…Cualquiera puede dominar un sufrimiento, excepto el que lo siente
(William Shakespeare)
Los delincuentes, bajo la etiqueta de “Autodefensas gaitanistas” o “Clan del golfo”, mantuvieron a sangre y fuego, los departamentos de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, el bajo Cauca Antioqueño y Chocó durante cuatro días, sin permiso ni para respirar.
La pusilanimidad de las autoridades civiles y militares fue tan vergonzante que los gobernantes de los mencionados entes territoriales salieron a reafirmar el miedo que encerraba el panfleto de los delincuentes.
Lo impresionante de los cuatro días de terror fue la sevicia con que las denominadas autodefensas gaitanistas secuestraron la tranquilidad de los habitantes de estos departamentos. Fue tanto el desconcierto que, ni en pleno confinamiento del covid – 19 se había visto tanto encierro de la población. La gente titiritaba de miedo por los hechos que estaban ejecutando los bandidos y, aunado a eso, las corrientes de información que circulaban en las redes sociales, aumentaban el pánico generalizado.
Los acontecimientos no eran para menos, los medios informaban de incineración de vehículos por todos lados, de asesinatos de personas, de tiroteos, de heridos con armas de fuego, de amenazas, de bloqueos, de muertes por doquier, de parálisis total.
En pocas palabras estábamos bajo la “ley del ñeque”, que no es otra que estar a merced de los bandidos. Ahora viene lo más difícil de digerir: el mandato constitucional que tiene el Estado Colombiano con sus asociados es la protección de nuestros bienes y honra, y de manera especial, la obligación de garantizarnos la vida, pero éste se le convirtió al gobierno en un “sueño de marihuana”, en una levitación sin resultados.
Los colombianos, en este caso especialmente nosotros los habitantes de Córdoba, esperamos como mínimo que las autoridades nos garantizaran la vida, el derecho de derechos, pero no, al contrario, la sangre de los civiles tiñó el suelo de la plaza de mercado del municipio de Cereté, donde cayó vilmente asesinado un comerciante.
Por allí, en esa parte de Córdoba arranco el recorrido de la muerte, provocada, lógicamente, por el accionar de los criminales. Uno por uno fueron asesinando gentes en las carreteras, en las calles, en las veredas y en los callejones de este pedazo de la patria, cerrando con broche de oro con “la presunta quema” de una instalación en una institución educativa en Sincelejo, Sucre, y con ella, la conversión en cenizas que se lleva el viento, de la posibilidad de muchos niños a educarse.
Este “paro armado” debemos analizarlo en todas sus aristas. Lo primero que hay que decir es que se ensañó contra los civiles indefensos, sobre todo en los corregimiento y veredas de los municipios empobrecidos.
De igual forma, la presencia de las autoridades, en especial de la Policía Nacional estuvo visible, atenta y prestando vigilancia en las grandes superficies comerciales, en el resto de la región afectada, poco, muy poco.
Otra particularidad del paro armado fue que los vehículos que resultaron incinerados en las carreteras, no fueron de los grandes transportadores, sino de los pobres propietarios de los pueblos. Debo aclarar que ni lo uno ni lo otro se puede justificar, pero la realidad es esa sin maquillaje.
Las personas que murieron y que pasarán al archivo de la impunidad, fueron humildes vendedores de plaza de mercado, campesinos, rebuscadores, jóvenes desprevenidos “matando el tedio” en las terrazas de sus casas, y, no hago esta significación para denominarlos “ciudadanos de segunda” sino para afirmar que el grupo delincuencial se la jugó por asesinar a la gente que menos ruido le causa al gobierno genuflexo de Iván Duque.
Esto no debe repetirse en un gobierno que se precia de manejar la seguridad con mano de hierro. Lo que vimos y vivimos en la actualidad es un desgobierno, un gobierno arrodillado y, sobre todo, lleno de un profundo silencio que pareció cómplice.
Tenemos derecho a que el Estado nos proteja de los bandidos.
