La Contraloría General de la Nación dictó medidas cautelares contra Integral S.A. por el detrimento patrimonial de cuatro billones de pesos causado en el megaproyecto hidroeléctrico Ituango. De proferirse el fallo con responsabilidad fiscal, estas mismas normas se extenderán hasta la culminación del proceso de cobro coactivo.
Cabe mencionar que aunque dentro este proceso aparecen otros responsables fiscales como personas naturales mencionadas en el comunicado de la Contraloría, también hace mención de exalcaldes de Medellín y exgerentes de EPM. A la par, vale decir que por ahora este auto solamente decreta un embargo contra Integral S.A.
Esto implica el embargo de dineros que están o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de esta compañía hasta la suma de cuatro billones doscientos treinta mil millones de pesos, recursos que ahora deberán direccionarse al Banco Agrario de Colombia a nombre de la Contraloría. El embargo a Integral S.A. también implica a los inmuebles de su propiedad, los cuales están en su mayoría en el departamento de Antioquia.
Según dijo la Contraloría, se espera tomar acciones similares contra los demás contratistas: Consorcio CCC Ituango, Construcciones y Comercio, Camargo Correa, Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramón H S.A., el Consorcio Túneles Ituango, SAI Ingenieros y el Consorcio Ingetec-Sedic.
Además, EPM emitió un comunicado en el que aseguró que no ha recibido notificación de embargo, por lo que estas decisiones por parte de la Contraloría no afectarían por el momento la continuidad de las obras en Hidroituango.
