La audiencia pública sobre los atropellos de la empresa Air-e en la Región Caribe realizada el viernes 4 de junio pasado en la Cámara de Representantes de manera virtual y citada por el representante Jorge Gómez Gallego arrojó importantes conclusiones. En primer lugar, la insatisfacción de los usuarios representados por los líderes de la Mesa de Usuarios del Atlántico, la Liga Nacional de Usuarios, los líderes comunales, vocales de control y veedores ciudadanos de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira que intervinieron. En segundo lugar, la connivencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la empresa cuestionada, Air-e, que no asistió cuando el debate era con ella; también la seriedad del representante de la Contraloría General de la República, Orlando Velandia; la confesión de parte del director de la CREG, Jorge Alberto Valencia Marín, de que el sistema de Medición Avanzada, AMI, sí va a traer aumentos tarifarios a los usuarios y la propuesta del representante Gómez para llevar a cabo un control político sobre la materia en el segundo semestre del año en la Cámara de Representantes.
Tanto la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como la empresa Air-e admitieron en sendos oficios del 13 de mayo y del 2 de junio pasados que la Infraestructura de Medición Avanzada, medidores inteligentes, o avispados, como los llama el congresista Gómez, no está vigente en este momento, pero que se están preparando las resoluciones para implantar dicho sistema en los próximos días, con lo cual les dan la razón a las voces discordantes que se expresaron en la susodicha audiencia.
Pero quizás lo más grave es que el sistema de medición avanzada fue aprobado en la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, artículo 290, como un nuevo eslabón en la cadena eléctrica a través de la “Definición de nuevas actividades o eslabones en la cadena de la prestación del servicio” y “la definición de las reglas sobre la gobernanza de datos e información”. Para que no quede duda al respecto, el artículo 9° de la Resolución 40072 de 2018 del Ministerio de Minas dice: “La CREG adoptará los ajustes regulatorios con el fin de remunerar mediante tarifas del servicio de energía eléctrica (…) la implementación de la infraestructura de medición avanzada”. Lo cual es corroborado por el artículo 44 de la Resolución CREG 131 de 2020 y el artículo 44 de la Resolución CREG 219 de 2020, que hablan de que vendrá una nueva empresa, llamada Gestión de Datos e Información, GIDI, encargada de manejar toda la masa de información de la nueva medición inteligente. GIDI será remunerada vía tarifa según “resolución aparte” que expedirá la CREG.
Quedaría por establecerse el monto del sablazo tarifario que recibirán los usuarios del servicio eléctrico con el nuevo sistema de medición, que no es solo el medidor, sino toda una infraestructura sofisticada de software, hardware, cableados, tecnología para cobrar las facturas anticipadamente, de llevarse cabo semejante cambio, innecesario y costoso para la inmensa mayoría de usuarios. El artículo 32° de la Resolución CREG 131 de 2020 nos da la pista al señalar: “Si se presenta una desviación igual o superior al 20% con respecto a la meta del plan, se efectuará una modificación y ajustes tarifarios que correspondan”, es decir, que se les puede ir la mano en los incrementos. Pero, además, para mayor infortunio de once millones de costeños, hay que agregar los incrementos tarifarios que provendrán de la aplicación del nuevo régimen tarifario especial para la Costa Atlántico, Resolución CREG 010 de 2020, que pretende nivelar las tarifas del Caribe por lo alto con las del interior del país.
Y todo el entramado se prepara en medio de la peor crisis económica y social de que se tenga noticia en nuestro país, ocasionada por treinta años de políticas neoliberales y de libre comercio y que llevaron a la explosión social en todo el territorio nacional de más de un mes de duración, interrumpida por el Comité Nacional de Paro al negarse el gobierno nacional a negociar el pliego de emergencia presentado hace más de un año. La crisis se venía agudizando incluso antes de la pandemia, pero esta la elevó a peores niveles, golpeando principalmente a la población, clases medias y empresarios pequeños y medianos.
Las cifras del DANE dan cuenta de cómo parte importante del pueblo colombiano no alcanza a tener las tres comidas diarias y muchos ni las dos, lo que significa física hambre en un país dotado de recursos naturales abundantes y una fuerza laboral de las mejores. Lo que se viene, si Duque y su panda persisten en imponer la medición eléctrica avispada con toda su parafernalia sofisticada que disparará las tarifas, será el rechazo general. Además de la hambruna que provocará, recogerá también tempestades de la lucha social que se ha venido templando en un proceso ininterrumpido de acumulación de fuerzas.
