sánchez Ordóñez, empleado de la casa Pito – García, también era pagado por Indeportes.
Es que el contrato escandaloso no solo es el que aparece en los medios de comunicación, aquel que de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hace relación con el convenio 086 del 24 de junio del 2015, entre Indeportes Cauca y laFundación Redes por valor de 931 millones de pesos, del cual las labores investigativas del CTI permitieron establecer que habría existido un detrimento de 458 millones de pesos, dinero destinado para la celebración de los Juegos Intercolegiados Supérate 2015. También debe investigar a fondo la Fiscalía General de la Nación, y no dejarse confundir por presiones de los políticos, los contratos por 4.000 millones aproximadamente, con un mismo o similar objeto, con fundaciones como Fundamultimarket, Integración del Norte, País Futuro, Profesionales para el Desarrollo Social del Cauca, Fundar, entre otras, para que al final le cuenten al país lo que encontraron. También necesitamos todos saber al término de las investigaciones si se comprobó falsedad en documentos públicos, el enriquecimiento ilícito de la familia Indeportes Cauca 2012-2015 (Pito – García) con dineros públicos y que la Fiscalía confirme si el exgobernador Temístocles Ortegafue responsable en aquella estrategia criminal, cosa que se presume irreal por la absoluta autonomía administrativa de la entidad investigada y porque los controles corresponden a la Contraloría General del Cauca, además, Ortega Narváez, así sea hostigado por otros políticos que lo ven como un estorbo para sus sueños de congresistas, es un hombre cabal en todo sentido, y que entendemos víctima de sus propias aspiraciones políticas futuras, que intentan frenar con este escándalo que les cayó como anillo al dedo a sus competidores desde Bogotá. Al contrario, Ortega Narváez ante el acoso, tuvo que interponer una denuncia por extorsión contra Carlos Pito, esposo de la exgerente de Indeportes Cauca.
La segunda razón de la manipulación del colectivo social se da cuando Pito solicita el principio de oportunidad, que es la facultad que tiene la Fiscalía de no adelantar el proceso penal contra Ana Bolena, si la considerara eslabón menor de la banda criminal, argumentando que va a colaborar con el desmantelamiento de la misma endilgándoles la responsabilidad a otros. Obviamente la estrategia tampoco le funcionó porque los “otros” nada tienen que ver. En estas circunstancias utiliza entonces otra maniobra: objetar falta de garantías con la única finalidad de sustraer el proceso del departamento del Cauca y poner a los amigos de Bogotá, interesados en sus futuras aspiraciones políticas a deslegitimar las investigaciones. También ha acudido a la estrategia de presentar la corrupción anotada como una “persecución política” asunto en que ya poco caen los investigadores de la Fiscalía.
La verdad es que algunos medios de comunicación se han prestado para producir mucho ruido político sobre la opinión pública y hacerle el juego a quienes están interesados en desviar el proceso. En esta situación, hay que recuperar el sentido común, el de la gente, el de los ciudadanos, el del bien público, el de la democracia, porque es cierto que todos tenemos derecho a la información, pero quienes la elaboramos tenemos la inmensa responsabilidad de actuar con absoluta rectitud, en beneficio de toda la sociedad, no en favor de intereses particulares que no se interesan por el daño social que le causan a las clases más desfavorecidas los hechos de corrupción, que deben ser severamente castigados.
Es indiscutible que el tratamiento de la información requiere un equipo especializado, incardinado al enfoque jurídico, para que la gente esté lealmente bien informada y sepa hacia dónde es que debe dirigir sus acciones sociales y políticas. Con la desinformación ocurre algo similar sobre los acuerdos de paz; a la gente puede darle pereza leer las 297 páginas que los contienen detalladamente, entonces, confían en los medios de comunicación que son más expeditos o en lo que les informan sus dirigentes políticos. Ahí está el peligro; cuando esa información transmitida no concuerda con las realidades sino con intereses personales, diferentes al del colectivo social. Por eso, si los medios de información no son transparentes al informar a los ciudadanos o se ven coartados en la posibilidad de hacerlo o simplemente manipulados, el proceso de corrupción será más complicado de erradicar y de juzgar.
Es más, en la polarización política regional los aspirantes a las próximas elecciones para el Congreso de la República no saben qué más hacer para conseguir reconocimiento y, en últimas, votos. Lo grave es que, no es solo buscar razones para desacreditar a posibles competidores, sino que además se da un paso más allá para involucrarlos en actuaciones ilegales y además tratar de mover el aparato institucional para que los pare. La idea aquí es vincular al contrincante con actuaciones criminales para tratar de que sean los organismos de control y jueces quienes los neutralicen, sin pensar en las comunidades directamente afectadas por el desfalco del patrimonio público, que son las que necesitan la erradicación de la corrupción.
Nos toca entonces promover la reflexión sobre civismo, democracia y el sentido de lo público; criticar la manipulación de la opinión pública, respaldar al actual gobernador en sus intenciones de realizar un buen gobierno y ejecutar un ambicioso plan de desarrollo, además de contextualizar las acciones de control social; y recordar que los medios de comunicación en su responsabilidad social, no pueden sacrificar la honra de nadie, ni sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información. La gente todavía confía en la Justicia ejercida en el Departamento del Cauca, espera la total aclaración de este nuevo escándalo y la sanción adecuada a quienes fueron capaces de causarle tantos daños a las comunidades de esta región del país.
*El artículo fue publicado originalmente en el portal Proclama del Cauca
